El Congreso aprueba, con apoyo de la oposición medidas para reforzar el control del gasto público

Antes de iniciar el estudio de las 34 secciones donde se reparte el dinero de los Presupuestos del Estado para 1983, el pleno del Congreso de Diputados mantuvo ayer un debate de dos horas sobre el control del gasto público. No prosperó una enmienda comunista para que el Parlamento autorice los cambios en la asignación de créditos a Defensa. Sí tuvieron éxito otras relativas al modo en que debe hacerse el control financiero del sector público. La oposición consiguió de la mayoría socialista el compromiso dé enviar antes de un año un proyecto de ley que refunda el centenar largo de organismos autónomos.El diputado comunista Pérez Royo mantuvo que la facultad otorgada al Gobierno en el anexo 2 de los presupuestos, para que autorice transferencias entre todos los servicios y conceptos de gastos de defensa (casi medio billón de pesetas), anularía la disciplina presupuestaria en una sección tan importante.

Tras afirmar que mantener esa facultad supondría el no sometimiento de la Administración militar al control del gasto por parte del Parlamento, lo que rozaría con la Constitución, afirmó: "Hay ciertas zonas del gasto público en las cuales no diré que se renuncia a gobernar, sino al menos a debatirlas en esta Cámara".

Por los socialistas, Néstor Padrón señaló que suprimir tal autorización significaría dejar sin efecto la ley número 44 del año pasado, sobré dotación para sostenimiento de las Fuerzas Armadas. El diputado enmendante le contestó que nada más lejos de su intención, pues el PCE votó esa ley, pero que el Grupo Socialista debería cumplir las exigencias que hacía desde la oposición. El asunto quedó zanjado cuando Padrón dijo que el Parlamento será informado de las transferencias que se realicen y de sus razones. El anexo, votado conjuntamente con otras siete disposiciones, sólo tuvo cuatro votos en contra y una abstención.

Muestreo para el control del gasto

La disposición más contestada fue la que abre la posibilidad de aplicar técnicas de muestreo en los actos de la intervención general del Estado, encargada del control interno del gasto, a cargo de Hacienda. Ante la ce rrada oposición razonada por el aliancista Renedo, que consideró la medida "enormemente peligrosa" debido a que la ley general Presupuestaria prevé una fiscalización acto por acto y ahora se dejaría en penumbra quién de cide cuándo se aplica la intervención singularizada y cuándo las técnicas de muestreo, el Grupo Socialista anunció una enmienda transaccional que ratifica el proyecto, pero ello "sin perjuicio del mantenimiento del actual régimen fiscalizador". La transacción fue aceptada por el Grupo Popular. Martínez García de Otazu explicó que se pretende tanto agilizar el control del gasto como el de su legalidad, pues el masivo trabajo de la intervención debe ser revisado cuando no aporte nada acto por acto. El Grupo Popular retiro otras dos enmiendas. Los aliancistas apoyaron una propuesta de la Minoría Catalana, derrotada por fin en votación, para que, al recabar información a los ayuntamientos sobre sus ingresos por impuestos cedidos (contribuciones territoriales y licencias fiscales), el Gobierno tenga en cuenta la cesión de tributos a Cataluña.

Francisco Fernández Marugán, en nombre del grupo socialista recordó al enmendante, Carlos Gasoliba, que hablaban de "tributos locales y que el proceso descentralizador no puede circunscribirse a las comunidades autónomas".

En lo relativo al centenar largo de organismos autónomos, el proyecto de presupuestos dejaba las manos libres al Gobierno para suprimirlos y refundirlos. El aliancista Pedro Schwartz propuso como alternativa que fuera enviado en tres meses un proyecto de ley para concretar tales propósitos, debido a que el gasto de los organismos autónomos supone tres cuartas partes del sector público.

El socialista Néstor Padrón anunció una enmienda transaccional, apoyada por el Grupo Popular, que compromete al Gobierno a enviar el proyecto en un año. También aceptó la oposición otra transacción sobre compensaciones de débitos y créditos entre organismos de la Administración, rechazadas en principio por los aliancistas.