Los asaltantes al Banco Central aseguran en el jucio que no existió ningún móvil político en su accion

En el atraco al Banco Central de Barcelona, perpetrado el 23 de mayo le 1981, no hubo ninguna intencionalidad política. Esta afimación se desprende de la declaración realizada ayer por ocho asaltantes en el transcurso del juicio oral, celebrado en la Audiencia Nacional. La tesis mantenida por los procesados fue ratificada por el abogado querellante, Joaquín Ruiz-Giménez, hijo, que decidió retirar la acusación, de que con esta acción se había intentado desestabilizar al país y, consecuentemente, se había cometido un delito de sedición, previsto en el artículo 218 del Código Penal.

Ayer, a las ocho de la noche, después de seis horas de juicio, finalizó la vista oral contra los asaltantes al Banco Central de Barcelona, para quienes el ministerio fiscal solicita un total de 42.259 años de prisión por la comisión de un delito de robo, otro de depósito de armas y 263 de detención ilegal.Pocos momentos antes de finalizar la vista oral, y a tenor de las declaraciones efectuadas por los propios procesados y por los testigos, el abogado Joaquín Ruiz-Giménez decidió retirar la acusación de que los asaltantes al Banco Central habían cometido un delito de sedición al intentar desestabilizar la democracia Al retirar esta acusación, el abogado querellante, que actuaba en nombre de los militantes de CC OO y de UGT del banco asaltado, aseguró que no se habían podido sedimentar las sospechas y los indicios recogidos a través de la investigación del caso, entre otras razones, porque la sala había denegado que en la vista testimoniaran diversos res ponsables del Gobierno anterior Joaquín Ruiz-Giménez, con esta actitud, no hacía otra cosa que aceptar la tesis de los procesados, según la cual, realizaron el asalto inducidos. por móviles económicos.

Retira dos acusaciones

Por su parte, e incidiendo en el carácter apolítico de la acción, José Juan Martínez Gómez, había declarado reiteradamente que se había tratado de un atraco "normal y corriente", en el que decidieron utilizar la estrategia de vincularse a los golpistas del 23-F y solicitar su libertad, con la simple intención de ganar tiempo, agujerear el subsuelo del banco y alcanzar la alcantarilla.

El abogado querellante, al modificar sus conclusiones definitivas, retiró también las acusaciones mantenidas contra Rafael Edo Bertolín -el supuesto asaltante número 11 -y María Julia Cabrera, a la que se le imputa un delito de complicidad, con una pena de siete años de prisión.

Joaquín Ruiz-Giménez adoptó esta doble decisión al considerar que no estaba probado en el sumario que Rafael Edo Bertolín, detenido ocho meses después del asalto, fuera el atracador número 11, conocido con el apodo de Bartolo. Con esta actitud, el abogado acusador desautorizaba, y así lo explicó con claridad en la sala, la única confesión del acusado en la que, después de ser sometido a la ley Antiterrorista, reconocía estar implicado en el hecho. También con esta actitud el querellante acataba la tesis de los acusados y del abogado Javier Nart, que unánimemente señalaron que Edo Bertolín no era el número 11 y que su confesión aceptando la implicación la había prestado de manera irregular.

13 testigos

La larga lista de testigos del fiscal, del abogado querellante, y de las defensas quedó reducida a 14 personas, en su práctica totalidad empleados del Banco Central, entre los que se encontraba Ricardo Martínez Calafell, el único rehén herido por uno de los atracadores.

No fue llamado a declarar el ultraderechista Alberto Royuela, que a raíz de las investigaciones del asalto fue detenido durante varios días. El abogado querellante, que lo había citado, junto con Roberto Ferruz, Jorge Mota y Luis Antonio García, creyó que no era necesario su testimonio. Alberto Royuela, acompañado de Mariano Sánchez Covisa, abandonó entonces la Audiencia.

El abodado José María Cánovas, sobre el que ha recaído la defensa de 10 de los, imputados, recusó también sus testigos, y trenzó una hipótesis jurídica según la cual el delito de detención ilegal quedaba subsumido en el de robo.

Todos estos argumentos deberán repetirse ante la Audiencia Nacional, cuando comparezca ante el tribunal, en solitario, el asaltante Mariano Bolívar Tirado, que por un error burocrático se quedó en la Modelo de Barcelona y no fue trasladado, a Madrid.