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La negligencia le los Gobiernos anteriores tiene la culpa del caso Rumasa, afirma Boyer

El ministro de Economía, Comercio y Hacienda, Miguel Boyer, dijo ayer en el Senado que la expropiación de Rumasa es "la afirmación del respeto del Gobierno por los buenos empresarios, que no tienen nada que ver con los directivos del holding, situados al margen de la ley, y acostumbrados por los gobiernos anteriores a la insolencia y a creer que tenían patente de corso". La intervención de Boyer se produjo durante el debate sobre el proyecto de ley de expropiación de los bancos y sociedades del grupo Rumasa, que la Cámara Alta aprobó anoche por mayoría. El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, presente durante la sesión plenaria del Senado, no hizo uso de la palabra.Antes de iniciarse el debate sobre el texto remitido por el Congreso de los Diputados del. proyecto de ley de expropiación de Rumasa, la Cámara alta aprobó el nombramiento de Ester Portela, candidata del Grupo Popular, como la duodécima, y última, consejera del Consejo de Administración del Ente Público de Radio Televisión Española.

La aprobación de la candidatura de Ester Portela, que es administrativa del centro regional de Televisión en Galicia, cierra la compleja renovación del Consejo de Administración de RTVE, bruscamente interrumpida el pasado mes de mayo, al incluir los diputados al catalán Pere Artigas, jefe de Prensa de Convergencia i Unió, como miembro de este organismo, que llevó al PSOE a romper el proceso, al considerarse engañado por la inclusión de este nombre.

El proyecto de ley de expropiación del grupo Rumasa se aprobó ayer en el Senado sin modificaciones respecto al texto enviado por el Congreso. El debate precedente constituyó una repetición de los argumentos empleados, tanto por los miembros del Gobierno como por la oposición, durante los trámites parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Los senadores Miguel Arias Cañete y Díaz Belber, ambos del Grupo Popular, reiteraron que el decreto dictado por el Gobierno para expropiar Rumasa no se ajustaba a la Constitución, que hubiera sido mejor la intervención en lugar de la expropiación, que medidas "nacionalizadoras" desincentivan a los empresarios y que la expropiación iba a suponer una fuerte carga económica para los contribuyentes españoles.

La Almoraima, "caso feudal"

El Grupo Popular intentó que se debatiera un texto alternativo al del Gobierno, pero el presidente de la Cámara alta, José Federico de Carvajal, dijo que no procedía y que lo único que podía votarse, como propuesta de la oposición, además de las enmiendas, era la propuesta de veto, que fue ampliamente derrotada.Miguel Boyer contestó justificando la medida expropiatoria como mucho más apropiada que la intervención, calificó de "caso feudal" la situación de la finca La Almoraima, propiedad de Ruiz Mateos, volvió a repetir que el Gobierno no va "a lanzarse en absoluto a una carrera de nacionalizaciones", y que todos los males del grupo Rumasa "derivan de la actitud complaciente de los gobiernos anteriores".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de junio de 1983