A quién beneficia la nacionalizacion de la red de alta

EN EL programa del partido socialista se anunciaba una política industrial dentro de las exigencias de la economía de mercado y en la que el sector público fuese uninstrumento de apoyo a sectores en crisis y un instigador de sectores con futuro. El recurso a las nacionalizaciones era la excepción, y como tal figuraba la "constitución de una empresa con mayoría de capital público para explotar el monopolio nacional de la red primaria de transporte de energía eléctrica". La nacionalización de la red de alta tensión cumple así con el enunciado de ese programa. Y es, de hecho, la única nacionalización de sentido socialista emprendida por el Gobierno de Felipe González, pues el caso Rumasa resulta del todo coyuntural y fuera de programa.

La red está formada por las líneas de transporte de electricidad, a 400 y 220 kilovoltios de tensión, que unen los centros de producción de las siete grandes compañías eléctricas con los puntos de consumo. La energía hidroeléctrica del Noroeste, la electricidad procedente del carbón de Teruel, la del fuel localizado en el litoral y la de las centrales nucleares se transporta por estas líneas a los centros de mayor consumo del País Vasco, Cataluña y Madrid.

La red de alta garantiza la seguridad de suministro para todo el sistema eléctrico. Las grandes líneas de conducción eléctrica están interconectadas a través de la red, lo que permite hacer mínima la reserva de potencia del sistema; pero esta estructura de distribución eficaz confiere un auténtico monopolio a las productoras. Sectores como el siderúrgico se han quejado de la indiferencia de los eléctricos a la hora de negociar unas tarifas competitivas con las europeas. El fuerte grado de monopolio en la distribución de energía ha contribuido a esta rigidez, sin que los usuarios hicieran uso del servicio de defensa de la competencia, por la conocida desconfianza en el funcionamiento del aparato institucional español.

Después de la decisión nacionalizadora, la empresa Aseléctrica, gestora de la red de alta tensión, tendrá al Estado como socio mayoritario. El proceso de nacionalización se ha desarrollado a través de un acuerdo elaborado por el Ministerio de Industria. Gobierno y compañías han conseguido algo sustancioso en este acuerdo. El Gobierno ha logrado tomar la iniciativa sobre un poderoso sector económico. Las compañías se han asegurado la promesa de unas tarifas que remuneren los capitales de los accionistas y saneen financieramente sus pasivos, incluida la costosa carga de su deuda exterior. (Al finalizar el pasado ejercicio, la deuda del sector ascendía a 2,3 billones de pesetas, de los que un billón estaba denominado en divisas, mayormente en dólares.)

Esta importante operación tiene unos costes y un riesgo. El Estado asume la explotación del sistema eléctrico, mientras a las compañías se les ofrecen más seguridades respecto a la rentabilidad de sus inversiones. El coste de la operación corre, en principio, a cargo de los abonados, quienes verán incrementados sus recibos de luz. No se tiene noticia de ninguna reacción en contra, ni siquiera de la Organización de Consumidores, tan crítica y activa con los Gobiernos anteriores. Sin embargo, la depreciación de la peseta y la situación financiera de las empresas impone un coste a la población consumidora, que diricilmente podrá mantener el nivel de vida de épocas recientes. Como modesta contrapartida, los consumidores no han obtenido nada, ni siquiera un recibo inteligible ni un mínimo de atención a la hora de contratar la energía. La nacionalización de la red de alta era una necesidad para organizar y modernizar el sistema energético español. Por eso resulta lamentable que la oportunidad se pierda para que el ciudadano encuentre una respuesta positiva a sus quejas por parte de la nueva Administración socialista.