Mantener el Estatuto vasco / y 2

Hablar de la LRU es una simple especificación del género más amplio que es el Estatuto. Pero antes de aludir al precepto del Estatuto, inequívoco para nosotros, que fundamenta la competencia de la comunidad autónoma en materias de enseñanza superior, estamos obligados a hacer otras consideraciones en las que se apoya la pretensión de conectar la UPV a la sociedad vasca y a sus órganos representativos.En síntesis, la describiríamos así: hay de por medio una reivindicación histórica, se constata una voluntad social actual que se mueve en esa dirección y es necesaria una regulación específica, no general y uniforme, de múltiples campos de la institución universitaria vasca. De alguna manera, este índice de motivos está apuntado en el informe sobre los efectos que puede producir la aplicación de la LRU en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU), que fue elaborado por el rectorado y remitido a los parlamentarios y a los responsables de Universidad de la Administración central y autonómica.

La aspiración de la Universidad vasca

La reclamación de una Universidad pública es entre nosotros una aspiración antigua, tan antigua al menos como la susceptibilidad que las peticiones han suscitado en el poder central y la firmeza en la negativa a atender. Excluidos como quedamos de la ley distrital de Moyano, la Diputación de Navarra, en 1886 y 1888, intentó crear una Universidad pública, la Universidad vasconavarra, que dispusiera de todas las facultades autorizadas por la ley de Instrucción Pública. Logró el apoyo de las otras tres diputaciones, pero sin que las gestiones tuvieran eco en la Administración central. Cayó en el vacío también el mensaje de las diputaciones de 1916, en el que se reclamaba plena responsabilidad en el campo de la enseñanza superior. A patir de esa fecha se desarrolla un sólido movimiento, encauzado a través de los Congresos de Estudios Vascos, que sitúa la reivindicación universitaria como un elemento primordial de la reivindicación nacional vasca.Con la excepción de aquellas fuerzas políticas que desconfiaban en las pretensiones autonómicas del país y de su concreción universitaria, un amplio abanico de partidos, de asociaciones culturales y de personalidades, abogan por la constitución de la Universidad vasca, eje en el que había de apoyarse el desarrollo sociocultural de Euskal Herria. De la acogida y de la respuesta gubernamental al movimiento popular pro Universidad vasca, algo dice la anécdota de la detención y apresamiento de José María de Leizaola, que se atrevió a gritar en un acto público: "¡Viva la Universidad vasca!" En el período republicano se extendió la confianza de que el Estatuto de Autonomía vendría acompañado de la Universidad, que se concebía como institución científica válida, homologable a las mejores universidades de España y de Europa. Anotemos que hombres como Jiménez Díaz Mirol, Ortega y Gasset y Fernando de los Ríos manifestaron públicamente su convicción de que no se podía, privar por más tiempo al País Vasco de una Universidad pública, que debía vincularse a los poderes autonómicos que pudieran establecerse. A nadie ha de extrañar que el Gobierno autónomo se apresurara a establecer en plena guerra civil, en otoño de 1937, y como uno de sus primeros actos de gobierno, la Universidad vasca, y que el general Franco se dio la misma prisa en borrar toda señal de tal Universidad tan pronto como ocupó la capital de la región autónoma. Treinta y tantos años después aparecerá una Universidad de Bilbao, con ámbito territorial reducido a Vizcaya. Ha tenido que llegar la transición para que se creara el distrito después de las primeras elecciones de 1977, arropado en 1980 con la denominación de UPV.

Poco nuevo se puede decir que no se sepa respecto de la actualidad de la reivindicación. En la década de los setenta, el eslogan Sí a la Universidad vasca (Euskal Unibertsitatea, bai), afirmación positiva y creadora, dotada de imagen propia por la inspiración de Eduardo Txillida, se aireó en todos los rincones de Euskadi. La dureza de las condiciones de creación de los centros superiores que iban apareciendo, la distancia entre la Universidad soñada y lo que sin ningún género de previsión y de recursos se ha ido constituyendo, no ha podido con la convicción social de que sin una Universidad abierta al mundo y proyectada sobre el País Vasco, difícilmente maduraremos como pueblo moderno.

