Los jueces y la autoamnistía: un desafío para la clase política argentina

Los periódicos de los últimos tiempos, y sobre todo de los últimos seis meses, traen constantemente noticias acerca de investigaciones comenzadas o reabiertas por jueces penales argentinos -fundamentalmente por los jueces federales en lo criminal de la capital federal- en tomo a escándalos o sucesos abyectos protagonizados por los responsables del caos y el drama que cubren la Argentina de la última década. Emblemáticos son los casos vinculados con las corrupciones administrativas atribuidas al ex superministro de Economía Martínez de Hoz y a la gente de su equipo; el homicidio de Branca, alentado o encubierto por el almirante Massera; las desapariciones del ex embajador de la propia Junta Militar Hidalgo Solá y la diplomática Holmbetg, en las que aparecen implicados tanto Massera como el propio general Videla; la reapertura de la causa en relación a los hechos atribuidos a la fantomática Triple A, desde la época del todo. poderoso López Rega y de los que podrían surgir una connivencia del general Harguindeguy, ex ministro del Interior, y así muchos etcéteras más.Pues bien, ¿qué ha ocurrido para que esta situación de investigaciones judiciales generalizadas se haya presentado así, repentinamente? ¿De dónde proviene esta aparente onda expansiva de la actividad indagatoria de los jueces federales porteños? ¿Cómo es que durante siete años (el golpe militar fue dado el 24 de marzo de 1976) estos magistrados no ahondaron en ningún hecho de los que ya se atribuían a los responsables del proceso castrense, pues sistemáticamente hicieron oídos sordos a las denuncias de detenciones-desapariciones promovidas en miles de recursos de hábeas corpus y ahora, de golpe, saltan a la noticia con un afán investigador que tantas madres y abuelas de la plaza de Mayo hubieran querido para los casos de sus hijos y nietos?

Dado la organización federal del Estado, junto a los jueces ordinarios -provinciales y nacionales (de la capital federal) existe una justicia federal (y las respectivas cámaras de apelación), que tiene asiento en los diversos distritos judiciales en que se divide el país.

Estos jueces federales conocen, entre otros, de asuntos en los cuales el Estado nacional sea parte o de los que se suscitan entre dos o más provincias. De ello es. fácil deducir que la justicia federal es la más política y la que despierta mayor preocupación a los Gobiernos nacionales, sobre todo en jurisdicción de la capital federal, sede de las autoridades nacionales, lo que puede generar el conocimiento de causas penales en que aquellas resulten involucradas.

Por otro lado, existe en Argentina un sistema constitucional de reclutamiento, nombramiento y promoción de jueces, mediante el cual el poder ejecutivo nacional tiene una clara preeminencia (artículo 86, inc. 59, Const. Nac.) y que siempre ha sido el motivo para que la cacareada independencia del poder judicial se viera seriamente afectada. Incuestionablemente, durante las épocas de facto que asolan Argentina desde 1930, este sistema se ha visto agudizado ante la supremacía del poder político, pues durante aquéllas los jueces han sido nombrados por el Ejecutivo sin ningún control popular del Parlamento.

Ahora bien, en muchos de los frustrados retornos a la democracia que los argentinos hemos intentado en 50 años, los distintos Senados (cámara a la cual la Constitución le asigna el control y acuerdo de los nombramientos en el poder judicial) se han visto constreñidos a otorgar su asentimiento para convalidar a los jueces nombrados durante el período de facto precedente.

Esta última situación puede reproducirse ante la futura constitución de un Parlamento elegido libremente por el pueblo argentino, si es que la clase política muestra debilidad frente a las- presiones a que será sometida por quienes temen que una justicia legítima -ahora sí- investigue sin tapujos cuanto latrocinio y violación de derechos humanos han sido cometidos. Es obvio que una investigación de semejante talante no podrá hacerse con jueces que ostenten en su currículo un nombramiento a dedo efectuado por el poder oligárquico-militar, de facto. Esto lo han de tener muy en claro quienes se constituyan como las futuras autoridades legislativa y ejecutivas que surjan de las próximas elecciones, sean del color político que fueren. Sólo unos jueces que no exhíban el origen espurio de sus cargos podrán satisfacer legítimamente la voluntad de esclarecimiento que impulsa a la mayoría de los argentinos.

