120 empresas del cinturón barcelonés pagan cuota de 'protección' a un grupo de presuntos policías

El alcalde accidental de Cornellà de Llobregat, Carles Navales, manifestó ayer a este periódico que "alrededor de 120 empresas del cinturón industrial barcelonés, en la comarca del Baix Llobregat, pagan una cuota de 6.000 pesetas mensuales por servicios de protección especial". Según Navales, esos servicios "son ofrecidos por un grupo de nueve personas, presuntamente miembros de la Policía Nacional". Estos datos han llegado al despacho de la alcaldía de Cornellà a través de informes que les han facilitado tanto algunos de los propios empresarios afectados, como el jefe de la Policía Municipal de la población, Jerónimo Aguilar.

La confirmación de las investigaciones municipales sobre miembros de la Policía Nacional y del Cuerpo Superior de Policía se produce ahora, a partir de datos procedentes de Cornellá. La información ha sido recopilada por los agentes municipales de esta población, después de diversas pesquisas en torno a los policías presuntamente involucrados en esos servicios ilegales. Toda la documentación obra, desde ayer, en poder del gobernador civil.Las informaciones obtenidas hasta el momento en Cornellá señalan que en la comarca del Baix Llobregat realizan servicios ilegales nueve presuntos miembros de la Policía Nacional. A cambio de su servicio, reciben de los empresarios 6.000 pesetas mensuales y facilitan recibos en concepto de protección o vigilancia especial.

El referido servicio consiste en establecer un circuito suplementario de vigilancia. Patrullan las zonas industriales con vehículos particulares y, utilizando su condición de funcionarios de los cuerpos de Seguridad, detienen en estos horarios extras a los sospechosos y les trasladan a la comisaría. Normalmente, tras ser sometidos a un breve interrogatorio, son puestos en libertad.

El Ayuntamiento de Cornellá, tras establecer una serie de vigilancias, ha podido controlar uno de estos vehículos. El número de su matrícula ha sido facilitado también al gobernador civil para que, a partir de este dato, pueda establecerse la identidad de los responsables.

Según Carles Navales, de la información obtenida se desprende también que "estos grupos especia les de vigilancia se están extendiendo no sólo en la comarca, sino más allá del ámbito de Cataluña" Asimismo, asegura que los empresarios que les han facilitado estas informaciones se muestran dispuestos a declarar todo lo relacionado con el tema, con el fin de terminar con estas acciones ilegales.

Repetidos enfrentamientos

EL PAIS ha tenido acceso a la denuncia presentada en otoño del año pasado por el industrial Ricardo Ramos Dueñas, de la empresa Desguaces Rubio, de Viladecans, en la que éste manifestaba que "se le presentó la Policía Nacional, con el fin de invitarle, por la módica cantidad de 6.000 pesetas al mes", a disponer de vigilancia "por parte de miembros de ese cuerpo con vehículos particulares". Ricardo Ramos accedió en principio a pagar una mensualidad durante cuatro meses, hasta que el hecho fue conocido por su padre, funcionario del Ayuntamiento de I'Hospitalet. La existencia de este documento fue negada con toda rotundidad por el propio alcalde de Viladecans, el socialista Miguel García Fenosa.El clima de tensión y de guerra fría existente entre los cuerpos de la Policía Municipal y la Policía Nacional en algunas localidades del Baix Llobregat viene arrastrándose desde hace más de un año. Según fuentes municipales de Viladecans, estos enfrentamientos han llegado en ocasiones a la amenaza personal. El descontento entre los miembros de las policías municipales respecto de la actuación de algunos miembros de la Policía Nacional y del Cuerpo Superior de Policía ha sido reiterado constantemente a las máximas autoridades locales.

De toda esta situación, según el anterior teniente de alcalde de Gobernación de Viladecans, Josep Lluís Atienza, se había informado al gobernador civil hace algunos meses. El propio oficial jefe de la Policía Municipal de esa localidad reflejaba dicha situación refiriéndose a la actuación de un inspector de la comisaría de Víladecansal que posteriormente se le abrió un expediente: "Ante estos hechos, el que suscribe está dolorosamente harto. Señor alcalde, le puedo prometer y prometo que si usted no toma inmediatamente medidas como corresponde, el que suscribe se verá en la obligación de hacer la correspondiente denuncia contra dicho señor al jefe superior de Policía, al gobernador civil, a los periódicos y, si hace falta, al Ministerío del Interior".

Igualmente, en otros escritos, que obran en poder de EL PAIS, se pone de manifiesto la ausencia de un inspector de guardia al solicitarse que efectuara un servicio, para lo que fue necesario un requerimiento del secretario del juzgado a fin de que "se personase el inspector de guardia, ya que no se encontraba en el lugar de guardia".

Por otra parte, el oficial jefe de la Policía Municipal de Viladecans dio órdenes a los miembros de su plantilla, en diciembre pasado, de "no hacer de taxistas, como lo estamos haciendo para los inspectores de guardia, por aquello del espíritu de cuerpo, ya que ellos tienen el coche camuflado K aparcado en Comisaría, así como los Z; dicha orden me vino respaldada por mi superior, el teniente de alcalde señor Atienza". Según este mismo escrito, algunos miembros de la Policía Nacional habrían confiado sus quejas al jefe de la Policía Municipal por el hecho de que los coches camuflados K fueran utilizados por algún inspector "para sus juergas particulares y no para servicio, como tiene obligación".