La directora del Plan Nacional ha ocultado información a la OMS, afirman dos científicos

Los doctores Pedro García Barreno y Angel Martín Municio, altos directivos científicos del Plan Nacional del Síndrome Tóxico (PNST), cuya dimisión ha sido conocida recientemente, entregaron hace más de un mes al ministro de Sanidad y Consumo y a la comisión del Senado para la investigación del envenamiento masivo un informe en el que explican los motivos de su dimisión, entre los que se señalan la ocultación de información sobre las investigaciones científicas por parte de Carmen Salanueva, directora general de dicho plan nacional, tanto a ellos en su calidad de responsables de dicha investigación, como a la reunión Internacional de evaluación del envenenamiento, coordinada por la OMS, que se celebró a finales del pasado mes de marzo en Madrid.

A Pedro García Barreno, presidente de la comisión unificada del PNST, y a Angel Martín Municio, presidente de la subcomisión de investigación básica, les resulta "extraño" que el Ministerio de Sanidad y Consumo y la comisión del Senado "no hayan reaccionado ante tal informe". Ambos científicos consideran que la situación "es grave" y que el Gobierno "debe actuar". Califican de "frívola irresponsabilidad" las declaraciones de la dirección del Plan Nacional del Síndrome Tóxico, según las cuales su dimisión se ha debido a motivos profesionales por incompatibilidad con sus otros trabajos.La espoleta de su dimisión se relaciona con una investigación de los aceites que la autoridad judicial había precintado en la empresa Rapsa, de San Sebastián, con los que se pretendía reproducir el proceso de refino a que pudieron ser sometidos los presuntos aceites tóxicos puestos en el circuito de consumo alimentario, uno de los cuales, según la OMS, "ha causado el síndrome del aceite tóxico".

Esa investigación detectó mezcla de aceites minerales en las cisternas precintadas. Tal dato pudo variar la valoración de la reunión internacional coordinada por la OMS. "Alguien debe explicar por qué se ha ocultado. Alguien debe afrontar la actual incapacidad para resolver los numerosos problemas que plantea la investigación y la atención del síndrome tóxico. Sin embargo, la única respuesta oficial que se ha producido consiste en negar las verdaderas razones de nuestra dimisión. No se entiende este silencio del Senado y del Gobierno", señalan.

La carta de dimisión

El Plan Nacional del Síndrome Tóxico depende, con rango de dirección general, del Ministerio de Presidencia del Gobierno y conecta con el Gobierno a través de una comisión interministerial formada por varios subsecretarios y presidida por Javier Moscoso, titular de aquel departamento ministerial.

La última reorganización del PNST se produjo en el pasado mes de marzo y fue anunciada otra después de la reunión internacional coordinada por la OMS, a finales del mismo mes (todavía no se ha constituido la comisión epidemiológica que estudie el síndrome tóxico). En aquella reorganización, los doctores García Barreno y Martín Municio ocuparon los cargos antes citados. Dos meses después han presentado su dimisión a Carmen Salanueva, directora general del plan, y han remitido un informe, en su condición de sanitarios, al Ministerio de Sanidad y Consumo, así como a la comisión del Senado que investiga lo concerniente a este envenenamiento masivo, dado que, a principios de abril, habían prestado declaración ante la misma y ya habían apuntado algunos de los problemas que, finalmente, los han llevado a dimitir.

En la carta, escrita conjuntamente por García Barreno y Martín Municio, no se alude a "motivos profesionales por otros trabajos" como ha insistido la dirección del PNST.

En la carta, de fecha de 30 de mayo, entre otras cosas, García Barreno dice: "El pasado día 27 de los corrientes tuve conocimiento fortuito de la existencia de datos analíticos sobre componentes tóxicos de señalados aceites, que habían sido entregados el día 22 de febrero pasado por personal del Instituto de la Grasa, de Sevilla, a esa coordinadora, quien me manifestó que dada la confidencialidad que suponían no fueron comunicados".

