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Reportaje:30º aniversario de los primeros acuerdos hispano-norteamericanos

Washington guarda secreto sobre sus pactos con Franco

Documentos claves para comprender el proceso de negociación de los acuerdos firmados en 1953 entre Estados Unidos y España aún siguen clasificados como reservados por el Gobierno norteamericano

Washington
Mañana se cumple el trigésimo aniversario de la firma de los acuerdos hispano-norteamericanos, que supusieron el principio del fin del aislamiento político del régimen del general Franco y el afineamiento,de España con las potencias occidentales. Aunque importantes documentos referentes a la negociación que precedió a esa firma continuan clasificados como reservados por el gobierno norteamericano, existen notas y correspondencia en los archivos nacionales de Estados Unidos que permiten deducir que la intención de las administraciones Truman e Eisenhower era integrar a España en la Alianza Atlántica, que, ante la oposición de las democracias europeas, se optó por la vía de los acuerdos bila terales y que en todo momento primaron los inte reses estratégicos de Washington sobre los prejuicios políticos contra la dictadura de Franco

ENVIADO ESPECIALTreinta años después de la firma de los acuerdos de Madrid, que supusieron el fin del aislamiento internacional del régimen de Franco y la instalación de bases militares norteamericanas en España, la Administración Reagan mantiene en secreto varios importantes documentos, esenciales para conocer el entramado y la cara oculta de aquellas negociaciones entre Washington y Madrid.

Contra la práctica habitual de hacer públicos documentos confidenciales una vez pasados 20 o 30 años, el Gobierno de EE UU no ha desclasificado hasta el momento la mayoría de la información que guarda en sus archivos sobre el proceso de acercamiento y negociación con el régimen franquista.

Este proceso, que duró desde 1950 a 1953, concluyó con la firma, mañana hace tres décadas, de unos acuerdos por los que España abandonó, a cambio del reconocimiento político del régimen de Franco, su tradicional neutralidad, mientras que Washington conseguía sus objetivos estratégicos a costa de olvidar sus prejuicios hacia un régimen que había sido claro aliado y admirador de las potencias del Eje, derrotadas en la segunda guerra mundial sólo cinco años antes.

En los archivos nacionales de Washington, consultados esta semana por EL PAÍS, sólo se encuentran algunos documentos del Departamento de Defensa y del Alto Estado Mayor Conjunto (Joint Chiefs of Staff) de los que los más recientes dejaron de ser secretos en agosto del año pasado. El Departamento de Estado, por su parte, sólo ha hecho públicos papeles referentes a España hasta el año 1950, mientras que los que tratan de otros países, incluida la guerra de Corea, van ya por el año 1953.

Cláusula secreta

En una de las comunicaciones internas del Alto Estado Mayor norteamericano, relativa al acuerdo bilateral con España, se habla abiertamente de 10 documentos secretos anejos al texto público del acuerdo de 1953. Uno,de ellos, denominado Nota que sigue al segundo párrafo del artículo tercero del acuerdo de defensa, debe contener, según reveló el profésor Ángel Viñas en un libro de reciente publicación, la cláusula secreta por la que España accedía a la activación de las bases en caso de guerra o amenaza contra Occidente, en unas condiciones totalmente ventajosas para Estados Unidos.

Los restantes documentos mantenidos todavía en secreto por Washington se denominan documentos técnicos, numerados del 1 al 4, mientras que otros se conocen como Intercambio de notas para clarificar ciertos puntos del acuerdo, Anexo sobre desgravación fiscal, Acuerdo sobre ayuda económica, o Intercambio,de notas para clarificar determinados aspectos de la ayuda económica. En uno de esos documentos técnicos se recoge la jurisdicción especial a aplicarse, a margen de la justicia española, al personal norteamericano y sus familias. Esta nueva cesión de soberanía hecha por el régimen del Caudillo ha sido criticada en un reciente trabajo por el diplomático español Ruiz Izquierdo.

Entre los miles de folios que, con el tampón de top secret, pueden consultarse en las lúgubres salas de los archivos nacionales de Washington no se encuentran estos 10 documentos, pero sí otros, cuando menos curiosos, que ayudan a comprender la postura de las Administraciones de Truman e Eisenhower hacia el régimen franquista. La integración de España en la Alianza Atlántica aparece como el objetivo primordial de la política norteamericana, algo que tardaría más de un duarto de siglo en conseguirse, pero, ante las dificultades políticas -representadas por la oposición de las democracias europeas a Franco-, se opta por un acuerdo bilateral que permita establecer las bases y puntos de apoyo logístico en España. En abril de 1951 se dan instrucciones para negociar estos aspectos en "Madrid, Barcelona y Sevilla", además de "Algeciras, Cartagena, islas Baleares y Ceuta".

Obligación de informar

El general Spry, uno de los negociadores norteamericanos, informa a Washington en otro documento secreto que el teniente general español Juan Vigón le ha manifestado su interés por tareas de vigilancia conjunta hispanonorteamericana en Ceuta y el Marruecos español. Spry le responde que "mis instrucciones no incluyen para nada el continente africano". Ésta sería otra constante de la política de Washington, que nunca quiso comprometerse respecto a los territorios españoles en África, algo que quedó claro en los sucesos de Ifni, unos años después.

