El Gobierno permitirá a las empresas el pago fraccionado y aplazado de los 800.000 millones que deben a la Seguridad Social

El Gobierno está dispuesto a apoyar a los empresarios españoles para que se pongan al día en sus pagos a la Seguridad Social sin provocarles grandes quebrantos de tesorería, aplazando y fraccionando una deuda que en la actualidad puede superar ampliamente los 800.000 millones de pesetas. El decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que con toda probabilidad será aprobado por el próximo Consejo de Ministros, supone -dada la cuantía e interés de la cantidad aplazada y el precio actual del dinero- una de las más generosas ayudas brindadas por la Administración al empresariado en los últimos años y, por tanto, tendrá un carácter excepcional e irrepetible.

El preámbulo del decreto, a cuyo texto ha tenido acceso este diario, especifica claramente los objetivos pretendidos por el Gobierno con esta disposición: "La prolongada crisis económica que incide sobre la economía española ha producido, entre otros efectos, un retraso importante en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y de las de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. Para facilitar a las empresas incursas en mora que puedan ponerse al corriente en sus deudas con la Seguridad Social y con objeto de lograr una mayor transparencia en los costes de las empresas, se considera conveniente instrumentar un sistema que autorice a aquellas a regularizar sus descubiertos con la Seguridad Social y que evite o atenúe las consecuencias de los procedimientos de apremio".La generosidad de esta medida, según fuentes socialistas, contrasta y demuestra lo injusto de las campañas que se han realizado en contra del Gobierno acusándolo de perseguir a los empresarios". En Barcelona no se ha procesado y encarcelado a empresarios por retraso en el ingreso de cuotas de la Seguridad Social, sino a ciudadanos que presuntamente han falseado declaraciones en connivencia con funcionarios públicos para defraudar al Estado y han cometido delitos de cohecho. No es el Gobierno quien dilucida estos temas, sino la Justicia. "Lo que no quiere decir que no haya empresarios en Barcelona que estén pagando las diferencias que debían hasta el momento".

No obstante, el Gobierno es consciente de que una medida como la contenida en este decreto, y así lo dice en el preámbulo del mismo, tiene que ser forzosamente excepcional y no puede amparar conductas delictivas: Esta disposición "tiene por su propia naturaleza un carácter excepcional, a través del cual el Gobierno pretende exclusivamente restablecer un adecuado equilibrio en materia de cumplimiento de las obligaciones de cotización a la Seguridad Social por parte de los empresarios y demás sujetos responsables, para imponer una mayor disciplina recaudatoria en lo sucesivo".

Tres años a un 8% de interés

El inminente decreto contempla el supuesto de las cuotas devengadas hasta el 31 de diciembre de 1982 y no satisfechas en los respectivos períodos reglamentarios de ingreso. La solución arbitrada por el Gobierno facilita a los empresarios un plazo hasta el 31 de mayo para que reconozcan voluntariamente su débito hacia la Seguridad Social y asuman el compromiso de atender regularmente las cuotas que se devenguen de futuro, a cambio de lo cual "podrán aplazar su deuda mediante el ingreso de la misma en un período igual al triple de las mensualidades debidas, con un tope máximo de 36 plazos, con carencia, además, sobre aquellos específicos en que coincida una paga extraordinaria a satisfacer a los trabajadores". Como recargo de mora y aplazamiento de deuda se aplicará el interés básico del Banco de España (un 8%), que es menos de la mitad del precio actual del dinero en el sistema crediticio.Aquellos empresarios y demás sujetos responsables del pago que se acojan a este decreto "serán considerados al corriente en sus obligaciones respecto a la Seguridad Social, sin perjuicio de la subsistencia, en su caso, de la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrirse". Es decir, que si un trabajador denuncia a su empresa por apropiación de sus cuotas a la Seguridad Social es un tema de jueces y no de Gobierno.

Asimismo, el decreto, "y ante la posibilidad de que" los empresarios que se acojan al mismo "se encuentren sujetos a un procedimiento de apremio por débitos a la Seguridad Social, se prevé la suspensión de dicho procedimiento.

A cerca de 800.000 millones de pesetas ascendía la deuda de empresarios a la Seguridad Social, a finales de 1982, entre requerimientos, actas de liquidación y certificados de descubierto. Esta cifra supone un incremento de la citada deuda, a lo largo de 1982, cercano a los 300.000 millones de pesetas.

Sin embargo, el problema fundamental de las deudas a la Seguridad Social, reconocen fuentes de la Administración, no radica tanto en su cuantía, como en la especial articulación vigente para proceder a su cobro. Debe tenerse en cuenta que, una vez expedidas las certificaciones de descubierto por el impago de las cuotas a la Seguridad Social, el expediente pasa a la Magistratura de Trabajo. En esa instancia, debido a la sobresaturación de trabajo y a la escasez de medios materiales y humanos, no se consigue la agilidad deseada.

De ahí la concreción de un concierto entre los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Economía y Hacienda, por el que se establecerá que el cobro de las deudas en ejecutiva a la Seguridad Social se realizará también por los órganos recaudatorios del Ministerio de Hacienda.