La asociación de contratados
de consumo, que agrupa a más del 50% de las 897 personas que trabajan como inspectores del Ministerio de Sanidad y Consumo, desde la aparición del síndrome tóxico, han denunciado como poco eficaces los criterios de la inspección de consumo en España, teniendo en cuenta que están superadas las circunstancias por las que fueron establecidos.
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