Hacienda ha ordenado el bloqueo de todos los bienes de la Unión de Campesinos Leoneses

El Ministerio de Hacienda ha ordenado el bloqueo de todos los bienes de la Unión de Campesinos Leoneses (UCL), primer sindicato agrario de la provincia de León, vinculado a la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), que se presentó en coalición con el PSOE a las elecciones municipales.

La intervención de las cuentas bancarias y propiedades de la UCL es consecuencia de una sanción administrativa de 1,7 millones de pesetas, impuesta en 1980 por la rifa de un tractor con la que el sindicato pretendía hacer frente a otra multa gubernativa, ésta de medio millón de pesetas, por supuestas ofensas al Gobierno de UCD, ninguna de las cuales había hecho efectiva.Las sanciones a la UCL se produjeron en el contexto de una guerra abierta con UCD, entonces presidida en León por Martín Villa, por el control del voto rural. Una serie de incidentes y protestas por los excedentes agrarios provocaron, en 1979, la detención de los principales dirigentes de la UCL, a los que se aplicó la ley antiterrorista, aunque finalmente fueron puestos en libertad sin cargos. A las detenciones siguió una manifestación de más de 10.000 agricultores, cuyas pancartas fueron consideradas por el gobernador civil de la época, Luis Cuesta Gimeno, como injuriosas para los miembros del Gabinete centrista, en el que el propio Martín Villa figuraba como ministro del Interior. Por último, los representantes del sindicato agrario fueron expulsados de los mercados de origen y sustituidos por miembros de una organización paraoficial, el Sindicato Agropecuario Leonés (SAL), creado de forma improvisada por los centristas.

Sorpresa

La ejecución de las multas en época electoral, con posibles órdenes de embargo, sorprendió tanto a la UCL como al PSOE por el carácter marcadamente político de éstas. Ya en 1980 los portavoces provinciales del PSOE y del PCE habían acusado públicamente a Martín Villa de utilizar los resortes de la Administración como arma contra los grupos agrarios rivales y de enmascarar este tipo de actuaciones con argumentos legalistas. Ambos partidos calificaban la rifa de la UCL como un pretexto jurídico para encubrir represalias de carácter estrictamente político y advertir que tanto el PSOE y el PCE como sociedades privadas, gremiales y benéficas habían realizado regularmente sorteos similares en toda la provincia con la benevolencia de la delegación de Hacienda.La paradoja de que el cobro de las multas se haya agilizado ahora con un Gobierno socialista al que la UCL está unida por pactos electorales, se explica, según un portavoz de Hacienda, por razones meramente burocráticas, a pesar de los tres años transcurridos desde que se abrieron los expedientes. El mismo portavoz negó cualquier motivación política en la reciente intervención de Hacienda, achacándola a la "lentitud del procedimiento de recaudación" y al hecho de que sólo ahora el ministerio ha podido detectar bienes y cuentas corrientes escriturados a nombre de la Unión de Campesinos, que supuestamente figuraban antes como propiedades particulares.

La UCL ha conocido en los últimos dos años un incremento espectacular tanto en afiliación como en medios económicos, al controlar gran parte de la producción provincial de remolacha azucarera a través de contratos colectivos.