Políticos, jerarquías eclesiásticas y funcionarios, implicados en el escándalo italiano del petróleo

Acaba de abrirse un nuevo capítulo en el escándalo del fraude fiscal en el campo petrolero que el pasado año llevó a la cárcel al general Dello Giudice, jefe de la Guardia de Finanzas, y a toda una serie de personajes militares y civiles.

Ahora, la nueva redada ha sido aún más sensacional. La misma Guardia de Finanzas ha declarado que se trata de una operación sin precedentes, en la que están implicadas 544 personas, muchas de ellas encarceladas, otras con órdenes de presentación ante los jueces o a quienes se les ha retirado del pasaporte.Entre los implicados figuran altos cargos de la misma Guardia de Finanzas, eclesiásticos, hombres políticos y funcionarios del Estado. Entre los religiosos acusados de haber participado directa o indirectamente en el gran fraude de 40.000 millones de pesetas figura, entre otros, el secretario del Instituto de Obras de Religión (IOR), es decir, el banco del Vaticano, Donato de Bonis, que es el número dos en el IOR, después del arzobispo Paul Marcinkus.

Algunos sacerdotes han sido detenidos y a otros les ha sido quitado el pasaporte y han recibido órdenes de mantenerse a disposición de los jueces.

Y el escándalo ha salpicado al mismo cardenal vicario de Roma, Ugo Poletti, llamado a ante los magistrados, tras haber confesado que había recomendado, con una carta al ex presidente del Gobierno democristiano, Giulio Andreotti, al general Dello Giudice para que fuera nom.brado jefe de la Guardia de Finanzas, el cual ha acabado después en la cárcel por haber sido descubierto como uno de los mayores culpables en el fraude fiscal en el campo petrolero. En este escándalo han sido implicadas exactamente 157 empresas, que, gracias a la complacencia de los altos mandos de las finanzas, falsificaban facturas para no pagar al fisco.

En una reunión con el clero de Roma, el cardenal Poletti, que es el sustituto del Papa en la diócesis de Roma, ha desmentido la noticia que se había filtrado en la Prensa acerca de su dimisión. Ha asegurado que el Papa acababa de darle toda su solidaridad durante una audiencia privada y que no es verdad que haya pedido al Papa su traslado a otra diócesis.

La nueva redada

En la nueva redada han caído detenidos o acusados ante los jueces, con acusaciones diversas, otros doce altos mandos de la Guardia de Finanzas, como el director actual de Aduanas, Darío Crocetta, la presidenta de la Caja de Ahorros de Turín, la ex diputada Emanuela Savio y hasta el jefe de la Secretaría Política del actual ministro de Asuntos Exteriores, Emilio Colombo.La operación ha sido llevada a cabo en el norte, centro y sur de Italia por los mismos guardias de, finanzas, dispuestos a desenmascarar a cuantos, afirma un comunicado, "han manchado el honor de la institución". Y la operación no se ha acabado aún.

Más aún, se tiene la impresión de que no ha aparecido todavía la verdadera cabeza de esta gran serpiente que se ha tragado miles de millones de pesetas destinadas al fisco.

En los ambientes de la curia de Roma, y en el mismo Vaticano, existe no poca preocupación por esta implicación de hombres de la Iglesia en el nuevo escándalo financiero en vísperas de la apertura del Año Santo, aunque la impresión que existe es que, por lo que se refiere a los sacerdotes incriminados, se haya tratado más bien del feo vicio de escribir cartas de recomendación a personajes que, después, se han revelado metidos hasta los ojos en toda una serie de juegos sucios en materia financiera.

Petróleo sin impuestos

El escándalo de la evasión de impuestos del petróleo surgió en 1980 y amenazó con derribar al Gobierno democristiano de Amintore Fanfani, provocando la destitución en diciembre del mismo año del ministro de Industria, el también democristiano Antonio Bisaglia.Este asunto ha costado al Gobierno italiano pérdidas por encima de los 2.400 millones de dólares (más de 300.000 millones de pesetas). Los documentos encontrados en el apartamento de un periodista de filiación derechista asesinado en 1979, Mino Pecorelli, indicaban que en la mitad de los años setenta, las tasas habían sido sistemáticamente evadidas en productos petrolíferos salidos de las refinerías con la colaboración de la policía (la Guardia de Finanzas) y de algunos importantes políticos.

Se estima que unas 2.000 personas estuvieron involucradas en este escándalo.

El entonces ministro de Defensa, Lelio Lagorio, anunció en el Senado el 19 de noviembre de 1980 que una comisión disciplinaria iba a ser creada para investigar las actividades de los servicios secretos durante la mitad de los años setenta.

Una comisión especial del Parlamento se dedicó también a investigar a la Guardia de Finanzas, cuyo comandante entre 1974 y 1978, Raffaele Giudice, fue arrestado el 26 de octubre de 1980. El entonces jefe de la Guardia de Finanzas, general Donato Lo Prete, también fue considerado como implicado en el escándalo, pero se encuentra oculto desde entonces.