Las expropiaciones de tierras, bandera de las municipales andaluzas

El pasado Jueves Santo, entre el cúmulo de informaciones sobre los desfiles procesionales, los aparatos de radio difundieron una nota de la secretaría de prensa de la Delegación del Gobierno en Andalucía que sobresaltó a más de un empresario e hizo saltar de alegría a muchos jornaleros: cuatro fincas de Palma del Río, con casi 3.500 hectáreas iban a ser expropiadas por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA.), previa la declaración de su interés social, de acuerdo con la ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1.973. Según la noticia, se trata de las fincas Somontes, propiedad de José Gamero-Cívico y Fernández de Villavicencio, con 632 hectáreas; La Berduga, inscrita a nombre de una sociedad mercantil, La Berduga, SA, mayoritariarnente suscrita por Alonso Moreno, de 851 hectáreas; El Coscojal, de Javier Moreno de la Cova, 968 hectáreas, y el cortijo Guzmán -cuyo nombre ya figuraba en la reforma agraria de la Segunda República-, de 9-71 hectáreas a nombre de Explotaciones agrícolas Guzmán, SA, cuyas accionistas mayoritarias son las hermanas Enriqueta y Lina Moreno de la Cova. Los apellidos reflejan la interverición sobre las propiedades de la familia, que son segunda y tercera gprieración de Félix Moreno Ardanuy, terrateniente palmeño que, según asegura el pueblo, tuvo bajo. una linde más de 40.000 hectáreas, ahora en poder de sus herederos.A partir del momento en que la noticia se hace pública, zumbando en los oídos la expropiación de Rumasa, reacciones de distinto signo saltan a los medios de comunicación. Mientras la Junta de Andalucía -ausente de competencias en esta materia- y Gregorio López, gobernador civil de Córdoba, afirmaban no conocer nada sobre el tema y los propietarios afectados aseguraban no haber recibido notificación alguna, la supuesta expropiación, como una campana de Huesca, crecía de boca en boca y se desorbitaba la realidad de los hechos.

El autor del informe

El propio autor del primer informe técnico redactado en 1979 y que ha dado lugar al trámite administrativo, el ingeniero agrónomo Julián de Santiago, hoy diputado del PSOE en el Parlamento andaluz, cámara a la que representa en el Senado, y por entonces funcionario del IRYDA, se echa las manos a la cabeza y se pregunta con sorpresa por las razones del sensacionalismo montado en torno al tema. Sobre todo cuando se trata de una práctica habitual del instituto, que en la propia provincia de Córdoba ha desarrollado actuaciones semejantes en crecido número y de mayor envergadura que la que ahora se cuestiona.

La decisión de elaborar en 1979 un informe sobre la posibilidad de expropiar las cuatro fincas tiene su base en la situación económica y social de la zona. Al término de la tendencia emigratoria, que coincide, además, con una profunda crisis en la producción de algodón, tradicional cultivo social de la zona, el censo de parados en Palma del Río empieza a crecer de forma alarmante. Un movimiento asambleario toma carta de naturaleza en el pueblo y tras la renovación de los ayuntamientos en las primeras elecciones democráticas los nuevos responsables se encuentran con una tasa de desempleo superior a las 1.000 trabajadores, para un censo de 17.000 habitantes y una población activa en torno a las 6.000 personas. A ello contribuyó la mayor mecanización y la creciente tendencia a disminuir la superficie destinada a siembra de remolacha y algodón, los cultivos que más empleo generan.

En esta situación, el alcalde de Palma del Río, Manuel López, presionado por las reivindicaciones de los sindicatos CC OO y UGT, trata con Julián de Santiago la posibilidad de una actuación del IRYDA a fin de reconvertir en regadío los latifundios existentes en el término municipal, ya que, si bien su explotación es irreprochable como tierra de secano, su rendimiento social resulta mínimo. Los cultivos de cereales y girasol que ocupan centenares de hectáreas de estas fincas, apenas absorben, según aseguran en el pueblo, más mano de obra que la del maquinista y el tractorista que siembran y recolectan sin más que cambiar de máquina.

"Una fanega de estas tierras", dice Antonio Camacho, líder local de UGT, señalando las amplias extensiones hoy sembradas de cereal, "puede emplear entre 25 y 30 jornales sembrada de remolacha; de algodón, casi el doble, y todavía se puede obtener una segunda cosecha de sorgo o de soja. Para ello, sólo es necesario el agua". Esto, según sus cálculos, supondría que las cuatro fincas que, apenas ocupan a treinta trabajadores estables, podrían general 132.000 jornales por campaña en la menos intensiva de las explotaciones de regadío.

Con esta posibilidad, Julián de Santiago, como ingeniero del IRYDA, redacta un informe técnico y económico que este organismo, a través de su jefatura provincial, eleva al Ministerio de Agricultura, cuyo titular era el político centrista Jaime Lamo de Espinosa. En este primer informe, junto a las cuatro fincas, presuntamente afectadas figuraba cuando menos otra más, la de Saetillas, propiedad entonces del torero Manuel Benítez, El Cordobés, natural de Palma del Río. Según Julián de Santiago, el torero, a través de su administrador y cuñado mostró una favorable disposición a negociar la venta de su finca con el, Estado. Adquirida por particulares, Saetillas hoy está siendo parcelada por iniciativa privada.

Sin embargo, y por razones que nadie parece conocer, el informe quedó paralizado en Madrid. Algo ha debido suceder, se dice ahora, -para que se haya puesto en marcha y se produzca el anuncio de la tramitación de declaración de interés social permanente, requisito exigido por la ley como previo y necesario para su expropiación.

