AP y el PNV contestarán la LRU en el pleno del Congreso de mañana

El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados que comienza mañana cerrará la actividad legislativa de la Cámara baja en el primer período de sesiones de la actual legislatura, con el debate de los proyectos de ley de Reforma Universitaria (LRU), organización de la Administración central del Estado y régimen jurídico del control de cambios. Tanto el Grupo Popular como el PNV mantendrán una dura oposición a la LRU, cuya discusión ocupará la mayor parte de la sesión. El Grupo Popular contestará casi todo el contenido de la LRU, y en especial la composición y atribuciones del consejo social de las universidades públicas, así como la equiparación de los profesores agregados al cuerpo de catedráticos. Con todo, la aprobación de esta ley será políticamente más pacífica que las infructuosas discusiones sobre los diversos proyectos de ley de Autonomía Universitaria (LAU) presentados por los Gobiernos de UCD durante la anterior legislatura y que contribuyeron a la caída de varios ministros de Educación.

Por su parte, el PNV mantendrá -como ya lo hizo en comisión su portavoz, Íñigo Aguirre- una actitud crítica, y en algunos aspectos escéptica, sobre la virtualidad de la ley. Para el PNV, las competencias autonómicas atribuidas por el Estatuto de Guernica quedan menoscabadas con el texto de la LRU.

En cambio, la Minoría Catalana, que ha logrado la incorporación al texto legal de un importante paquete de enmiendas, sostendrá una posición favorable a la generalidad del proyecto de ley.

Por la izquierda, los diputados comunistas protagonizarán la máxima oposición a la LRU, en especial en lo referente a la composición de los claustros constituyentes, encargados de la elección del rector y de la elaboración de los primeros estatutos de cada universidad. La inconcreción en cuanto a su estructura -el texto actual se limita a establecer que el 50% de sus miembros serán doctores y que también deberán formar parte del mismo estudiantes y representantes de Administración y servicios- ha merecido duras críticas del PCE, en coincidencia con algunos sectores del propio PSOE.

El delito monetario

El Pleno del Congreso discutirá también el proyecto de ley sobre régimen jurídico de control de cambios, que modifica la de 10 de diciembre de 1979 en lo que se refiere a la tipificación del delito monetario. El Grupo Popular considera preferible suprimir los motivos que llevan a los particulares y a las empresas a colocar su ahorro fuera de su país, en lugar de penalizar la exportación y evasión de capitales.

En cuanto al proyecto de ley sobre organización de la Administración central del Estado, la oposición insistirá en denunciar el propósito socialista de proporcionar, a través de esta ley, una cobertura legal a la constitución del Gobierno socialista y a los actos administrativos realizados al amparo del decreto-ley de Reforma Administrativa Urgente, de 7 de diciembre de 1982, actualmente recurrido por el Grupo Popular ante el Tribunal Constitucional.