Funcionalidad de la autonomía

Quienes hayan tenido la oportunidad de seguir de cerca el desarrollo de nuestra Universidad admitirán sin dificultad que existen problemas singulares y específicos -materiales, humanos, culturales- que no pueden ser resueltos con una normativa general y uniforme. Creo que son conocidos por la dirección del Ministerio de Educación y Ciencia; debieran conocerlos los parlamentarios elegidos por las provincias de la comunidad autónoma. En cualquier caso, el informe del rectorado, al que hemos aludido anteriormente, pone el dedo en la llaga. De las páginas de dicho informe, elaborado con distancia y desapasionamiento, se desprende claramente que los problemas más importantes que suscita el tránsito de la situación actual a un estado de normalidad universitaria -entendiendo por tal la Universidad europea- son tratados defectuosamente, con soluciones inadecuadas, en la LRU.Se manifiesta allí inquietud ante la previsible ordenación académica, que se ha de proyectar sobre departamentos y centros situados en campos muy alejados, y alarma ante la regulación del profesorado, que debe alcanzar -como ardientemente deseamos- cotas europeas de cualificación, pero sin perder de vista que se parte de una Universidad muy joven, periférica, brutalmente masificada, requerida por las exigencias de una pluralidad de culturas. Si el objetivo confesado es la formación del profesorado, la conversión de la Universidad en un centro de excelencia de producción y transmisión de conocimientos, ningún legislador responsable puede olvidarse de fa estructura real, de la composición real del profesorado. Se dice que por imperativos de la unidad del Estado y en virtud de las facultades de las Cortes, y de las competencias del Gobierno central, se requieren soluciones iguales y uniformes. Debe ser muy importante afirmar los principios políticos del Estado unitario. Quizá no sea difícil entender que lo que algunos queremos es sacar a flote y dignificar la Universidad de la que somos responsables.

Queremos destacar que, frente a la LRU, somos además autonomistas por razones funcionales, por imperativos de supervivencia universitaria situados en el corto plazo. Es, sin duda, grande la carga de mesianismo y brillante el aura de seguridad y de razón histórica que envuelve a los reformadores, encabezados por el ministro Maravall. Apenas hay sosiego y tiempo para escuchar las razones de los discrepantes -compasivamente conceptuados, desde la alta pirámide de los doscientos y pico votos, o como estúpidos o como portavoces de intereses inconfesables-: la ley atraviesa el Parlamento como un cohete el firmamento en una fiesta de verano. Hay, sin embargo, cosas evidentes: quizá no me equivoco demasiado si afirmo que los autores de la reforma no se inquietan por futuras, aunque próximas, imputaciones por el daño irreparable que han de sufrir muchos centros de nuestras universidades, creados, sin embargo, frívola y alegremente por sus antecesores en el Gobierno del Estado. Omito decir que la luz que destella la reforma no llega a iluminar la orilla donde esperamos la riada los presuntos damnificados.

Mantener el Estatuto

Llegamos tarde para participar en la trilla cuando la cosecha está a punto de recogida y almacenamiento. Somos conscientes de que la reclamación de la competencia en materia de enseñanza superior que nos reconoce el artículo 16 del Estatuto de Guernica es un tópico molesto, propio de aquéllos que no terminamos de enterarnos del nuevo rumbo que ha tomado el Estado de las autonomías. Ahí está, sin embargo, el artículo 16. Por encima del barullo y del ruido de las razones de distracción, quisiera que alguien me dijera si la competencia que pactamos es compatible con las funciones generales que se atribuyen al Consejo de Universidades, y con el largo rosario de facultades y funciones específicas que le corresponden, desgranados en el texto legal. Si es compatible con las competencias que se reserva el Gobierno central. ¿Hay alguien que honestamente pueda afirmar que la LRU se limita a desarrollar en favor del Estado las competencias básicas reconocidas en los artículos 27 y 149 de la Constitución, que existe una conexión necesaria entre las facultades que se atribuyen del Consejo de Universidades del Gobierno del Estado y los preceptos citados de la norma fundamental? ¿Alguien de talante autonomista que pueda pensar que la competencia estatutaria reconocida queda atendida en el papel que reserva la ley de la comunidad autónoma? No es buen procedimiento caricaturizar la discrepancia, descalificándola con sofismas y juicios. de intenciones. Se ha dicho que reclamábamos mayor autonomía política porque queremos controlar la Universidad, como se ha dicho que esta ley defiende a la Universidad de tales pretensiones. Es obvio que no ya la sociedad, sino el Gobierno central, se reserva mecanismos fundamentales de dirección y control de la Universidad, accionados directamente o a través del Consejo de Universidades; por otra parte, es conocido que nuestro programa de gobierno se basa en el respeto al ámbito propio de la autonomía universitaria. Simplemente pretendemos ejercitar las facultades que se adjudican a la comunidad política y qué son posibles en una interpretación válida de la Constitución. Pretendemos que se respete el Estatuto vasco.