Son varios los juzgados de Barcelona que instruyen diligencias contra los 'subasteros' de las magistraturas

Las diversas diligencias hasta el momento no han sido acumuladas, aunque las investigaciones generales han sido confiadas por el magistrado instructor a la policía judicial y a la Guardia Civil. El presunto delito qué podría imputarse a los subasteros en el expediente general está tipificado en el Código Penal y castigado sólo con una multa que oscila entre el 10 y el 50% del valor da lo subastado, sin que en ningún caso la sanción exceda de 20.000 pesetas. No se prevén inhabilitaciones ni tampoco penas de privación de libertad. La prevista reforma del código no modifica el articulado relativo a este delito. No obstante, las diferentes denuncias de particulares se refieren a otros supuestos delitos, entre los que se encuentra el de estafa, coacciones y quebrantamiento de depósito, así como indicios de falsificaciones documentales.El negocio de recomprar

El negocio patrocinado por los subasteros, que moviliza cada año más de un millar de millones de pesetas, se ha hecho posible gracias a la práctica, extendida entre pequeñas empresas, consistente en recomprar, mediante terceros, los propios bienes subastados por la Magistratura Especial, por no haber pagado la Seguridad Social. La respuesta de estos empresarios a la crisis se diferencia de conductas protagonizadas por empresas mayores.

Un centenar de estas empresas grandes y medianas, ante la misma situación, y para paliar la falta de cotización a la Seguridad Social, presuntamente falsificaron. documentos y llegaron luego a acuerdos de pago aplazado en la propia Magistratura Especial.

Cuando las pequeñas empresas son embargadas por la Seguridad Social por falta de cotización, lo habitual es intentar oponerse a la subasta, pactar pagos aplazados, alargar los procedimientos y luchar contra la situación. No obstante, en otras ocasiones, profesionales poco escrupulosos aconsejan a los empresarios una salida distinta: se trata de encargar, a los subasteros que compren -puestos de acuerdo con ellos- los bienes en la subasta. Con ello el empresario queda libre de deudas -normalmente es declarado insolvente después de subastarse sus bienes- y puede seguir su actividad, despues de adquirir sus antiguos bienes y el utillaje al intermediario que se los adjudicó, unas veces poniendo a nombre de un familiar la nueva empresa, o bien constituyendo otra a su propio nombre. La ejecución de la Seguridad Social habrá servido así, en estas ocasiones, para eludir deudas de otros acreedores, entre ellos los trab0dores. La operación tiene como único precio la comisión de los subasteros y la de otras personas que intervienen en la misma.

Los ofrecimientos de esta índole se producen gracias al poder ejercido por un sector de los subasteros, quienes paralelamente se organizan entre sí a modo de círculos concéntricos. Los ofrecimientos a los empresarios parten frecuentemente de intermediarios o de algunos subasteros que han conseguido situarse en la cúspide de todos ellos.

Una clave: la información

Los ofrecimientos se realizan a partir de una puntual información de los procedimientos de embargo remitidos por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Barcelona a la Magistratura Especial. Los intermediarios o los propios, subasteros acostumbran a entrar en contacto con los empresarios amenazados de embargo para proponerles soluciones milagrosas para su situación. Anuncios de esta índole han aparecido con frecuencia en la prensa diaria: "Empresario: si no posee liquidez ni para la suspensión de pagos, llámenos. Podemos solucionárselo".

Con esta solución se encontraron hace pocos meses, sin saberlo, los trabajadores de una empresa próxima a Vic, que estaba en situación de insolvencia provisional tras presentar solicitud de suspensión de pagos. Un abogado fue a la empresa e informó a la plantilla, en términos muy duros, que se había adjudicado todos los bienes de la empresa en una subasta de la Seguridad Social y que a partir de ese momento tendrían que ingresar como nuevos en la empresa. La oposición de una parte de la plantilla originó el despido de 25 trabajadores, argumentado bajo la acusación de huelga ilegal.

Las protestas del abogado de los trabajadores de la empresa vicense, que comprobó además ciertas irregularidades administrativas en el expediente, originaron el compromiso formal del magistrado Vicente Uríos de anular la Subasta, aunque este último extremo no ha sido notificado fehacientemente. La persona que se había hecho con los bienes mediante una segunda adjudicación a partir de uno de los subasteros, acordó, sin embargo, la constitución de una nueva sociedad anónima que sería la propietaria de los bienes subastados. Fue la primera empresa, ya insolvente y sin bienes, contra la que debieron reclamar los trabajadores su demanda por despido., Ahora el Fondo de Garantía Salarial es quien correrá, con toda probabilidad, con el pago de las indemnizaciones de los trabajadores por la insolvencia manifiesta de la empresa desmantelada.

Son frecuentes las anulaciones de subastas en los casos en que, tras ser adjudicados los bienes, se presenta la comisión de embargos con el adjudicatario y lo subastado ya no se encuentra en el lugar debido. Estas situaciones se repiten en empresas aparentemente abandonadas por sus dueños. Varias de. las denuncias presentadas en diversos juzgados se siguen precisamente por quebrantamiento de depósito, que a veces se produce incluso en locales precintados por, diferentes juzgados y Magistraturas de Trabajo. Cuando se decreta la anulación de una subasta, las cantidades pagadas en la licitación son devueltas al adjudicatario.

Desaparición de bienes subastados

En la provincia de Barcelona existen en la actualidad varios grandes depósitos utilizados por los subasteros. En ellos se pueden encontrar maquinarias y objetos. en todas las condiciones posibles. La maquinaria en buenas condiciones es utilizada dentro del país en la llamada economía sumergida, muy extendida en los últimos años en el sector textil, piel, confección, calzado y otros. Los telares sacados a subasta por la Magistratura son, paradójicamente, muy cotizados en las licitaciones. Otra parte de la maquinaria en buenas condiciones es recomprada por los propios empresarios y utilizada con otros nombres, entre los que, en ocasiones, intervjenen testaferros y desconocidos personajes que financian a los subasteros y constituyen sociedades mercantiles.

Por último, otro grupo de máquinas en buen estado entra en el estrecho mercado de segunda mano, parte del cual se destina a la exportación a países latinoamericanos, entre los que figura de forma destacada Chile. La chatarra y los desechos son destinados a almacenes de menor importancia, desde los que, pesados por toneladas, son adquiridos, al parecer, por empresas siderúrgicas y de altos hornos del norte de España.