Propuesta portuguesa para la negociación pesquera con España

El Gobierno portugués concluye la elaboración de la propuesta que formulará dentro de dos semanas a las autoridades de Madrid para la reapertura de las negociaciones pesqueras hispano-portuguesas. El tema ha sido objeto de varias reuniones de trabajo entre el ministro ]uso de Exteriores, Jaime Gama, y el titular del nuevo Ministerio del Mar, Carlos Melancia.Este último considera que el texto definitivo de la propueta portuguesa estará listo para ser enviado a Madrid alrededor del 29 de julio y que las negociaciones podrán iniciarse después del verano.

Melancía señaló que la posición portuguesa es firme en relación a cuatro principios: reserva absoluta de las aguas territoriales dentro del límite de las 12 millas a los pescadores portugueses; control y reducción, mediante el sistema de las licencias, de las capturas autorizadas a barcos españoles dentro de la zona económica exclusiva de 200 millas; reserva prácticamente total de la pesca de las especies sedentarias en provecho de los pescadores portugueses, y establecimiento de un acuerdo pesquero hasta 1986.

Las autoridades portuguesas consideran que la suspensión, desde el 1 de enero, de todas las licencias anteriormente atribuidas a los armadores españoles y portugueses para faenar en las aguas del país vecino constituye una experiencia que confirma la validez de las reclamaciones portuguesas. En los últimos meses se ha producido una mejora cuantitativa y cualitativa de las capturas realizadas por la flota pesquera nacional.

Los únicos portugueses afectados negativamente han sido los pescadores de la zona fronteriza del estuario del Guadiana: sus barcos están amarrados desde el principio del año.

En los medios próximos del Gobierno de Lisboa se admite que la fecha de 1986, prevista para la en trada de España y Portugal en la CEE es el hecho que condiciona todo el contencioso. El cálculo de las Capturas reservadas a los países miembros que tengan derechos históricos sobre las aguas de otros miembros se realiza en base a la media de los tres últimos años antes de la fecha de adhesión; el año 1983 deberá, pues, ser incluido en este cálculo, y es evidente que la suspensión en vigor desde hace seis meses ha contribuido a reducir el volumen de las capturas que España podrá exigir en aguas portuguesas después de la adhesión de los dos países a la CEE.