Preparar su futuro

Parecería entonces que quedan desvelados los interrogantes a que antes se ha hecho alusión. En efecto, no hay que ilusionarse (aunque sea bienvenido) con el impulso que muchos jueces federales en lo criminal están demostrando en sus averiguaciones, pues no estaría justificado más que en sus pretensiones de obtener una futura convalidación parlamentaria para los actuales cargos que ocupan.

Más allá de propiciarse una eventual reforma de la Constitución nacional para introducir un sistema de autogobierno que efectivamente garantice la independencia real y externa del poder judicial -y el proceso de instalación de órganos específicos en España desde la Constitución dé 1978 es modélico al efecto-, ahora es imprescindible proceder a una auténtica depuración de los cuadros judiciales en Argentina. Esto es fácilmente posible si el próximo, Gobierno nacional -tal como algún candidato presidencial ya lo ha prometido respecto a los mandos militares- descabeza la justicia, no accediendo a ningún tipo de presión y no pidiendo al Senado que otorgue su acuerdo para convalidar a los jueces que actualmente se desempeñan sin ese requisito; es decir, que han sido nombrados por el Gobierno militar, usurpador de la voluntad popular. Y esta tarea ha de llevarse a cabo respecto de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de todos los tribunales federales y nacionales (de los provinciales ya se ocuparán los poderes legítimamente constituidos en sus jurisdicciones) sin pensar que pueda provocar un vaciamiento de- la Administración de Justicia, pues a la vista del sistema constitucional de nombramientos judiciales no hay impedimento alguno para cubrir esos cargos con abogados colegiados, de probada fe democrática, que reúnan los escasos requisitos que exige la Constitución.

Todo lo dicho en relación con la condición actual de la mayor parte de la justicia federal y nacional (son contados los jueces que poseen el acuerdo senatorial que impone la Constitución) se ve a partir de ahora dramáticamente agudizado. El régimen militar acaba de dictar la anunciada ley de autoamnistía, en contradicción con todo principio lógico, ético y de oportunidad e intentando así cubrir con el olvido los gravísimos hechos que se imputan a sus personeros y ejecutores. Más allá de la ilegitimidad que supone la sanción de tamaña inmoralidad (¡el autoperdón de los mismos criminales!) que todo Parlamento -cualquiera sea su composición política- tiene el ineludible deber de desconocer, es inaceptable suponer que algún juez de la Constitución haya de rechazar sin sustanciación alguna (como lo pretende esta supuesta ley), sellando con la inamovilidad de la cosa juzgada, las denuncias o querellas que se interpongan contra los delincuentes de Estado. Es verdad que la situación que genera la existencia de una legislación de facto en materia tan altamente irritativa como la que con un trágico eufemismo se denomina de "pacificación nacional" provoca al futuro régimen constitucional la necesidad de resolver sobre su subsistencia. El tema es sin duda conflictivo en el plano jurídico y la historia argentina de las transiciones a la democracia muestra variados ejemplos de cómo se ha encarado la validez de semejante legislación. Empero, en la cuestión de la autoamnistía deberá sin duda primar un criterio político que esta vez sí, a todas luces, no puede alejarse de la ética. Sería insoportable para la futura convivencia pacífica el que los próximos legisladores constitucionales legitimaran la unilateral decisión de amnistiarse que han asumido los militares, contando con las decisiones favorables de los magistrados judiciales que ellos mismos han nombrado como tales.

De tal modo, también por este lado, queda en evidencia la tentativa de garantizar en sus puestos -poco después del cambio político- a los actuales jueces de facto con el objetivo de que sean éstos quienes efectúen los rechazos de las denuncias o querellas contra los militares. Es indudable que tal inmoralidad no será aceptada por los argentinos y esta eventualidad redunda en favor de entender la cuestión judicial quizá como la más crucial -un auténtico desafío para la clase política- en el inmediato futuro de Argentina.