"Ante la irregularidad del, procedimiento", añade, "me trasladé ese mismo día a Granada, donde se encontraba quien, en febrero, ostentaba el cargo de presidente de la comisión de investigación biomédica del PNST, quien me comunicó que no tenía conocimiento de dichos resultados".

La carta sigue: "El sábado, día 28, me desplacé a Sevilla, donde mantuve entrevista con personal del Instituto de la Grasa, así como con quien, en régimen de ensayo ciego, había realizado pruebas de neurotoxicidad con determinados productos remitidos por dicho instituto. El representante de este centro me manifestó que, en su momento, se decidió la no presentación de los mencionados resultados a la reunión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a mediados del mes de marzo, ni a la de la OMS, a finales del mismo mes".

Finalmente añade "el ruego" de que el relevo en los cargos de los dimitidos "se haga a la mayor brevedad posible por no existir la confianza requerida para desempeñar nuestra función".

El mencionado informe a Sanidad y al Senado hace un balance crítico de la situación investigadora del PNST desde junio de 1982. En dos ocasiones, la reunión del CSIC y la de la OMS, Carmen Salanueva fue consultada por el instituto sevillano para saber si debía presentar a las mismas una comunicación al respecto y la directora del PNST lo rechazó.

El PAIS no ha recibido respuesta oficial sobre si el subscretario de Sanidad y Consumo ha hecho llegar este informe a la comisión interministerial para el síndrome tóxico. En él se señala que, a principios de junio de 1982, Martín Municio se hace cargo de la comisión de investigación biomédica en la que se nombra secretario a García Barreno. Se visitan los diferentes centros de investigación y se acuerda con el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) y con la Intervención General de la Seguridad Social, la contribución de recursos económicos para el desarrollo de un Proyecto Unificado de Investigación, simplificador de las investigaciones realizadas y con control administrativo a posteriori con el fin de que, sin merma de la rigurosa exigencia inspectora, se dispusiera de mayor agilidadad ministrativa para impulso de la investigación. El costo del proyecto se cifra en 14.600.000 pesetas, cantidad "ridícula" comparada con las antes concedidas a los diversos proyectos presentados a través de las comisiones existentes, y el informe señala que el proyecto estuvo "sometido desde el principio a toda clase de trabas".

Desconexión

El informe relata que, en enero de 1983, Eduardo Sanz es sustituido por Carmen Salanueva. Pedro García Barreno es encargado de presidir la comisión que unificará las distintas comisiones anteriores y Martín Municio queda como director de la subcomisión biomédica (o básica, como pasa a ser llamada). Y se informa a la nueva coordinadora del PNST en el sentido de lo anteriormente expuesto.

Se resalta que, durante enero, febrero y primeros días de marzo de este año "sigue el encorsetamiento administrativo". Se encarga a Martín Municio de la organización de la reunión de la OMS "demostrándose la total ausencia de planificación y coordinación, máxime cuando el CSIC organizó una reunión sobre el mismo tema sin que mediara diálogo alguno con el PNST". Sobre la reunión de la OMS, los autores del informe ratifican ahora en él que "no aportó dato nuevo alguno, tal como se esperaba". Estas mismas declaraciones, efectuadas en el pasado mes de abril ante el Senado, fueron motivo de "una protesta telefónica al jefe de relaciones internacionales del PNST por parte del doctor Tarkossky, jefe de la oficina europea de la OMS", según reflejan en el informe.

Se hace referencia, finalmente, a la creación de la Comisión Unificada de Investigación, el pasado día 28 de marzo, con la indicación de que es necesario el desarrollo del Proyecto Unificado de Investigación, así como, en relación con la investigación clínica, la necesidad de poner al día las diferentes patologías que ocasiona este envenenamiento, "lo que serviría de base para la puesta en marcha de un plan de seguimiento por tiempo indefinido". Y termina con el recuerdo del plazo de tres meses que, en sus declaraciones del día 7 de abril ante la comisión del Senado, fijaron para que se adoptaran las medidas que hiciesen posible dichos desarrollos.

Su dimisión se ha producido sin agotar este plazo.