La autonomía municipal, en peligro

El anuncio por parte del Gobierno de consignar solamente 35.000 millones de pesetas en los Presupuestos de 1984 para liquidar déficit acumulados en las corporaciones locales (y acumulados no en su totalidad por culpa de las mismas) en lugar de los 100.000 millones o 120.000 millones inicialmente previstos y necesarios, recuerda más a la escasa inyección de dinero -que efectuó el Gobierno de UCD en 1980 con el mismo objetivo que a una política seria de puesta al día de las haciendas locales.Este recorte sitúa a los ayuntamientos españoles con importantes déficit acumulados que gravan sensiblemente sus presupuestos ordinarios y recortan las posibilidades inversoras de los mismos.

Es un incumplimiento más del programa electoral socialista y supone un serio freno en la lucha contra el desempleo, puesto que ayuntamientos saneados -es decir, ayuntamientos con capacidad inversora- son instituciones generadoras de inversión pública que a la vez que dan trabajo, solucionan necesidades locales muy sentidas por la población.

La decepción puede extenderse entre aquellos que creyeron' que el cambio real se podía producir tras las elecciones de octubre de 1982. Son muchos los que dudan hoy en Madrid, después del serio aviso que supuso el recorte presupuestario en 1983 en los barrios en remodelación, que el Plan General pueda llevarse a cabo. Son muchos, igualmente, los que dudan hoy en Madrid que esos 48.000 millones/ año de inversión que necesita nuestra ciudad desde la Administración central vayan a venir después de las recientes experiencias.

Pero hay más. Se nos anuncia una reducción de la aportación del Estado al Fondo de Cooperación con las corporaciones locales de un 8% en 1983 a un 7,2% en 1984. (Boyer habló hace algunos meses de bajar al 6%). Esto significa no cumplir las peticiones absolutamente recortadas que habían presentado instituciones nada sospechosas de pretender el derribo del Gobierno socialista, como es la Federación Española de Municipios, que pedían un incremento de ese porcentaje en los próximos años. Y significa también que en el modelo de Estado defendido por el Gobierno no está previsto incrementar el porcentaje de gasto local sobre el conjunto del gasto público, ni está previsto que nuevas competencias pasen a los ayuntamientos desde el poder central, y todo ello a pesar de las continuas, reiteradas y entusiastas manifestaciones del PSOE, previas a su acceso al Gobierno, sobre la autonomía política y económica municipal.

Hace falta otra política

Es necesaria otra política hacia los municipios desde el Gobierno. Esta política, que va a tener reflejos inmediatos en los presupuestos pero que va a tenerlo a medio plazo en las leyes de medidas urgentes, y en las de financiación de haciendas locales y la básica de administración local, debe basarse en los criterios que socialistas y comunistas defendimos juntos antes del 28-O (y que, de hecho, me consta, seguimos defendiendo comunistas y muchos socialistas).

La reciente entrevista entre el presidente del Gobierno y los alcaldes de las principales ciudades debería servir para modificar esos criterios restrictivos del Gobierno en cuanto a lo económico, y para establecer unos lazos de negociación entre Gobierno y corporaciones locales sobre las leyes previstas.

Es por la vía del esfuerzo y de la austeridad por donde debemos ir, pero todos. Si no hay dinero en el Estado, que se saque de donde está, que hay mucho. Y que, de una vez por todas, por ejemplo, se mejoren las cantidades recibidas en los ayuntamientos procedentes de la licencia fiscal -que, como se sabe, son recaudadas por la Administración central-. Hoy hace falta esfuerzo y trabajo que no se ve por ningún lado. Pero a continuación hace falta diseñar una estrategia en cada uno de los municipios si no se consigue parar el recorte previsto.

Las previsiones que realizábamos en el Ayuntamiento de Madrid hace escasamente dos semanas (cuando seguíamos confiando en la liquidación del déficit), eran las de incrementar los ingresos en 1984 en tres puntos por encima de los gastos para, con el ahorro conseguido, poder destinar en ese año unos 10.000 millones a nivel de inversión más necesario si partimos de que en 1983 el ayuntamiento va a destinar a ese objetivo una cifra pobre, 4.247 millones, que no suponen casi nada frente a las actuales necesidades de la ciudad). El recorte anunciado supone que el ayuntamiento no podría alcanzar ese nivel de inversión y que seguiríamos como siempre sin invertir en torno a un programa que garantizara a medio plazo la superación de los déficit existentes en nuestra ciudad.

Y estoy hablando de una previsión en la cual el esfuerzo del ayuntamiento iba a ser muy grande. Al margen de las medidas restrictivas previstas en la ley de Medidas Urgentes (congelación de plantillas, igualación de salarios con los equivalentes en la Administración central, etcétera ... ) -medidas con las que, en principio, no coincido como norma general, puesto que estas normas generales no contemplan las particularidades y esfuerzos autónomos de cada municipio, Y con las que tampoco coincido como filosofía, puesto que significan. que durante tres años los ayuntamientos incluidos en la financiación estatal no pueden prestar nuevos servicios a sus administrados-, es obvio que en el Ayuntamiento de Madrid, voluntariamente, hemos asumido buena parte de las restricciones y sacrificios que entendemos imprescindibles en una situación económica dificilísima como la que atraviesa nuestro país.

Y también es claro que tendremos que superarnos en algunos puntos difíciles que aún existen y que deben y pueden arreglarse:

1. La mejora de la política de pagos a las contratas que supone un importante incremento del coste de las obras, dado el retraso con el que en la actualidad se efectúa el pago.

2. La disminución general de los períodos de contratación de las concesiones de servicios y la diversificación máxima de los contratistas ofertantes.

3. La mejora de la gestión en dependencias o patronatos municipales fuertemente deficitarios (matadero, cementerios, Instituto Municipal de Deporte), con actuaciones drásticas dirigidas a lograr un equilibrio financiero,

Pero todo ello tiene que estar ligado a un objetivo central mantener la inversión en 1.984 a niveles adecuados. No son aceptables, por tanto, en mi opinión, políticas paralizadoras de la inversión basadas en las dificultades exteriores y en la falta de ayuda del Gobierno, porque son políticas conservadoras que no darán solución a los problemas de nuestro ayuntamiento.

Igualmente, son inaceptables las opiniones de la oposición, que quiere pagar todas las deudas a base de recortar los presupuestos culturales y festivos. Además de incorrecto políticamente, eso es -basta saber sumar- el chocolate del loro, no una posición seria.-