El fiscal pide el procesamiento de altos cargos de Renfe por un accidente con 26 muertos
El ministerio fiscal ha solicitado el procesamiento del director general de Transportes de Renfe, Francisco Javier Moreno de Mesa, y de otros siete responsables de diversos servicios de Renfe por su posible responsabilidad en el accidente ocurrido el 24 de septiembre de 1980 en el paso a nivel de Chirivella, a consecuencia del cual fallecieron 26 personas.
Los procesamientos han sido pedidos por el fiscal, entre otras diligencias, en un escrito dirigido a la Sección Primera de la Audiencia Provincial que solicitaba la revocación del auto de conclusión del sumario, con el único procesamiento del guardabarreras, dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, Antonio Pardo, el pasado 30 de marzo. La Audiencia ha revocado la conclusión del sumario y lo ha devuelto al juez instructor, con lo que deja la puerta abierta a posibles nuevos procesamientos y la continuación de las diligencias.En consecuencia, el magistrado Antonio Pardo ha citado a declarar a Moreno de Mesa, que cuando ocurrió el accidente era director de la 41 Zona de Renfe, y a Juan Palop Ruiz, entonces jefe de Obras e Instalaciones de la misma zona.
Supuesto delito de imprudencia
El fiscal pide el procesamiento de estos dos directivos de Renfe y de quien resulte ser el encargado de la seguridad, como presuntos responsables de un delito de imprudencia, tipificado en el artículo 565 del Código Penal, en relación con los artículos 407, 420 y 563. Los otros funcionarios de la empresa ferroviaria cuyo procesamiento se pide por idéntico motivo son Juan José Ramos Jiménez, encargado de la brigada 413 eléctrica cuando el accidente; Gregorio Giménez Mora, que estaba al mando de la sección 41 eléctrica; Jesús Pajares Torres, jefe de la citada sección y encargado de la brigada 413 de instalaciones de seguridad, y Juan Doménech Torres, subjefe de la sección 41 del mismo servicio.
El tren arrolló un autocar
El accidente de Chirvella se produjo al ser arrollado un autocar de servicio interurbano de pasajeros por el tren cuando aquél cruzaba la vía. Las barreras estaban levantadas y se daba la circunstancia de que estaba averiado el sistema automático de sonería que permite avisar anticipadamente de la llegada del tren.El guardabarreras había avisado de la avería horas antes, pero no fue reparada hasta el día siguiente por la mañana.
Cuando el juez dictó la conclusión del sumario, el abogado de la mayor parte de los familiares de las víctimas, Josep Lluís Albiñana, recurrió primero en reforma y después en apelación, pero ambos recursos fueron desestimados. Ha sido ahora el ministerio fiscal, que no había solicitado hasta el momento más procesamientos que el del guardabarreras, quien ha recogido en su solicitud de revocación del sumario una gran parte de las razones expuestas por la acusación particular en el sentido de que había responsabilidades penales a más altas instancias.
En el escrito del fiscal se alude a la media diaria de intensidad de tránsito de vehículos por el paso a nivel, que era en 1980 de 17.529 por 20 convoyes ferroviarios, a pesar de lo cual se tardó tanto en acudir a reparar el sistema de sonería porque, según las declaraciones recogidas, la sección 41 eléctrica sólo disponía de un vehículo, que en aquel momento estaba desempeñando otro cometido.
Por su parte, la Sección Primera de la Audiencia, en el escrito de revocación de la conclusión del sumario pide que se reciba declaración a Moreno de Mesa y Palop Ruiz, así como a la persona que ostentaba entonces el cargo de jefe de Coordinación de Seguridad de la 4ª Zona de Renfe.
Especifica que deben manifestar si conocían que desde 1978 los diferentes guardabarreras habían pedido mayores medidas de seguridad y si se ha aplicado el Real Decreto de 25 de agosto de 1978, que establece que los pasos a nivel con un índice de tráfico como el de Chirivella deben transformarse en pasos a desnivel.
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