La negativa del Gobierno a transferir el IRYDA compromete la reforma agraria en Andalucía

La realización de la reforma agraria en Andalucía, anunciada hace varias semanas por el presidente de la Junta, Rafael Escuredo, y recibida con cierto recelo en la izquierda no socialista, puede verse seriamente comprometida si el Gobierno central continúa negándose a transferir al andaluz las competencias sobre el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). El consejero de Agricultura y Pesca, Miguel Manaute, aún confía en llegar a un acuerdo satisfactorio, a pesar de lo infructuoso de las negociaciones desarrolladas hasta ahora.

La última sesión negociadora entre ambas partes tuvo lugar el jueves día 7, y en su transcurso se llegó a un acuerdo completo en lo referido a las competencias del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona), aceptando el Ministerio de Agricultura el texto alternativo presentado por la Junta andaluza, pero las discrepancias siguieron en pie en materia del IRYDA, "lo que dificulta la elaboración del proyecto de ley de reforma agraria, que hemos prometido llevar al Parlamento andaluz en el próximo otoño", según el consejero Manaute.El punto clave de la divergencia no se centra en la ejecución de obras atribuidas al IRYDA, para cuyo traspaso al Gobierno andaluz no existen dificultades, sino en el problema fundamental de la política de redistribución de tierras, que el Ejecutivo presidido por Escuredo considera que le debe ser atribuida. Su argumento fundamental se basa en el texto del Estatuto de Autonomía andaluz, que en su artículo 18 declara como competencia exclusiva de la comunidad autónoma andaluza "la reforma y el desarrollo del sector agrario".

¿Quien firma los decretos?

Para el Gobierno andaluz, la práctica de una política autónoma de reforma agraria está en función, entre otras cosas, de la posibilidad de decidir sobre la propiedad de la tierra, sin necesidad de contar con el visto bueno de Madrid. "El tema está en saber quién tiene la última palabra, si Madrid o Sevilla, es decir, quién firma los decretos de expropiación", expresaba a EL PAIS un alto cargo del Gobierno andaluz, poniendo como ejemplo un caso llamativo de medidas expropiatorias de fincas por motivos de utilidad sociaLRepresentantes del Ministerio de Agricultura, por su parte, se atienen a lo previsto en la Constitución acerca de la política agraria, donde tiene cabida también una interpretación restrictiva para los intereses de las comunidades autónomas. Además, en este departamento ministerial se teme que el ejemplo andaluz, en caso de conseguir sus aspiraciones en esta materia, sirva como punta de lanza y provoque una carrera de demandas semejantes por parte de otras comunidades, que hasta ahora se han conformado con un techo de competencias más limitado.

Miguel Manaute, consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, se mostraba, no obstante, optimista acerca de las posibilidades de llegar a un acuerdo final en las reuniones previstas para los próximos días, fundando su esperanza en los compromisos que el presidente del Gobierno, Felipe González, habría contraído al respecto en su entrevista con Rafael Escuredo. "Esperamos que el ministerio haga al final un esfuerzo, como nosotros hemos hecho ya, y todo acabe bien", indicó Manaute. El anuncio de reforma agraria hecho por Escuredo en Ronda fue acogido de modo expectante por las fuerzas políticas y sociales andaluzas, con elogios por parte del empresariado y cierto recelo del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Partido Socialista de Andalucía (PSA) y Sindicato de Obreros del Campo (SOC), aunque del proyecto no se conoce nada en concreto. En medios agrarios independientes de partidos y sindicatos se coincide, de cualquier forma, en que una reforma agraria sin poder para decidir sobre la propiedad de la tierra y sin autonomía financiera -la financiación habrá de correr a cargo del Estado-, quedaría muy lejos de las necesidades del campo andaluz.