El Pleno eleva hasta 12 años de cárcel la pena por el delito monetario, contra la opinión del Grupo Popular
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la modificación de la ley sobre régimen jurídico del control de cambios. La máxima discusión de este proyecto de ley estuvo centrada en la pena establecida para el delito monetario cuando su importe exceda de 50 millones de pesetas, que se estableció en prisión mayor, esto es, de 6 a 12 años de cárcel. El Grupo Popular recordé en el debate que el PSOE ha rebajado el castigo para los delitos contra la propiedad en la reciente reforma del Código Penal.En nombre de este grupo, José María Ruiz Gallardón citó párrafos del discurso del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, en su presentación a la Cámara de la reforma del Código Penal en los que justificaba la atenuación de las penas en delitos contra la propiedad sin fuerza en las cosas, entre otras figuras delictivas. En consonancia, según su criterio, con la filosofía del ministro, Ruiz Gallardón solicitó una rebaja en las penas para los delitos monetarios. Recordó que en la comisión, el PSOE aceptó la reducción a prisión menor -hasta seis años de cárcel- y criticó el cambio de criterio del grupo de la mayoría.
Insistió en que la pena atribuida al delito monetario es superior a la que corresponde al cohecho y al homicidio en riña tumultuaria. En cuanto al delito monetario, manifestó que "si la economía española fuera boyante, no se iría el dinero fuera del país, sino que al contrario, vendría de fuera". Aseguró que la evasión de divisas se produce por la mala política económica, de la que solo es responsable el Gobierno.
En todo caso, aseguró que su grupo no pretende defender ni exculpar el delito monetario, sino convertirlo en un mero ilícito administrativo. Aseguró que muchos diputados socialistas se encontraban de acuerdo y les animó a que colaboraran con el Grupo Popular para controlar el Gobierno.
El socialista Eduardo Martín Toval defendió el voto particular por el que se vuelve al texto inicialmente remitido por el Gobierno que se mantiene para eldelito monetario de cuantía superior a 50 millones de pesetas la pena de prisión mayor y multa del tanto al décuplo de la cuantía del delito. Martín Toval justificó la modificación de posiciones del PSOE en los sucesivos trámites parlamentarios e insistió en el propósito socialista de que, dijo, "la ley tenga carácter ejemplificador para proteger a la economía nacional frente al delito monetario, hasta ahora prácticamente inexistente".
El Grupo Popular fracasó también en su intento de suprimir el delito de importar moneda metálica o billetes del Banco de España, hechos para los que José María Ruiz Qallardón pidió la consideración de falta administrativa.
