La fácil desaparición de los bienes embargados

"Esta subasta ha sido anulada, porque cuando el que se había adjudicado los bienes fue a buscar la maquinaria no encontró nada". Con estas palabras un funcionario de la Magistratura Especial sorprendió a los trabajadores de la Impresa Cartonera de Rubí hace un año y medio. Indignados, los obreros se dirigieron al empresario para reclamar el paradero de los bienes subastados por una deuda contraída por la empresa con la Seguridad Social. Mayor sorpresa fue la del empresario y su abogado: "¿Cómo que han desaparecido? Han estado más de quince días desmontando la maquinaria los operarios contratados por un subastero, y la han cargado en sus camiones. Y además la empresa estaba precintada por la propia Magistratura Especial y el adjudicatario nos enseñó personalmente el acta de remate". Habían desaparecido noventa metros de un tren de fabricación de cartón, unidos por un complicado engranaje y cuyo peso total ascendía a 12.000 kilos. Esta noticia, prácticamente increíble, llegó a conocimiento del empresario y de los trabajadores quince días después de la celebración de una subasta convocada por la Magistratura Especial. En ella uno de los subasteros se había adjudicado por 3 millones de pesetas el citado tren de maquinaria, valorado a su vez en 6 millones. Los obreros habían reembargado el sobrante de la adjudicación para hacer frente a las deudas salariales contraídas por el empresario.A partir de aquí los afectados iniciaron una larga búsqueda que concluyó en un almacén de chatarra de Sant Vicens deis Horts, donde uno de los trabajadores y el abogado de la empresa lograron introducirse simulando ser unos incautos compradores de chatarra. Y allí estaba: la reconocieron porque habían trabajado diez años con ella, pero el motor había desaparecido, así como otras piezas de valor, y los restos suponían, por su estado, un mero recuerdo de lo que aquella máquina había sido.

Malentendidos

La Guardia Civil custodió el almacén y los interesados denunciaron el hecho en las altas instancias. Intervinieron en aquella ocasión el Colegio de Abogados de Barcelona, el Fiscal de la Audiencia, el juzgado de Sant Feliu de Llobregat y la Magistratura Especial. Pero todo, al parecer, había sido "un lamentable error". No era que la comisión de embargos no hubiera encontrado nada y por eso se hubiera anulado la subasta. No. Los trabajadores y el abogado de la empresa habían entendido mal las explicaciones, se les dijo, y se trataba, tan sólo, de que cuando los de la Magistratura y el subastero fueron a llevarse la maquinaria ya no había máquina y sólo quedaba chatarra, y por eso -les manifestaron- se había anulado la subasta. Entonces se les devolvieron los 3 millones pagados por la adjudicación.

Lo realmente curioso era que la Magistratura Especial había nombrado depositario de la chatarra a la misma persona que se había adjudicado la máquina antes de convertirse en chatarra y que había asegurado que al ir a retirarla, junto con la comisión de embargos, ya no era la misma cosa. El caso es que se había de convocar otra subasta en, la que, en vez de pujar por la máquina, se tenía que pujar por la chatarra. En aquel caso todo quedó así. En la nueva subasta el mismo subastero propietario del almacén de Sant Vicens deis Horts, donde los trabajadores descubrieron los 90 metros de maquinaria, se adjudicó los 12.000 kilos de chatarra. En lugar de los 3 millones originarios recibieron 300.000 pesetas. No hubo sobrante y, por ello, nadie más cobró. El motor no apareció nunca y ningunapersona volvió a saber nada del asunto después que el empresario fuera declarado insolvente. Los trabajadores, desalentados, acabaron solicitando sus indemnizaciones por cierre de la empresa al Fondo de Garantía Salarial.