Acuerdo para encauzar el trabajo de 10.000 recolectores de fruta durante este verano

Un acuerdo a tres bandas entre la Generalitat, el Gobierno civil y los alcaldes de una veintena de poblaciones de las comarcas del Segrià y La Noguera, servirá para establecer las condiciones de trabajo de los 10.000 temporeros que acudirán este verano a Lérida para la recolección de fruta. Este intento de regulación laboral es una experiencia inédita en España, desconocida en las otras zonas fruteras, como La Rioja, Valencia o Murcia.

Además de una mayor vigilancia para proteger la seguridad ciudadana, este acuerdo establece que los trabajadores eventuales deberán rellenar una tarjeta, expedidato por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), para ser contratados por los agricultores.Si bien el INEM ha encargado ya a la imprenta un tiraje inicial de 5.000 tarjetas de control, que se rán enviadas a los ayuntamientos afectados, en los pueblos del Baix Segre ha comenzado ya la campaña de recolección y las medidas acordadas no se han puesto en marcha. "Muchos temporeros han comenzado a llegar al Ayuntamiento y solicitan la tarjeta, pero aquí todavía no hemos recibido ninguna instrucción concreta. El próximo lunes comenzará el grueso del trabajo de recolección de la pera limonera, y ahora se está trabajando con el albaricoque y el melocotón", señalan las fuentes municipales de la comarca. Según el acuerdo, para contratar sus servicios los trabajadores deberán inscribirse previamente en un libro de registro en cada localidad.

Los propios ayuntamientos serán sede de las oficinas locales encargadas de tramitar los contratos entre trabajadores y agricultores, y el personal administrativo municipal actuará como si fuera una delegación de servicios del INEM. Las contrataciones irregulares podrán ser sancionadas con multas de hasta 100.000 pesetas. Los temporeros habrán de cobrar un salano que no podrá ser inferior en ningún caso al señalado por el convenio provincial de trabajadores del campo. "A pesar de que el éxito de este plan pactado no sea total, la obligatonedad de identificación por parte de los temporeros actuará como factor preventivo ante muchos de los problemas de orden público que se dieron el año pasado", ha explicado un alto funcionario.

Una carta-circular firmada por el Gobierno civil y el departamento de Gobernación de la Generalitat ha sido enviada a 44 ayuntamientos de Lérida, los susceptibles de tener problemas en la contratación de temporeros. De manera complementaria, los alcaldes de localidades donde se cultiva intensivamente la cebofia, en la comarca del Urgell, se reunirán la próxima semana con representantes del Ministerio de Trabajo y de su departamento homólogo en la Generalitat para trazar las medidas adecuadas a la particularidad de dicha recolección.

Algunos ayuntamientos del Baix Segre explicaron a las autoridades de la Administración central y de la autonómica su preocupación por el deterioro de la segundad ciudadana con motivo de la entrada de los temporeros. "Aumentan los pequeños robos, solicitan dinero a los ayuntamientos y se incrementa el consumo de drogas", explicó una fuente municipal refiriéndose a algunos trabajadores eventuales, jóvenes en su mayoría. Sin embargo, los trabajadores de raza negra -unos pocos centenares, actualmente- resultan ser los menos conflictivos.

Preferencia a nacionales

"Se ha dado algún caso de problema, como el de un trabajador de color que se seccionó un dedo manipulando una máquina agrícola. Su patrón agricultor no quería pagarle ninguna indemnización, pero, finalmente, después de una negociación, se avino a darle 250.000 pesetas", señalan fuentes sindicales. Ahora, sin embargo, con las nuevas disposiciones, los extranjeros -y la mayoría de negros lo son-, podrán tener problemas a la hora de trabajar si carecen de permiso de trabajo y de documentación puesta al día. El espíritu del acuerdo tripartito prevé que el trabajo sea dado "preferentemente a la gente del país, antes que a los extranjeros".