Ante la nueva ley de asilo / 1

Ante el proyecto de ley de Asilo que ha redactado el Gobierno, los autores de este artículo hacen una crítica de su contenido, censurando sobre todo las grandes atribuciones que se conceden al Ministerio del Interior y denunciando en general la incoherencia de los socialistas sobre esta normativa, antes y después de formar Gobierno.

El exilio es una lacra y un crimen de nuestro tiempo, fruto fundamentalmente de las dictaduras y las guerras modernas. Después de la guerra civil, también España ha padecido en su propia carne este drama de miles de españoles que tuvieron que pasarse gran parte de su vida fuera, por tierras de Europa y América Latina, donde, por lo general, fueron bien acogidos. Más tarde, España se ha convertido en lugar de asilo para numerosos exiliados políticos, unos 50.000 aproximadamente, la mayoría de ellos latinoamericanos. Todavía siguen llegando, aunque en menor proporción y ahora procedentes principalmente de Asia y Oriente Próximo.La verdad es que como país de asilo no podemos sentirnos orgullosos de haber escrito páginas muy brillantes, como puede hacerlo, por ejemplo, el México de Cárdenas, por el magnífico trato que. dio a los españoles allí exiliados. Aquí hay quienes han tenido un exilio, si no dorado, llevadero; pero otros, los más, lo han pasado mal. Han vivido en una situación de inseguridad jurídica, sin un estatuto de refugiados, bajo unas leyes y unas prácticas predominantemente ambiguas, arbitrarias y regidas por criterios policiales. Han debido enfrentarse a graves dificultades económicas, por falta de trabajo, y la ayuda económica oficial que se les ha dispensado ha sido escasa y ha estado encauzada casi exclusivamente en favor de los refugiados reconocidos por el Gobierno español, que suman 3.200 en la actualidad. Los latinoamericanos, en particular, han debido soportar en ocasiones campañas de desprestigio orquestadas por ciertos sectores sociales y ofíciales que, con el apodo de sudacas, los vinculaban automáticamente con cualquier acto de terrorismo o delito común que se producía y los presentaban como usurpadores del trabajo de los españoles.

Somos el país europeo que cuenta con menos número de refugiados. La política de admisión de nuevos refugiados se hace cada vez más cerrada, la más restrictiva de Europa. Hay datos que son elocuentes. Si tomamos el ejemplo del sur de Europa, la parte más próxima a nosotros por razones geográficas, económicas y políticas, constatamos que durante el año 1982 España sólo concedió el estatuto de refugiados a 256 personas, un 10% aproximadamente de las 2.600 personas que lo solicitaron, mientras que Francia reconoció a 17.174, que supone el 72% de las 22.741 peticiones presentadas. Respecto a Portugal, Italia y Grecia baste señalar que sus índices de admisión son muy superiores a los de España. Por el contrario, España obtuvo en ese mismo año del ACNUR 2.700.000 dólares, la mayor cantidad recibida, con bastante diferencia, por cualquiera de los países citados.

Vemos, pues, que entre los países europeos ocupamos el furgón de cola de la solidaridad y de la protección jurídica de los asilados. El argumento de la crisis y el paro -aparte de que en sí mismo tiene un valor relativo, puesto que la incidencia laboral de los exiliados en el mercado total de trabajo es irrelevante, y, por otra parte, no se puede prescindir de su aportación positiva en su serie de actividades- se estrella contra el ejemplo de solidaridad que en muchos aspectos nos dan otros países europeos que también sufren los golpes de la crisis y se sitúan en un nivel económico -e incluso democrático- parecido y hasta por debajo del nuestro. Algo fundamental, pues, falla en nuestra conciencia colectiva solidaria y en nuestra vida democrática referida a los exiliados.

No todo, sin embargo, ha sido negativo. Se han conseguido algunos logros en estos años pasados: el reconocimiento del derecho constitucional de asilo; la adhesión española a la Convención de Ginebra y al Protocolo de Nueva York sobre refugiados, que automáticamente se convirtieron, por lo menos a nivel formal, en ley interna del Estado español, y la promulgación de una normativa específica, en 1979, aunque peque de los mismos defectos jurídicos antes imputados a la legislación general. También hay que mencionar, por una parte, la destacada labor realizada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presidida desde su fundación por Justino de Azcárate, exiliado durante 38 años en Venezuela, y en la que están representados prácticamente todos los sectores sociales, sindicales, políticos y religiosos del país, por la Cruz Roja y otros organismos españoles; por la otra, en el plano de la comunidad internacional, la importante tarea y ayuda que han llevado a cabo ACNUR y diversas instituciones europeas no gubernamentales.

