El final de empleo comunitario

En cuatro años, el empleo comunitario, que viene a cubrir la carencia de subsidio de paro en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, ha pasado de costar 12.000 millones de pesetas a los 36.000 millones previstos para este ejercicio. Pero tan onerosa tendencia no ha sido el principal objeto de crítica por parte de sindicatos, Administración y hasta beneficiarios. Los casi 150.000 andaluces y, extremeños que reciben el dinero cada año ya encuentran pocas calles, jardines o casas que barrer, limpiar o blanquear. El problema planteado por el Gobierno de cara a 1984 es cómo desviar ese dinero, en la práctica improductivo, en destinos que creen riqueza o tiendan a equiparar a los parados agrarios con los de otros sectores.Hasta para CC OO, sindicato que ha convocado movilizaciones contra la reforma para todo este mes, el empleo comunitario se había convertido en una especie de limosna y requiere urgente reforma. Nacido como una subvención para el orden público en el campo, este sistema ha crecido a rastras de protestas y de situaciones político-económicas. El dinero llegaba y llega a los ayuntamientos vía gobiernos civiles. Para recibirlo basta portar una cartilla agraria firmada por un empresario y, en muchos casos, acudir a la plaza a fumarse un cigarro o echar una parrafada con los colegas que no tienen nada más que barrer o blanquear. Así, si no se agota el dinero, hasta cuatro días a la semana, lo que, por 1.270 pesetas por jornada, aporta a los beneficiarios casi 22.000 pesetas al mes, 263.600 al año.

Los últimos, Gobiernos de UCD intentaron sin éxito corregir la situación. Siempre se consideraba paso prioritario elaborar un censo de trabajadores y parados del campo, que llegó a ser pactado en el Acuerdo Nacional de Empleo. Las resistencias encontradas en su realización quitaron toda fiabilidad al intento; en los ayuntamientos donde se empezó, cundió el temor de que aparecer en él sería arriesgarse a quedar fuera del empleo comunitario. Hoy no se conoce con exactitud cuántos trabajadores eventuales o parados tiene el sector agrario; ni siquiera se les ha diferenciado de los rurales. Lo más próximo a la realidad es el número de cartillas (en torno a un millón de trabajadores por cuenta ejena, otro tanto por cuenta propia y cerca de millón y medio de pensionistas), pero aquí tampoco son todos los que están ni están todos los que son, debido a la facilidad de compartir la adscripción a la Seguridad Social agraria -mucho más barata y deficitaria que la rural- con actividades comerciales e industriales.

El PSOE anunció ante las elecciones legislativas una decidida reforma del sistema, y el Gobierno socialista presentó a los sindicatos a finales de marzo un amplio plan de intenciones sobre el empleo rural. Como ya estaba clara la idea de sustituir el empleo comunitario por un triple mecanismo -subsidio asistencial más amplio, fondo de empleo rural y plan de formación profesional-, se crearon tres grupos de trabajo específicos. El documento ilusionó a todos los implicados, al menos por tres razones: el paso prioritario parecía ahora más profundo (un análisis completo y a fondo del mercado de trabajo), tenía ya carácter nacional (casi todos los fondos se destinan ahora a Andalucia y Extremadura), e iba acompañado de medidas de política agraria, como jubilaciones anticipadas, potenciación del cooperativismo y desarrollo real de la ley de Fincas Mejorables.

Sin embargo, CC OO, al recibir la concreción de estas ideas, el pasado 29 de julio, empezó a mostrar su contrariedad y proyectó el actual plan de movilizaciones. "Sólo se nos citó una vez a los grupos de trabajo, y quizá, porque ya habían pasado las elecciones municipales, el Gobierno ha olvidado las referencias a la política agraria. Esto supone un gran retroceso y, además, se limita la implantación a Andalucía y Extremadura y se reba a en la práctica la cobertura de paro", ha declarado Antonio Palacios, secretario de Organización de la Federación Estatal del Campo de CC OO.

En opinión de éste y José Mateos, representante también de dicha Confederación ante el Ministerio de Trabajo, los recursos que se piensan destinar en 1984 al nuevo fondo de empleo rural (32.000 millones) y al nuevo subsidió asistencial general (otros 14.000 de hipótesis mínima) representan un incremento sólo aparente con respecto a los 36.000 millones de empleo comunitario para el presente año. A su juicio, el fondo (22.000 millones para organismos inversores con competencia nacional o autonómica, 7.000 para comunidades autónomas y 3.000 para corporaciones locales) puede convertir a parados agrarios en parados industriales sin derecho a subsidio, si se hace general la hipótesis de un periodo de trabajo medio de cinco meses, al tiempo que recupera inversiones del ámbito autonómico, con lo que la hipótesis de creación de 60.000 puestos de trabajo durante cinco meses es poco fiable.

Asimismo, Palacios y Mateos indicaron que, mientras ahora basta presentar la cartilla para recibir empleo comunitario, el nuevo subsidio asistencial será del mismo orden en cuantía (el 60% ó 70% de las 1.072 pesetas diarias de salario mínimo, frente a las 1.270 pesetas cuatro veces por semana), pero quedará restringido a tres meses y sólo accederán al mismo quienes, puedan haber generado 70 jornales durante el año anterior. Además, sólo podrá disfrutarlo un miembro por familia, excluirá a los menores de edad y a las mujeres, y con menores recursos totales que el empleo comunitario se extenderá a otras zonas.