La cooficialidad del catalán no afectará a las administraciones militar y de justicia

A iniciativa de la delegación del Gobierno en Cataluña el Gobierno central ha preparado un decreto para garantizar el bilingüismo en la Administración periférica del Estado, que entrará en vigor antes del próximo verano, según informaron a EL PAIS fuentes solventes. Este decreto complementaría la ley de Normalización Lingüística en Cataluña o ley del catalán que hoy será aprobada por el Pleno del Parlament. De momento, según las fuentes informantes, el decreto no afectará a las administraciones de justicia y militar.El decreto gubernamental está siendo impulsado desde la delegación del Gobierno en Cataluña. Garantizará la cooficialidad en todos los trámites administrativos que empiecen y acaben en Cataluña, es decir, no contemplará aquellos supuestos en los que deba intervenir la Administración central del Estado. De acuerdo con las recomendaciones del Consell Consultiu, el Parlament renunciará a reglamentar la introducción del uso del catalán en la administración que no depende de la Generalitat.

Se garantizará el bilingüismo en las oficinas de información dependientes de la Administración periférica del Estado, en la redacción de instancias y otros documentos oficiales, y en las relaciones con las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, se podrá utilizar el catalán en las comisarías de policía.

La proposición de ley de Normalización Lingüística en Cataluña indica en su disposición adicional segunda que "la Generalitat promoverá, de acuerdo con los órganos competentes, la normalización del uso del catalán en la Administración periférica del Estado en Cataluña". Y en la transitoria primera se añade que "en lo que afecta al uso del catalán por la Administración, podrán establecerse por vía reglamentaria unos plazos de adaptación a lo que prevé esta ley (...)"

Acuerdo del Parlament

El Consell Consultiu de la Generalitat precisó en su dictamen del pasado mes de diciembre que esa última disposión podría incurrir en inconstitucionalidad, porque puede interpretarse que el Parlament pretende imponer plazos a una Administración que no depende de la Generalitat. El Ejército, la Administración de justicia y la periférica del Estado, señalaron entonces fuentes de aquel organismo, tienen la obligación de cumplir con el bilingüismo imperante en Cataluña, pero no es la Generalitat la que tiene potestad para regular cómo y con qué plazos. El pleno del Parlament acatará hoy ese dictamen y suprimirá la disposición transitoria. El anunciado decreto gubernamental vendrá, precisamente, a cubrir este apartado en lo que se refiere a la Administración periférica.

Por otra parte, dirigentes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) han realizado recientemente intensas gestiones ante el Gobierno central para evitar que éste presente recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Normalización Lingüística en Cataluña, que será discutida y aprobada hoy por el parlamento autónomo catalán. Recientemente el Gobierno socialista presentó recurso contra la ley de Normalización del Eusquera.

Aunque fuentes socialistas catalanas precisan que no existe garantía alguna de que el recurso contra la ley catalana no acabe por ser presentado, los dirigentes del PSC consultados por este periódico consideran que efectivamente tal medida no será adoptada, entre otras cosas, porque el texto que mañana será votado en el Parlament dista mucho de su homólogo vasco, pese a que éste se ha inspirado en aquél. De esta opinión participan también los diputados comunistas más directamente relacionados con la elaboración de la proposición de ley, redactada durante dos años de arduos trabajos por una ponencia parlamentaria unitaria.