Más de 90.000 desaparecidos, en Latinoamérica en los últimos años

En América Latina hay más de 90.000 detenidos-desaparecidos. Cerca de 50.000 son fruto de*las sucesivas dictaduras en Guatemala; 30.000 son atribuibles a siete años de Gobierno militar en Argentina; 2.500 casos se han producido en Chile; 120, en Uruguay; un número incalculable, en Paraguay, El Salvador, Honduras y Haití. Siguen sin ser esclarecidas algunas desapariciones en Brasil, Colombia y Venezuela. En México, por último, hay 507 desaparecidos, de los que la mayor parte pertenecen a poblaciones indígenas.Estos son los datos que ha hecho públicos en Madrid la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), que ha celebrado en la capital española una sesión de trabajo antes de inciar una gira por varias cap¡tales europeas, incluida una presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Esta Federación, creada en noviembre de 1981 en Caracas, está integrada por asociaciones de familiares de desaparecidos de trece países latinoamericanos, entre las que se encuentra la de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Su sede permanente se encuentra en la capital venezolana.

La gira europea de su presidenta y vicepresidenta Pamela Pereira (chilena) y Elida Bursi (argentina), incluye una escala fundamental en Italia, donde intentarán obtener un compromiso del Gobierno italiano para que presente a debate en la Comisión de Derechos Humanos dé las Naciones Unidas el proyecto de Convención sobre Desaparecimiento Forzado, elaborado por la Federación en su tercer congreso, celebrado en Lima en noviembre de 1982.

Impedir la disidencia

El proyecto de Convención pretende, básicamente, determinar el "desaparecimiento forzado de personas (...), llevado a efecto con la intención de reprimir, impedir o entorpecer la oposición o disidencia por quienes desempeñan funciones gubernativas..." como "un delito de derecho internacional y un crimen de lesa humanidad". Como tal, "no admite la calificación de delito político ni de delito común", sus autores no gozarán del derecho de asilo territorial ni diplomático, ni podrán ser afectados por ninguna medida de gracia, y "tanto la acción penal como la pena impuesta son imprescriptibles".En las entrevistas mantenidas en Madrid, la comisión de FEDEFAM ha expuesto la conveniencia de que el Gobierno español respalde la eventual presentación de la Convención en la ONU por parte de Italia.

Elida Bursi, que forma parte también de las Madres de Mayo, destacó, asimismo, la importancia que tendría para su federación una declaración del Parlamento español considerando a la áesaparición por motivos políticos como un ctimen de lesa humanidad, como ya ha hecho el Parlamento de Venezuela y como esperan que haga pronto la Cámara legislativa italiana.