En prisión un inspector de Trabajo por fraude a la Seguridad Social

José Descartín Cristellys, inspector de Trabajo, ingresó ayer en la cárcel Modelo de Barcelona por orden del juez Javier Béjar, titular del Juzgado de Instrucción número 2. Descartín, el primer inspector encarcelado por su presunta participación en el fraude a la Seguridad Social, había sido detenido el pasado lunes por la mañana por los Servicios de Información de la 411 Comandancia de la Guardia Civil barcelonesa acusado de falsedad, estafa y cohecho.El inspector nació en Barcelona en 1935, tiene 48 años de edad, y llevaba trabajando dieciséis años en la Delegación Provincial de Barcelona del Ministerio de Trabajo. Hace unos años, Descartín participó en el programa televisivo 1,2,3,... responda otra vez, donde logró ganar un apartamento en la Manga del Mar Menor.

Al parecer, las gratificaciones que presuntamente habría obtenido el funcionario por sus gestiones las cobraba en dólares norteamericanos que posteriormente eran ingresados en una cuenta secreta de un banco suizo.

La detención de José Descartín se llevó a cabo cuando los investigadores detectaron ciertas irregularidades en dos requerimientos firmados por él mismo, correspondientes a la empresa Sucesora de J. Coma y Cross. Un error en las cuentas de los documentos, avalados por la firma del inspector ahora encarcelado, le había supuesto a esta compañía un ahorro de 36.828.000 pesetas en concepto de pagos a la Seguridad Social. Hay que recordar que a esta empresa ya-le fueron detectados seis requerimientos, de pago presuntamente falsificados por una cuantía total de 116 millones de pesetas. Esta sociedad, junto a Industrias Burés, con actas presuntamente fraudulentas por valor de 250 millones de pesetas, pertenece al grupo Juncadella, que es el que ha registrado una participación más destacada en el fraude a la Seguridad Social.

Por esta razón, el juez ha reclamado la presentación de Javier Juncadella Salisachs, que ostenta un alto cargo directivo en el citado grupo.

Los dos requerimientos presuntamente irregulares habían pasado inadvertidos hasta ahora para los investigadores por haber sido mecanografiados directamente por Descartín y, por tanto, no habían sido detectados por las computadoras de la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT), que no los había procesado.

Estos documentos fueron instrumentados de una forma muy similar a los firmados por Ramón Ballesteros o Graciniano Gómez Catón, pero la tramitación posterior fue distinta.

Fuentes de la abogacía indican que en estos momentos, las investigaciones de la Guardia Civil se centran en los expedientes de regulación de empleo en los que ha intervenido el inspector Descartín, con el fin de determinar las verdaderas causas de sus resoluciones. Parece ser que existen sospechas de que alguno de estos expedientes fueran presuntamente amañados durante la época en que Graciniano Gómez Catón estaba al frente de la Delegación de Trabajo, época en la que el inspector encarcelado desarrolló la mayor parte de su labor.

Por otra parte, se ha podido saber que algunos de los porcentajes de gratificación que Ramón Ballesteros Pulido percibía de las empresas que lograban defraudar al Seguro, le eran abonadas en dólares americanos, que posteriormente el inspector colocaba en la cuenta de un banco suizo. La forma en que Ballesteros materializaba los ingresos en el exterior también es motivo de investigación.