¿Esperanzas de cambio?

Con el acceso de los socialistas al poder crecieron las esperanzas del cambio en este campo. Así lo presagiaba la trayectoria solidaria del PSOE, que tanto ha hecho por los exiliados, entre otras cosas, contribuir, con otros partidos y organizaciones, a la creación de CEAR, de la que es miembro y hoy presidida por el senador socialista Alfonso Cucó; la presentación de dos proposiciones de ley de asilo en la anterior legislatura -elaboradas precisamente por uno de sus representantes en CEAR, hoy ministro del actual Gobierno- y su defensa en el Parlamento, dentro de una línea abierta y europea, y los anteproyectos presentados por el actual Ministerio de Justicia, inspirados en dichas proposiciones. Sin embargo, el proyecto salido recientemente del Consejo de Ministros, actualmente en poder de la Comisión Constitucional del Congreso, ha causado sorpresa, asombro y decepción entre quienes alimentamos tales esperanzas, desde los propios exiliados, pasando por las organizaciones que se ocupan de ellos y la defensa de los derechos del hombre, hasta los mismos socialistas. Las causas no pueden ser más claras. El proyecto, por una parte, entiende el asilo como una cuestión de seguridad del Estado, y de ahí que vincule la política en esta materia al Ministerio del Interior y, por otra, deja a los que buscan asilo en nuestro país en una situación de desprotección jurídica y administrativa ante la imposibilidad de recurso alguno cuando el Gobierno deniegue la solicitud del mismo. Quede claro, en primer lugar, que lo que aquí está en juego primordialmente es la concepción de lo que es y debe ser una política de asilo, no una disputa sobre si el Ministerio del Interior -y menos aún las personas que lo representan- es el bueno o el malo de la película, ni sobre la necesidad de que este ministerio ejerza sus responsabilidades específicas en esta cuestión. No se trata de un proceso a determinadas instituciones o personas, ni de poner en entredicho sus funciones propias. Lo que aquí se ventila en el fondo es una visión humana, una filosofía ética y política sobre el asilo y los asilados y hasta una manera de concebir la democracia. Porque el asilo es, ante todo, por su misma naturaleza, un problema humano de personas sin patria y sin casa, por causa de las dictaduras, que llaman a las puertas de nuestro país pidiendo ayuda y protección; un problema de derechos del ser humano; un problema de solidaridad y de convivencia democrática entre los hombres y los pueblos. Algo además que afecta al ámbito de las relaciones exteriores, laborales, jurídicas, educativas, al campo de la seguridad del Estado, de la seguridad social, etcétera. Y todo ello reclama una política global, inspirada en el respeto a los derechos de la persona y en la solidaridad, debidamente planificada y coordinada, donde la seguridad del Estado y, por tanto, el Ministerio del Interior han de cumplir un papel muy específico, pero de ningún modo pueden asumir el protagonismo principal, y mucho menos aún el único, como en la práctica pretende el proyecto.Precisamente sobre estos fundamentos se basaron las referidas proposiciones de ley del PSOE y el anteproyecto del Ministerio de Justicia, que se apoyó en ellas, defendiendo ambos, en coherencia con ellos, la creación del Servicio para la Protección de los Asilados (SEPRA), como el organismo autónomo y responsable de la política de asilo en nuestro país, integrado por todos los ministerios afectados y en el que se contaba con la presencia y la colaboración de ACNUR y CEAR, así como enclavado en el Ministerio de la Presidencia. Igual que lo han concebido los países democráticos europeos como Noruega, Dinamarca, Holanda y Portugal, Alemania, Bélgica, Francia e Italia, donde en la mayoría de ellos la política de asilo depende de los ministerios de Justicia; en otros, de organismos como el SEPRA u otros semejantes, y en el caso de Bélgica, de ACNUR, cuya organización y otras agencias no gubernamentales, por otra parte, participan o colaboran estrechamente con estos organismos responsables.