El Gobierno cree que no existen motivos de tensión con la Iglesia

El comienzo de las relaciones entre el Gobierno del PSOE y la Iglesia, desde un punto de vista oficial, fue cordial e incluso se ha llegado a estimar más satisfactorio que el que se produjo con los distintos Gabinetes de UCD. Las manifestaciones de la Conferencia Episcopal y de los obispos vascos y catalanes, producidas durante el verano, se han interpretado en medios gubernamentales como un nerviosismo injustificado. Determinados sectores del Gobierno entienden que, en estos momentos, hay un compás de espera previo a una puesta en pie de guerra de los sectores eclesiales.Sobre el diálogo que ha existido hasta el momento entre los obispos y el Gobierno, el arzobispo de Valladolid, Delicado Baeza, ha manifestado a EL PAIS que "está en curso en lo que se refiere a la aplicación práctica de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas concreciones prácticas de esta ley de rango internacional no abarcan todo el campo de relaciones entre la Iglesia y el Estado o, si se quiere, todos los deberes que éste tiene en relación con sus ciudadanos en su derecho a la libertad religiosa. Es decir, la no confesionalidad constitucional del Estado no significa indiferencia por parte del mismo ante el fenómeno religioso, que es un hecho de gran relevancia social, ni mucho menos la hostilidad de tiempos pasados o el anticlericalismo decimonónico. El Estado, por su propia naturaleza y misión y también por la Constitución española, ha de respetar la libertad religiosa de los ciudadanos y los derechos reales que de ella se derivan, para que aquélla no se quede en una palabra vana. Por eso también habla la Constitución de colaboración".

Al Concordato con la Santa Sede sucedió la firma de los acuerdos. En 1976, el desbloqueo previo de las negociaciones, supone que el Estado pacta la renuncia al privilegio de la presentación de los obispos, salvo el vicario general castrense, y la Iglesia renuncia al privilegio de fuero. Los cuatro acuerdos de 1979 están referidos a la enseñanza y asuntos culturales, patrimonio y medios de comunicación social; a los temas económicos; a los asuntos jurídicos, y a la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas.

Alfonso Guerra y la comisión mixta

Para el desarrollo y cumplimiento de estos acuerdos existe una comisión mixta de la que forman parte Alfonso Guerra, Fernando Ledesma y José María Maravall, en representación del Gobierno, y los obispos Delicado Baeza, Fernando Sebastián y Elías Yanes. Por debajo de esta comisión existe la técnica, en la que junto al obispo Sebastián y María Rosa de la Cierva, secretaria de la Comisión Episcopal de Enseñanza, figuran el secretario general técnico del Ministerio de Educación, Joaquín Arango, y el director general de Asuntos Religiosos, Gustavo Suárez.Fuentes eclesiales estiman que los contactos con el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, han sido distendidos, puesto que "es hombre dialogante, chispeante, amable y ocurrente". Delicado Baeza, respecto al estado de las conversaciones, manifiesta que "se hallan más bien en una fase inicial, en los encuentros de los expertos de ambas instancias, que están haciendo los planteamientos de las aplicaciones técnicas. También se han dado otros encuentros entre la comisión de obispos y la de ministros para el planteamiento de las líneas y criterios que se han de tener en cuenta, encuentros -hay que decirlo- respetuosos y afables. Pero todavía no se ha llegado a ninguna solución definitiva, que es lo que esclarecerá el ánimo real de la colaboración, más que las mismas palabras".

Sobre el futuro de la posible colaboración con el Gobierno socialista, el mismo arzobispo de Valladolid manifiesta que "quiero confiar en que el Gobierno respete los acuerdos, como ha manifestado, ya que se trata, como he dicho, de una ley española, en la parte que le corresponde, de rango internacional, y que los respete en su totalidad, no sólo de una manera formal, sino también real y efectiva. Por otra parte, pienso que el Gobierno ha de gobernar para todo el pueblo español y, por tanto, no de una manera parcial y excluyente, urgida por ciertos grupos minoritarios que, por sentirse vinculados ideológicamente con el poder, se crean en el derecho de marginar a grandes sectores de la sociedad a los que el Gobierno debe servir, por ser el Gobierno de todos, como ha dicho su presidente. En esta hora, la concordia y el buen sentido de los españoles y, sobre todo, de los más responsables, por estar integrados en ciertas instancias del poder, no es un lujo, sino una urgente necesidad histórica. No nos podemos permitir una actitud tribal; se ha de fomentar en todos los sectores sociales la conjunción de esfuerzos para empujar, entre todos, el carro del bien común y sacarlo de su atasco".

Deseos de concordia

Según Delicado Baeza, en la Iglesia española hay grandes deseos de concordia: "La Iglesia española -lo ha declarado y repetido desde hace años- no quiere privilegios; estima y defiende la democracia y los derechos humanos en toda su amplitud (no sólo algunos, de facciones ideológicas en un sentido o en otro); pero quiere también su autonomía y su capacidad real, en la línea del derecho de la libertad religiosa, para poder cumplir su misión al servicio del pueblo creyente y de la sociedad española que quiere aceptarlo. Para todos quiere contribuir a fomentar un clima de paz y concordia, y de estímulo hacia los valores morales de la familia, de la justicia, del trabajo y de la convivencia"."Uno de los puntos conflictivos de las relaciones Iglesia-Estado podría producirse en la aplicación del acuerdo económico. El sistema de financiación de la Iglesia está establecido en varias fases. La primera es la que aseguró la permanencia, al menos durante tres años, de la consignación presupuestaria. El 1 de enero se cumplió el plazo mínimo. El Gobierno no ha dado todavía ningún paso efectivo para entrar en la fase siguiente. Por el momento, el Gobierno sigue adaptando la subvención a los índices del aumento de los salarios de los funcionarios. A partir del cumplimiento de los tres años, aunque sin establecer un plazo fijo, está previsto aplicar el sistema de la asignación tributaria, es decir, la expresión concreta en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La implantación de esta fórmula, que algunos entienden como no constitucional, puesto que supone una manifestación forzosa de sus creencias religiosas y que es contestada por determinados grupos religiosos no católicos como los judíos, tendría la vigencia necesaria para que se alcanzara la tercera fase que supone la autofinanciación de la Iglesia".

El Gobierno mantendrá la subvención

El Gobierno ya está en condiciones de denunciar el pacto, puesto que se han cumplido los tres años mínimos, pero no lo va a hacer. Tampoco se estima que conceda permanencia indefinida a la actual situación de subvención anual. Todo hace suponer que tratará de llegar a la fase del impuesto. Éste será el caballo de batalla de las futuras conversaciones de la comisión mixta.Para el Gobierno actual, según manifiesta el director general de Asuntos Religiosos, Gustavo Suárez Pertierra, es fundamental "finalizar la cuestión religiosa". Para ello, hay intención de mejorar las relaciones del Gobierno con la Iglesia sobre la base de coordinar las labores gubernamentales con la Conferencia Episcopal.

En fuentes aledañas al Ejecutivo se estima que el diálogo entre las comisiones no se ha interrumpido y que, desde el Gobierno, se han dado muestras de buena voluntad, como han sido la integración de los religiosos en la Seguridad Social, el libramiento invariable en los días 1 de cada mes de la subvención a la Conferencia Episcopal, e incluso la programación religiosa de Televisión durante la Semana Santa, que fue, en minutaje, superior a la del año anterior. El Gobierno tiene la sensación de que a Roma llegan las informaciones que hacen referencia a las relaciones Iglesia-Estado un tanto deformadas.