El indulto a los golpistas

LA RECURRENCIA de rumores o proposiciones sobre un indulto a los golpistas condenados del 23-F vuelve a poner de relieve el llamado problema militar español. La suposición de que la resolución de ese problema está conectada con algún tipo de demencia para los protagonistas de la intentona del golpe de Estado carece de toda base y ancla su suposición en una hipótesis del todo gratuita: la de que la libertad de Tejero y Milans significaría, al tiempo, una prueba de fortaleza del Estado y una especie de reconciliación civil con las Fuerzas Armadas. El Estado democrático demostró su consistencia precisamente haciendo posible el juicio y condena contra los rebeldes. El Ejército español selló, como el resto de las instituciones de nuestro país, su compromiso democrático con el acatamiento a la Constitución, repetidas veces por él demostrado. Su reconciliación, su conciliación más bien, con aspectos de la sociedad civil no comprendidos o no queridos por las Fuerzas Armadas pasa por la modernización de éstas, por la reforma de la enseñanza militar y por la ruptura de mentalidades y actitudes obsoletas en el seno de los Ejércitos. Todo ello llevará tiempo y precisará prudencia, pero suponer que es imposible de hacer con los rebeldes del 23-17 en la cárcel es toda una provocación y un insulto a los militares demócratas y a los militares profesionales a secas, que sienten hoy la vergüenza del vídeo de Tejero y el bando de Milans del 23-17 como uno de los más denigrantes y bochornosos espectáculos que pudo dar un Ejército de un país moderno en la última etapa del siglo XX.La conexión de la petición de un indulto general con la necesidad de hacer algo parecido respecto a ETA no añade sino confusión al tema. Siendo gravísimos los crímenes de golpistas y etarras, son de naturaleza y objeto bien diferentes. La Constitución española prohíbe los indultos generales, con el buen criterio de unos legisladores que saben que la única manera de hacer sólido un Estado de derecho es garantizar que la ley no ha de ser burlada mediante la aplicación de sistemas políticos. La amnistía previa a la aprobación de la propia Constitución puso punto final a las disensiones históricas y facilitó en adelante la normal aplicación de la ley. La posibilidad de aplicación de indultos particulares en una eventual negociación con los etarras para la pacificación del País Vasco, o como beneficio a aplicar a los golpistas, debe venir marcada lo mismo por los merecimientos de los indultados que por la consecución de mejoras reales para el conjunto de la sociedad española.

En el caso de los ex militares golpistas encarcelados, la suposición de que su situación es una afrenta al Ejército, la mendaz historia del desfavorable trato que se les otorga, cuando de hecho forman parte privilegiada de la población penal, y la actitud provocativa de la mayoría de las voces -la de Tarradellas es una excepción- que se alzan pidiendo el indulto son buena muestra de que en este tema nos hallamos una vez más ante el guirigay involucionista de los eternos descontentos de la ultraderecha. Sólo el tiempo y la solución de fondo del problema militar permitirán al Gobierno plantearse con serenidad y lucidez la posibilidad de aplicar indultos particulares a los rebeldes, en un ambiente de normalidad política y sin que de ello dependa para nada la asunción por el Ejército de la legalidad democrática.