Gobiernos de 65 países buscan soluciones conjuntas a la piratería editorial y audiovisual

Delegaciones gubernamentales de 65 países, entre ellos España, y un centenar y medio de especialistas, en representación de las sociedades de autores y editores, la radiotelevisión, la cinematografía, los servicios de aduanas y la Interpol, se han reunido el pasado fin de semana en Ginebra, en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para estudiar el fenómeno de la piratería comercial de grabaciones no autorizadas y la venta de vídeo-casetes, discos y publicaciones de todo tipo.

Los perjuicios de la piratería son incalculables no sólo para los creadores, los artistas-intérpretes y los autores, sino también para los consumidores y, sobre todo, para la cultura y la creación en general. Aunque no hay cifras oficiales sobre el comercio fraudulento de la cultura en sus múltiples formas, durante el coloquio se han cifrado las pérdidas de los editores por ediciones clandestinas de libros y grabaciones ilícitas, de películas y musicales a partir de programas de televisión o radio, en unos 260.000 millones de pesetas para 1981.La Comunidad Económica Europea (CEE), que se ocupa desde hace ya bastante tiempo de este mismo tema, en 1978 hubo de constatar que el 4% del mercado total del disco en los países miembros eran copias pirateadas, y el 15%, en las casetes. El estudio, por otra parte, revela que las cifras varían mucho de un país a otro: en 1978, que sirve de año de referencia, el 6,5% de los discos y el 30% de las casetes eran fraudulentas en Italia; el 3% y el 20%, respectivamente, en Irlanda; el 7% y el 10%, en Holanda, y el 2% y el 7%, en Gran Bretaña. Sin embargo, el fenómeno era apenas insignificante en Dinamarca.

En Hong-Kong, según ciertas estimaciones, más del 70% de los discos y los casetes son comercializados ilegalmente y esta plaga, al parecer, continúa, a pesar de que los servicios de vigilancia y control hayan impuesto multas en 1981 por valor de 134,5 millones de dólares.

El representante de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), W. Wooding, señaló que actualmente en algunos países "el respeto de las leyes que garantizan la protección de la propiedad intectual corresponde exclusivamente a la competencia de la policía. En otros existen, a la vez, medidas de derecho civil y de derecho penal; en otros, sólo es aplicable al derecho civil. En algunos países, como Dinamarca, pueden imponerse sanciones penales en el marco de un procedimiento civil. No existe regla absoluta y la solución que se elija dependerá mucho de la rapidez y de la eficacia relativa de los procedimientos civiles, por un lado, y penaIes, por otro".

Refiriéndose a algunos casos muy concretos de piratería en grabaciones audiovisuales, W. Wooding dijo que España había comunicado veintidós casos de incautación, en 1981 y 1982, con un total de 91.895 casetes de música y 52.000 estuches. También se han señalado varios casos de grabación y de comercialización ilícitas de emisiones de televisión en relación, concretamente, con Benny Hill, Life on earth y el resumen de la tentativa de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. España también ha mencionado la incautación de 574.000 videocasetes y de un teleclub, que utilizaba un sistema de televisión por cable.

En su intervención, citó también otros ejemplos, como la incautación de 1.500 videocasetes falsificados en la isla de Reunión y comercializados en Francia, donde los perjuicios anuales se estiman en unos diecinueve millones de pesetas, o la falsificación por los servicios de aduanas de Hong Kong, por valor de más de un millón de dólares.

Aportación española

La delegación española, por boca del subdirector del Libro, Germán Porras, del Ministerio de Cultura, abundó en el sentido de dar a la piratería configuración jurídica de delito, "con la consiguiente sanción penal, la inversión de la carga de la prueba, la concesión de mayores poderes para la actuación policial y la aceleración de los procesos judiciales". Tras insistir sobre la amplitud y la gravedad del fenómeno, el portavoz de la delegación española puso de relieve la conveniencia de una mayor cooperación entre los Estados y en el seno de organismos como la Unesco o la OMPI, a fin de poder luchar eficazmente contra la piratería, a cuya tarea debe ser asociada, dijo, la opinión pública. También advirtió, por último, que en España se está procediendo en estos momentos a la revisión de la ley de Propiedad Intelectual, "y de ahí el valor de este foro, de sus trabajos y conclusiones", añadió, "con vistas a la redacción del nuevo texto".Al término de las discusiones, los participantes adoptaron una resolución, expresando su inquietud por las dimensiones que va adquiriendo, gracias a las nuevas tecnologías, la piratería en todos sus ámbitos (artes plásticas, edición, radiotelevisión, cine,. ..).

El texto hace hincapié "en los efectos nocivos de la piratería sobre la creatividad y la cultura" y sugiere a los Gobiernos una mayor cooperación en el ámbito internacional y, en el ámbito interno de los estados, medidas eficaces y disuasivas, sobre todo de carácter penal, para impedir así el deterioro de la cultura.