La Seguridad Social no correrá con los gastos

El proyecto de ley orgánica de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, que despenaliza tres supuestos de interrupción voluntaria del embarazo, se ha convertido en uno de los más polémicos de los aprobados hasta ahora por el Gobierno. No contenta ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a las diputadas del propio Grupo Parlamentario Socialista. La oposición conservadora no ha logrado introducir enmiendas que anulen o rebajen su contenido y recurrirá ante el Tribunal Constitucional, como último intento de evitar la entrada en vigor de la reforma.Uno de los aspectos más criticados por los grupos feministas es la no gratuidad de las intervenciones médicas en los casos de aborto permitido por la ley, pues la Seguridad Social no correrá con los gastos. Estas intervenciones quedarán en manos de la medicina privada, por lo que no es posible precisar su coste, señalan fuentes médicas. Según fuentes feministas, en los países europeos en que se practica el aborto, la operación suele costar unas 15.000 pesetas.

La izquierda considera insuficiente el proyecto de ley y estima que la gran mayoría de mujeres que desee abortar tendrá que seguir viajando a Londres o a Amsterdam. Las propias diputadas del Grupo Socialista se han quejado ante el portavoz del grupo, y los ministros de Trabajo y de Sanidad, de que el Gobierno no haya previsto incluir en la Seguridad Social los tres supuestos de aborto legalizados.

En la calle, la proyección de esta ley ha sido aún mayor que en el Parlamento. Desde las enérgicas condenas de los obispos, tanto en pastorales diocesanas, como en documentos de la Conferencia Episcopal y las concentraciones masivas anti-aborto, como la de la Plaza Mayor de Madrid con la intervención de la madre Teresa de Calcuta, hasta las manifestaciones organizadas por el movimiento feminista en casi todas las provincias españolas.

La ausencia de normas de despenalización del aborto ha creado también actitudes dispares en medios judiciales. Unos jueces han condenado con severidad a mujeres que han abortado mientras que otros (como en el conocido caso de las mujeres acusadas en Bilbao), han aplicado la eximente de necesidad y las han absuelto.