Julián de Santiago, ni como parlamentario socialista, ni como técnico, conoce las razones por las que, justo en estos momentos, se ha producido la deshibernización del expediente, ni quién ni con qué intenciones lo ha lanzado a la opinión pública. El mismo reconoce que su difusión se ha llevado a cabo en forma poco ortodoxa y desde luego inadecuada, pero rechaza que exista una intención electoral de cara a las municipales Intenciones que otros sectores mantienen y sobre las que Antonio Caraballo, secretario local de CC OO en Palma del Río muestra fundadas sospechas, "pero, e cualquier caso, nosotros apoyamos estas medidas y su realización".

Lo cierto es que el tema de las expropiaciones cordobesas lleva camino de convertirse en un arma arrojadiza en las próximas municipales. Alianza Popular he demostrado un especial interés por el caso y lo ha instrumentalizado para ponerlo como ejemplo de lo que será la política socialista. Manuel Fraga, que se entrevistó el pasado viernes con empresarios agrícolas de la provincia, advirtió que esto "era el principio de una cadena de aplicaciones de principios socialistas".

Salvador Domínguez, teniente de alcalde de Palma del Río y diputado socialista, asegura que hay que desdramatizar las cosas Insiste en que se trata de actuaciones anteriores y que su necesidad puede que no se vea en Madrid "pero aquí, con 1.000 familias en el paro, se ve justa y de un interés social que difícilmente se podrá negar sin dogmatismos". Aspecto en el que coincide Antonio Caraballo de CC OO que vuelve a mostrar su temor de que "no sean capaces de llevarlo a la práctica y al final todo se quede en una pura medida electoralista".

Fuentes del PSOE, que aseguran que ha habido "más ingenuidad que intencionalidad" en como se ha presentado el caso ante la opinión pública, mantienen que ello no invalida la necesidad de fondo de llevarlo a la práctica.

Los dirigentes de la Asociación Cordobesa de Empresarios Agrícolas (ACEA), Fernando Castro González de Canales y Silverio Moreda, subrayan, por su parte, que "el tema es confuso y contradictorio". En las quejas empresariales -cuando no lo citán expresamente- se adivina el temor de que las expropiaciones de Palma del Río sean una continuación de la política iniciada con Rumasa, cuya abeja, por cierto, se muestra en varias explotaciones agrarias, a lo largo de los poco más de cincuenta kilómetros de la carretera que une la capital con Palma del Río.

Para esta asociación empresarial, antes de la actuación del Estado sobre nuevas fincas, es prioritaria la conclusión de las que ya están en marcha y de manera destacada las correspondientes a los riegos del Genil-Cabra, a unos 80 kilómetros de Palma del Río, que con un proyecto final de 37.000 hectáreas, aún anda por su primera fase de puesta en riego de 6.000 hectáreas.

"La vega sería una huerta"

Y al margen de la lucha ideológica que se esté alimentando en torno a una posible expropiación, la menor conversación con los jornaleros palmeños en los tajos del empleo comunitario, en las tabernas o en los puestos del paseo, trasluce la esperanza de que, por fin, puedan empezar a cambiar las cosas. Antonio Camacho, cazador furtivo por necesidad, está según él, condenado al comunitario desde que "un día me subí a un banco del paseo y en una asamblea llamé a las cosas por su nombre". Y asegura que la puesta en riego de estas tierras acabaría con el paro de la zona.

Los trabajadores no discuten si el trámite es nuevo o antiguo, o si se trata de una medida electoral o un globo sonda -¡"Ojalá expropiaran en mi pueblo!", dice un jornalero del comunitario de Hornachuelo-, sólo saben que "si estos tíos pensaran con la cabeza toda esta vega sería una huerta".

En Palma del Río, pueblo eminentemente agrícola, se discute la metodología para llevar a la práctica la explotación de las fincas. Y no deja de sorprender la coincidencia en el rechazo unánime del viejo lema de "la tierra para quien la trabaja". La racional explotación que hoy exige la afficultura, la inviabilidad demostrada por la minifundización llevada a cabo por el antiguo Instituto de Colonización, y acaso una sutil cautela de no llegar a enfrentamientos personales con los afectados, llevan a formular un fúturo laboreo de las tierras a través de colectivos obreros.

Para CC OO, la titularidad de la tierra debe permanecer en manos del Estado. Y Antonio Camacho, de UGT, considera que la creación de cooperativas es el camino más aconsejable. Julián de Santiago no cree errónea la conservación de la tierra por el IRYDA y su entrega en usufructo a cooperativas de trabajadores. Estas cooperativas, según su criterio, serían de doble naturaleza. Unas de primer grado de producción e industrialización que actuarían sobre lotes de tierra dimensionados en torno a módulos de cien hectáreas y otras cooperativas de segundo grado, gestoras de la comercializ ación, la mecanización y la adquisición de los herbicidas, abonos y semillas. La explotación se optimizaría en último término con un aprovechamiento integral de pastos marginales y de prados artificiales para posibilitar explotaciones ganaderas complementarias.

Los empresarios encuentran hasta dificultades técnicas: "Antes de tomar iniciativa alguna, habría que asegurar agua a los actuales regadíos". El ingeniero y hoy senador socialista asegura que el estudio prevé las soluciones. Para las 3.500 hectáreas, es suficiente el aporte de 2.800 litros por segundo, y eso es posible aportarlo con un recrecimiento de la presa de El Judío, sobre el río Genil, en las inmediaciones de la zona.