La realidad se impuso al programa socialista en la acción de gobierno

La expropiación de Rumasa, el primer holding privado de España, cierra de forma espectacular la serie de medidas acordadas por el Gobierno en este período de los cien días, en el que, según un documento hecho público anoche por la oficina del portavoz ' Eduardo Sotillos, se ha demostrado la clara voluntad de gobernar con decisión. El equipo de Felipe González salió en tromba: se estrenó con la devaluación de la peseta, subió en un 20,5% los precios de los carburantes y procedió a continuación a la elaboración de un proyecto de ley de despenalización del aborto, a la exigencia de un cumplimiento riguroso de los horarios para la función pública y al planteamiento de un marco estricto de incompatibilidades para los parlamentarios y altos cargos.

El repaso pormenorizado de las decisiones adoptadas por el Gobierno en estos primeros cien días de administración socialista después de varias décadas -el dato debe ser subrayado porque minimiza la trascendencia de este balance caprichoso a los cien días- indica que en el ánimo del Gobierno la realidad se ha impuesto al programa del PSOE.La más importante línea de actuación gubernamental la constituyen una serie de medidas que persiguen ante todo el saneamiento económico, y que sólo en segunda lectura pueden ser entendidas desde una perspectiva social. Este es el caso de la expropiación de Rumasa, cuyo crack hubiera abierto una crisis incalculable de con fianza en el sistema financiero y que el Gobierno justificó en su día desde la perspectiva social de la defensa de los 60.000 puestos de trabajo y de los fondos de particulares depositados en los bancos de Rumasa.

Como contrapunto a una política económica socialmente dura el Gobierno acordó un notable incremento de las pensiones, promovió la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales y amplió a treinta días del periodo de vacaciones para todos los asalariados.

A falta de la definición de los Presupuestos Generales del Estado para 1983, las áreas típicas de actuación de un Gobierno socialista - trabajo, sanidad, educación y cultura- no han ido más allá de una política de gestos que confirman la voluntad de cambio. El ministro de Sanidad, por ejemplo, tras ser pionero en la exigencia del cumplimiento de los horarios para los médicos, se ha sumergido durante estos meses en el estudio del Insalud y ni siquiera ha concretado la planificación familiar a cargo de la Seguridad Social, un punto del programa mínimo del PSOE.

Hay que salirse del campo de lo social para encontrar el avance más profundo en el desarrollo del programa del PSOE. Es en el terreno de las libertades y de los derechos individuales, donde se han dado esos pasos que se pueden concretar en el proyecto de ley de despenalización del aborto, en la reforma urgente del Código Penal o en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitirá dar un paso de gigante en la solución del problema del hacinamiento y la violencia en las cárceles. Como un símbolo del respeto por los derechos de los ciudadanos está la elección del primer defensor del pueblo, figura constitucional boicoteada en la anterior legislatura. El Gabinete no ha superado en cambio las contradicciones internas para regular la asistencia letrada al detenido.

El Gobierno se ha movido confusamente en el terreno de la política exterior. Tras afirmar que revisaría los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos se ha limitado a la firma de un protocolo que no cuestiona el despliegue militar norteamericano en España ni siquiera en la base de Torrejón. Ha congelado la integración en la estructura militar de la OTAN, pero también la celebración del referéndum y se mantiene la representación diplomática y militar en la Alianza. Morán apuesta por un eje Madrid-París que no agrada a todo el Gabinete, molesta en Latinoamérica y de momento sólo ha dado algunos resultados positivos en la colaboración para la lucha antiterrorista. En orden público se ha llevado a cabo una profunda remoción policial, pero se mantiene una política continuista. En Defensa se ha anunciado un amplio programa de reformas, se mantiene la calma militar, pero el Gobierno está a punto de dar por buena la opción americana en el plan FACA, que tanto combatió.

La honestidad y moralización de la vida pública, leit motiv de la campaña de Felipe González, se ha reflejado en las medidas sobre cumplimiento de horarios, en las incompatibilidades y en las llamadas a la contención del gasto suntuario de los altos cargos, pero ha sido desmentida por la política informativa del Gobierno (escándalos de intromisión gubernamental en RTVE).

En el terreno institucional el Gobierno se encuentra en una delicada situación con el Tribunal Constitucional al plantear una política de sustitución de magistrados que puede suponer una quiebra en la reconocida trayectoria de independencia del alto tribunal.