El Senado propone 27 medidas al Gobierno para paliar los efectos del síndrome tóxico

La relación existente entre el síndrome y el consumo de ciertos emites tóxicos está "fuera de toda duda", de acuerdo con las conclusiones del informe de la comisión especial del Senado, que fue ayer aprobado por asentimiento de todos los grupos políticos. En el mismo se enumeran 27 recomendaciones dirigidas a la Administración en forma de mandato parlamentario, varias de ellas referidas a la reinserción social, tales como el mantenimiento de la ayuda familiar complementaria a los afectados, "al menos durante un año".

El informe de la comisión especial, que será debatido en el Pleno que la Cámara alta celebrará en la segunda semana de mayo, es el producto de dos meses de investigación de los distintos aspectos relacionados, con el síndrome tóxico a partir de la comparecencia ante la misma de la Administración, a través de los órganos del Plan Nacional, y de todas las asociaciones de afectados.En el primer apartado del informe, referido al grado de cumplimiento por la Administración del mandato parlamentario aprobado por las Cortes en la legislatura anterior, la comisión considera que la investigación epidemiológica ha carecido del rigor necesario y ha existido una manifiesta carencia de coordinación entre las comisiones clínica, biomédica y toxicológica del Plan Nacional, "a pesar del gran esfuerzo realizado". Dentro del capítulo de medidas clínicas y de investigación, se califica de "eficaz" el papel de las unidades de seguimiento y de "insuficientemente dotados de medios materiales y humanos", los centros de rehabilitación de los efectados.

Incumplimientos anteriores

El informe incide especialmente en el "incumplimiento general" de las medidas previstas en la anterior legislatura en materia económico-administrativa y en concreto cita, entre otras, las ausencia de registros sanitarios, ley de protección del consumidor, política de grasas, destrucción del aceite tóxico, determinación de desnaturalizantes permitidos y prohibidos.

En forma de nuevo mandato parlamentario a la Administración, el informe enumera 27 conclusiones. En la primera de ellas se estima que la reinserción social debe hacerse "de acuerdo con las necesidades reales medico-sociales que en la actualidad presentan". Se considera que debe continuarse el tratamiento sanitario y el seguimiento de la situación social, manteniéndose el programa de ayuda existente, especialmente la ayuda familiar complementaria, al menos durante un año. Cumplido ese plazo, a partir del nuevo mandato parlamentario, estima la comisión que la Administración deberá hacer una evaluación global de la situación clínica de todos los afectados.

Recomienda también a la Administración que las ayudas o pensiones concedidas a los afectados por las disposiciones específicas que puedan estimarse equiparables a las del sistema de la Seguridad Social, se deben de reconvertir a los sistemas ya existentes al objeto de conseguir una mayor normalidad y estabilidad de aquellos. "Debe tratarse", se añade, "de reinsertar las unidades de valoración para el síndrome tóxico en las unidades de valoración para la invalidez y comisiones de evaluación de incapacidades existentes en el sistema de la Seguridad Social. Las demás ayudas que no puedan estimarse equiparables a los sistemas citados, deben mantenerse como garantía de protección integral de los afectados, de modo que se les asegure una cobertura total en cualquier tiempo".

Asímismo la comisión cree que debe prestarse especial atención al tratamiento de la problemática laboral que presenten los afectados al reincorporarse a sus anteriores puestos de trabajo, "con objeto de evitar despidos injustificados o impedimentos y dificultades en sus relaciones con las empresas". Se recomienda también al Gobierno la destrucción urgente del aceite tóxico almacenado.