Confirman irregularidades en la gestión de la Seguridad Social de Guipúzcoa

Los inspectores de la Seguridad Social que investigan la estafa anual de 1.000 o 1.500 millones de pesetas supuestamente cometida en la residencia sanitaria de San Sebastián han confirmado la existencia de graves irregularidades en la administración de este centro en los últimos años, según ha podido saber EL PAIS.

El informe de los Grupos de Investigación de la Seguridad Social (GISS) está muy avanzado y será entregado en fechas próximas al juzgado de San Sebastián que, a instancia del fiscal jefe de Guipúzcoa, Ricardo Cabero, instruye las diligencias del caso. Se sabe que la investigación ha tropezado con una caótica situación contable, dato que, al menos aparentemente, avala las acusaciones de una mala gestión en la residencia sanitaria de San Sebastián.Tales acusaciones fueron formuladas públicamente hace semanas por un consejero del Insalud guipuzcoano, Antonio de Quevedo Pérez, cuya esposa, María Dolores Motoso, fue secuestrada durante dos horas y amenazada con la muerte de su marido si el escándalo era filtrado a la Prensa. Recientemente, un celador de la residencia sanitaria de San Sebastián que colaboró en la investigación ha recibido un escrito en el que se le amenaza de muerte.

El mismo Antonio de Quevedo y el nuevo director provincial del Insalud, Javier Yuste Grijalba, declararon hace ya días ante el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián que concede a este caso una atención preferente "en razón de la especial gravedad de las irregularidades denunciadas".

Las personas supuestamente implicadas en la estafa serán citadas a declarar una vez que el juzgado cuente con el informe y la documentación elaborada por los GISS. Al parecer, algunos de los supuestos implicados ha formulado ya una primera declaración ante la policía. Las investigaciones judiciales están orientadas en dos direcciones: de un lado, a tratar de identificar a los autores del secuestro y de las amenazas, y de otro, a determinar el grado de responsabilidad de las personas involucradas en la estafa, en su mayoría altos directivos del Insalud de Guipúzcoa. Uno de ellos, Rafael Trigo, antiguo jefe de mantenimiento de la re*sidencia, se encuentra apartado de su cargo de confianza en el Insalud como primera medida cautelar adoptada por la nueva dirección.

El desarrollo de la investigación pudiera obligar al juzgado a designar un perito para ordenar la contabilidad de la residencia sanitaria y desbrozar las conductas claramente delictivas. Tampoco se descarta la posibilidad de que sea nombrado un juez especial a la vista de la envergadura del caso y de las presiones y amenazas recibidas por los denunciantes.

Una docena de personas, entre ellas los responsables de las áreas donde se han detectado las citadas irregularidades, y varias empresas de suministros que serían implicadas en esta estafa, que fue denunciada hace ya años, y sin mayor resultado, por un alto cargo del Insalud.

Un antiguo suministrador de productos de limpieza ha reconocido haber aumentado sus facturas en un 55%, siguiendo las indicaciones de un directivo de la residencia, quien, a cambio de estos beneficios, le habría exigido admitir en sociedad a dos de los hijos de un alto cargo del centro y entregar cierta cantidad de dinero a la persona que le facilitó el contrato de suministro.

La totalidad de los acusados de estar involucrados en el caso han negado públicamente ser responsables de las actuaciones que se les imputan, si bien ninguno de ellos parece discutir la existencia de irregularidades en la administración de la residencia sanitaria donostiarra. Varios de los acusados admiten haber cometido errores, achacables en todo caso a sus afanes por administrar de una forma más eficaz, y en alguno de estos testimonios figuran veladas acusaciones a otras personas también implicadas.