El Gabinete Soares revisará los límites entre sector público y privado

La Constitución portuguesa consagra todas las nacionalizaciones efectuadas después del 25 de abril de 1974 como "conquistas irreversibles de las clases trabajadoras" y sólo permite la reprivatización "a título excepcional" de las pequeñas y medianas empresas al margen de sectores básicos de la economía, siempre que sus trabajadores no opten por la autogestión o la cooperativa. Sin embargo, el Gobierno está dando los pasos necesarios para abrir a la iniciativa privada la producción de cementos y abonos, la banca y los seguros, sectores todos ellos nacionalizados tras la revolución, y la Administración se ha manifestado dispuesta a revisar los límites entre el sector público y privado. Argumenta que muchas empresas nacionalizadas carecen de rentabilidad, están hiperdimensionadas y tienen plantillas excesivas y no justificadas.

, ENVIADA ESPECIALSegún los datos oficiales, las empresas públicas no financieras perdieron 30.840 millones de escudos (100 escudos portugueses equivalen a 122 pesetas) en 1981 y toda vía más en 1982. Su endeudamiento externo llegó a 143.000 millones de escudos en este mismo año, y las dotaciones estatales en concepto de subsidios y aumentos de capital alcanzaron los 35.900 milloñes de escudos en el ejercicio de 1982.

Por de pronto, las inversiones en el sector público están congeladas hasta finales de agosto, pendientes de los reajustes presupuestarios que impone la nueva austeridad. Los 250.000 trabajadores del sector temen por sus puestos de trabajo. Y sus temores parecen ser fundados. Los astilleros Setenave y Gelmar, una distribuidora de productos alimenticios que emplea a 700 trabajadores, pueden ser las primeras víctimas después de que el Gobierno las declarara en situación económica difícil la semana pasada.

Y mientras la patronal aplaude medidas como éstas y las anima desde diversos foros, la Intersindical y los sectores críticos del partido socialista las contemplan con desconfianza. La Intersindical acusa a la Administración de boicotear sistemáticamente a la empresa pública, de absorber sus lucros y no pagar las deudas que tiene contraídas con ella, de no invertir en su modernización, de vender su patrimonio y de obligarla a endeudarse, entre otras muchas cosas.

"Las nacionalizaciones de 1975 no se hicieron con criterios económicos, sino con criterios políticos, entre ellos el de eliminar grandes grupos de poder. Ahora, el sector público es muy pesado y las tentativas de racionalización no han tenido mucho éxito. No hay razón para que el peso del sector público sea aquí superior que en Francia o en Italia", señalaba Alexandre Vaz Pinto, que estuvo al frente de la cartera de Comercio y Turismo en el Gobierno de Pinto Balsemão. Para Vaz Pinto, "el Estado en Portugal no es un empresario ideal y no tiene capacidad para la administración del conjunto de empresas públicas, que deben quedar reducidas a un mínimo estratégico".

El economista João Cravinho cree, a su vez, que la Administración portuguesa ha forzado al sector público a endeudarse en dólares, mientras el sector privado se ha beneficiado de créditos internos. La Administración, opina Cravinho, no ha sabido aprovechar la gran potencialidad de ideas y desarrollo de algunas empresas públicas. "Los males del sector público" dice, "se presentan como estructurales, cuando muchas veces son, en realidad, de gestión". Política de austeridad

Ferraz da Costa, sin embargo, es partidario de un cambio constitucional que permita superar "el monopolio del Estado en sectores básicos de la economía con objeto de ajustarse a las condiciones de competencia que exige la integración en la CEE". Éste es, indudablemente, uno de los principales puntos de mira de toda la política de austeridad emprendida.

Observadores extranjeros en Lisboa llaman la atención sobre diversas contradicciones existentes en la política de austeridad. Así, el Estado demora el pago de sus deudas con los transportes públicos en compensación por los descuentos sociales (se calcula que un 10% de la población portuguesa se beneficia de algún descuento en los ferrocarriles), pero concede un importante préstamo al sector privado de transportes. Mientras tanto, el déficit de los ferrocarriles portugueses alcanza los 36.000 millones de escudos.

Desde los medios de comunicación, los portugueses son debidamente mentalizados estos días sobre la necesidad de apretarse el cinturón. La austeridad ha llegado hasta las páginas de cocina de los suplementos fin de semana, donde el bizcocho casero y económico es dignificado y redescubierto bajo el signo de la crisis. Paralelamente, la oferta de bienes de consumo de importación disponibles en los comercios es deslumbrante y hasta exótica para, un país cuyas importaciones alimenticias suponen un 20% del déficit comercial y cuyo consumo privado per cápita (en dólares) era menos de la mitad del español en 1980. Reducir las importaciones

Los zapatos italianos (Portugal es exportador de zapatos), las vajillas danesas, las baterías de cocina italianas, las mezclas de cereales suizas o británicas (a elegir), las cervezas de régimen alemanas, los pantalones franceses (el textil es otro de los sectores exportadores del país) y los quesos de allende los Pirineos son productos corrientes en un país que se ve obligado a traer del extranjero más del 50% de los productos alimenticios necesarios.

En el marco de las medidas económicas, el Gobierno ha decidido reducir las importaciones de bienes de consumo, hasta marzo de 1984, a los niveles de 1975 y 1976. En el ámbito de los electrodomésticos, las importaciones no podrán superar los 140 millones de escudos, y en el de frutas tropicales, los 800 millones de escudos.

La oferta de bienes de consumo contrasta con la miseria de las condiciones de vivienda, visible sin ir más lejos en céntricos barrios de la capital. En Casalventoso, por ejemplo, las mujeres salen a primera hora de la mañana a llenar un cubo de agua en la fuente comunitaria o a lavar en los lavaderos públicos que se hallan junto a una serie de casuchas frágiles y hacinadas.

En muchos casos, los habitantes de estas infraviviendas han podido ahorrar para comprarse enormes coches, que aparcan frente a sus puertas, pero no han podido afrontar los alquileres que se piden por pequeños apartamentos modernos, donde precios de 20.000 o 30.000 escudos son habituales, en el caso de encontrarlos.