¿A quién molesta el ZEN?

En esa insoslayable necesidad de "excluir toda exclusión", que escribiera Renán, está el verdadero fundamento, la razón primera, de un régimen de libertades, democrático, donde el pueblo en su conjunto, sumadas las voluntades individuales de los ciudadanos, ejerza en plenitud la soberanía nacional. Pero no es menos cierto que hay minorías que se autoexcluyen, de forma consciente y voluntaria, de ese fecundo proyecto de vida en común de construir un futuro mejor para todos, desde la responsabilidad, la paz y la libertad, que implica la convivencia democrática. Son estos últimos a quienes podríamos calificar de antisociales, los opuestos a la sociedad, al imprescindible orden social, donde la ley sea expresión de la voluntad popular. De los antisociales -fauna variada y rica en divisiones y perfiles-, ninguno más peligroso, feroz, sanguinario y amenazante para la seguridad ciudadana que el terrorista, cuya única razón de existir es la sucesiva ejecución de actos de violencia para infundir terror en el corazón de los hombres.Las políticas antiterroristas, en España y en todos los países con regímenes democráticos, han constituido hasta el presente un conjunto de reacciones, a remolque de los acontecimientos, que no han dado la respuesta eficaz que fenómeno de tanta gravedad reclama. Ello indica bien a las claras que el tratamiento adecuado del hecho terrorista, por la complejidad del problema, requiere un esfuerzo de imaginación, unos medios suficientes y una voluntad política inequívoca de enfrentarse con el problema sin dilaciones. Desde estos presupuestos, el Ministerio del Interior, en los pocos meses de gestión del Gobierno socialista, ha elaborado un minucioso plan para elevar la seguridad ciudadana en aquellas zonas de España -País Vasco y Navarra- donde la ya prolongada acción de la criminal actividad del terrorismo de ETA hubiese erosionado ese bien primario, y ese derecho del ciudadano, que es la seguridad.

En ese plan -el tan publicitado ZEN o Zona Especial Norte- se recoge un completo abanico de medidas políticas, legales, psicológicas, sociales y políciales, para luchar con decisión y sin complejos, desde la legitimidad de un sistema limpiamente democrático, donde la libertad y los derechos humanos tienen que ser conceptos respetados y defendidos de modo permanente. Qué duda cabe que la acción poficial en un plan de estas características tiene un relieve especial, pues no en vano, en la norma constitucional, los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado tienen como misión esencial la defensa de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana. La sola redacción del plan -que, por desgracia, nadie puede aventurar que vaya a ser una panacea para erradicar el terrorismo- es un síntoma positivo de que existe esa necesaria voluntad de no dejar que los problemas se pudran, y, muy por el contrario, ante esta grave amenaza se quiere recobrar la iniciativa que hasta ahora ha estado en manos de los terroristas. Aunque sólo fuera por ello, el. plan debe contar con el respaldo popular de todos quienes de verdad han apostado, con fe, ilusión y entusiasmo, por la senda democrática para asentar la convivencia de los españoles.

Rechazar las justificaciones

La sociedad recibe el mensaje terrorista a través de la impresión, inesquivable, del atentado o del asesinato de turno -"que nadie pueda llamar al asesinato por otro nombre que el de asesinato", ha escrito Juan Pablo II- y ningún ciudadano puede sustraerse, por diversas que sean las reacciones, a los efectos que en una sociedad moderna produce la destrucción de una o varias vidas humanas. Hay que rechazar de plano cualquier intento de justificación del crimen terrorista, máxime en un régimen democrático. Hay que acabar de una vez por todas con las campañas de desprestigio de los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado; campañas intencionadas que sólo favorecen los criminales propósitos de los peligrosos antisociales. Hay que llevar al ánimo de todos los ciudadanos que los cuerpos policiales están a su servicio, en primera línea en la defensa de los derechos y libertades individuales y colectivos, y en garantizar la irrenunciable seguridad ciudadana, pues de lo contrario la libertad es imposible. En las Ordenanzas de la Guardia Civil, en su artículo octavo, podría resumirse el papel que frente al ciudadano es preciso representen cada día los miembros de los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado o de las policías autonómicas: "Será siempre un pronóstico feliz para el afligido, infundiendo la confianza de que a su presentación, en el que se crea cercado de asesinos, se vea libre de ellos; el que tenga su casa presa de las llamas, considere el incendio apagado; el que vea a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea salvado, y, por último, siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos".

Si el ZEN, como es de esperar, consigue a medio plazo restar apoyos a los terroristas; hacer más rentable la acción policial en su trabajo diario para prevenir y luchar contra el delito; lograr una mayor colaboración y cooperación entre la policía autónoma vasca o faral de Navarra y los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado en la erradicación del crimen; perfeccionar la formación de quienes más directamente se van a enfrentar con la amenaza terrorista; mejorar la protección de personas e instalaciones. Si el ZEN, repetimos, consigue lo anterior, se elevarán las cotas de seguridad ciudadana en todo el País Vasco y Navarra. Y tan sólo esto -que es mucho y una insoslayable exigencia popular- es lo que pretende el ZEN, dentro de un plan nacional de seguridad ciudadana. ¿A quién, pues, molesta el ZEN? Todos lo sabemos.

es director de la Seguridad del Estado.