En otra circular confidencial a los oficiales del MAAG (Military Assistance Advisory Group) se les aconseja a éstos que nunca efectúen una tarea de la que sean responsables ante el Gobierno español; que no acepten condecoraciones por ese trabajo de asistencia, y que si se les pide consejos de naturaleza estratégica por parte de oficiales españoles, sólo los den tras una petición del Gobierno de Madrid, previa consulta con el Estado Mayor y el Departamento de Defensa norteamericanos, y dándolos "de tal manera que no comprometan, ni directa ni indirectamente, a Estados Unidos en ningún tipo de acción". Además, se recterda a los militares de EE UU destinados en España que, aunque su misión no es recoger datos de inteligencia, están obligados a informar de todo lo que pueda afectar a los intereses básicos norteamericanos.

Entre los escasos documentos hechos públicos por el Departamento de Estado figura un informe fechado en junio de 1950 del encargado de negocios norteamericano en Madrid, Paul Culbertson, en el que se aconseja dejar a un lado prejuicios democráticos y negociar con Franco desde un punto de vista "práctico, e incluso egoísta".

Riesgos revolucionarios

Culbertson dice que "si somos simpáticos (en español en el original) podremos conseguir mucho en España" y que "tal acercamiento a Franco pagará dividendos a nuestro favor". Ello no le impide al diplomático norteamericano referirse al dictador como "la clase de español que quiere entrar al cine sin pagar la entrada", o calificarle de "gallego, lo que es en cierto sentido sinónimo de testarudo", ni describir a los jerarcas del régimen como "hombres de segunda categoría cuya visión está oscurecida por el glorioso pasado de España". Al final, Culbertson opta por lo seguro para los intereses de Washington y apunta: "Cualquier cambio abrupto en España lleva consigo riesgos revolucionarios. La evolución más segura es la evolución".

Samuel Eaton, que fue consejero de la embajada norteamericana en Madrid de 1974 a 1978 y que acaba de publicar un libro sobre la transición española, es de la opinión de que "el acuerdo hizo más fácil el mantenimiento de Franco en el poder, pero no fue decisivo".

En su casa de Washington, retirado ya de la diplomacia, Eaton declaró a EL PAÍS que el acuerdo de 1953 benefició a las dos partes. A Estados Unidos, en sus intereses estratégicos, y a Franco, en sus intereses políticos. "En 1953, el régimen de Franco era ya muy sólido y sólo podía cambiar mediante la evolución. Yo creo que los acuerdos con EE UU y la ayuda económica favorecieron el cambio económico y social que hizo posible la transición política". Eaton concede, sin embargo, que, "en aquellos momentos, el aspecto económico de los acuerdos era el menos importante para las dos partes y se hubiera alcanzado con otra cifra, superior o inferior".

Es difícil localizar a algún testigo directo de aquellas negociaciones entre la Administración Truman, primero, y la de Eisenhower, después, con el régimen franquista. Muchos han muerto, como el embajador James C. Dunn, que firmó el acuerdo con Alberto Martín Artajo. Otros están jubilados y viven lejos de Washington. Algunos que podían tener algo que decir, como Benjamin Wells, ex corresponsal del New York Times en España en los años cincuenta y actual portavoz en el Pentágono, prefirieron no responder a las repetídas llamadas telefónicas de este periódico.

Pero el retorno del clima de guerra fría en el mundo actual parece ser la causa de que la Administración Reagan haya impuesto normas muy rígidas paya revelar documentos históricos que en su día fueron secretos de Estado. En la era de Nixon se fijó en 30 años el plazo para desclasficar este tipo de documentos; Jimmy Carter lo redujo a 20 años, con una política que al menos teóricamente era liberal, aunque la burocracia se encargara de ponerle trabas. Ronald Reagan dictó un decreto, el 12.356, en agosto del año pasado, que estrechó aún más los ya exiguos límites. Ello ha motivado la protesta de varios historiadores norteamericanos.

Por ejemplo, Sam Gannon, presidente de la American Historical Association, declaró a este enviado especial que, en los referente a España, "si no se hacen públicos los documentos es porque deben existir en ellos cláusulas secretas". Entre otros, se negó acceso a EL PAÍS a los clasificados con los números ccs092 (sección tercera), y los contenidos en el archivo cd0913 estaban totalmente expurgados.

Aun así, no deja de ser curioso leer una carta del general Omar Bradley, presidente del Estado Mayor Conjunto en 1951, en la que dice que su colega británico le ha expresado su opinión de que, en caso de un ataque soviético, "se perderá toda Europa occidental, con excepción de Italia, España y Portugal". Bradley recomienda utilizar este argumento para disminuir la oposición del Reino Unido a una colaboración de la España de Franco a la defensa europea, aunque sea desde fuera de la OTAN.

Un equipo de 160 diplomáticos y agentes secretos retirados son los encargados de escoger qué documentos reservados deben hacerse públicos y cuáles no. Los historiadores norteamericanos les niegan cualquier autoridad y afirman que, "en la duda, los funcionrios prohíben, en vez de publicar". La historia de las relaciones internacionales desde 1950 está aún por escribir, en opinión de uno de estos historiadores. Por su parte, el historiador oficial del Departamento de Estado, William Slany, que decide sobre la publicación de los documentos, hizo caso omiso a las llamadas de EL PAÍS para preguntarle sobre este tema. Se sabe que los censores históricos tienen un libro de normas, que siguen cuidadosamente para cada país, pero esas normas son, a su vez, secretas.

Es algo similar a aquellas instrucciones que, en un documento del 23 de abril de 1951, se daban desde el Pentágono al comandante en jefe de las fuerzas navales norteamericanas en Europa, qué iba a viajar a España para negociar la instalación de las bases: "Debe evitarse toda publicidad sobre su viaje".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de septiembre de 1983