El fiscal retira una acusación y rebaja a menos de un año la petición para los otros 9 acusados de Crimidesa

El ministerio fiscal retiró ayer las acusaciones contra el sindicalista de Comisiones Obreras Máximo Luaces, para quien se había solicitado cinco años de prisión, por el delito de supuesta detención ilegal de los responsables de la empresa Crimidesa. A las 22.30 horas, al finalizar la sesión y elevar a definitivas sus conclusiones, el fiscal modificó también de manera sustancial las peticiones realizadas para los otros nueve procesados. Ninguna de las penas reclamadas supera el año de prisión. El mismo fiscal añadió que, en el caso hipotético de que la sentencia no condenase a los procesados a más de un año de cárcel, pediría personalmente que se les aplicase la condena condicional, para que no ingresasen en prisión.

En las conclusiones provisionales el fiscal venía pidiendo un total de 52 años y nueve meses de carcel para todos los acusados de crimidesa. Se espera con curiosidad la decisión del abogado querellante quién pidió ayer noche un paréntesis para meditar la decisión del fiscal.Las declaraciones de los ex gobernadores civiles de la provincia de Burgos, Manuel del Hoyo Oliveras y Antolín de Santiago, el testimonio de los responsables y accionistas de la empresa Crimidesa, y la visita fugaz del ex diputado Marcelino Camacho fueron los incidentes más importantes acaecidos en las últimas horas en la sala de lo penal de la Audiencia Provincial de Burgos, donde se está juzgando a nueve mineros y a un líder sindical de CC OO por los presuntos delitos de daños, atentados, coacciones y detención ilegal.

El ex gobernador civil de Burgos Manuel del Hoyo Oliveras aseguró ante el tribunal que su actuación en el conflicto de la noche del 28 de octubre de 1980 impidió que se cometiera un presunto delito de detención ¡legal contra los responsables de la empresa. Con esta sorprendente afirmación, Manuel del Hoyo Oliveras inició una detallada explicación sobre su mediación en el conflicto de Cerezo. Aseguró que conocía el problema por la información que periódicamente le transmitían las fuerzas de seguridad, pero que se sorprendió cuando, al trasladarse al lugar de los incidentes, descubrió un peligroso índice de tensión.

"Mi intención fue la de coordinar los intereses de orden público con los intereses humanos y sociales. Pero había un punto previo. Había que rebajar la tensión. Por eso, lo primero que hice cuando llegué fue hacer traer unas cervezas y unos bocadillos para los que se encontraban reunidos en las oficinas de la mina".

Las declaraciones del ex gobernador civil significaron un aval claro y tajante a las manifestaciones que habían estado realizando antes los acusados. Reconoció también el ex gobernador que el foco de tensión no se encontraba en el interior de las oficinas, sino fuera, donde se agolpaban las mujeres, ancianos y niños de Cerezo, en un intento desesperado de que los camiones no sacaran el sulfato y no se rompiera la huelga.

Tan espectaculares como las declaraciones de Manuel del Hoyo Oliveras fueron las realizadas por Antolín de Santiago, también ex gobernador civil de Burgos hasta el 24 de julio de 1980, cuatro días antes de que acaecieran los hechos que están siendo juzgados. Antolín de Santiago recalcó en sus declaraciones la actitud intransigente de la empresa y aseguró que el conflicto de Crimidesa se alargó por culpa de la misma. Estas manifestaciones provocaron la airada protesta del Ministerio Fiscal, quien llegó a señalar que lo dicho por el ex gobernador era una trasgresión al artículo 24 de la Constitución. La intervención del Ministerio Fiscal fue el origen de un incidente que amenazó la marcha del juicio oral. El presidente de la sala suspendió el juicio durante unos segundos.

Pero frente a estas declaraciones se levantaron también las efectuadas por los responsables de la empresa Crimidesa, quienes aseguraron reiteradamente haber sido objeto de amenazas y coacciones durante los incidentes del 28 de octubre de 1980. Estos testigos hicieron hincapié en la necesidad que tenían de "sacar el sulfato de la mina para que ésta no se perdiera". Más aún, uno de los testigos, Francisco Javier Pantalamor, director general de Crimidesa, argumentó ideológicamente la decisión de intentar comercializar los sulfatos en plena huelga legal. "Todos los españoles tenemos derecho a trabajar. No sabía que estaba prohibido trabajar y producir. Mi intención era no dejar perder un bien nacional".

Ya no hay ninguna duda. Todos tienen muy claro que el conflicto de Crimidesa fue agudizado por la misma empresa el 28 de octubre de 1980, cuando intentó vender los sulfatos que se habían estado produciendo en plena huelga legal. Así lo han manifestado alguno de los testigos, los procesados y el propio capitán de la Guardia Civil que fue comisionado con veinte hombres a Cerezo el día del conflicto.

"Si no se hubiera intentado sacar el sulfato, no hubiera habido problema", afirmó el capitán Antonio Santiago.

Este ha sido el primer gran triunfo de los abogados José María Mohedano, Mariano Olalla y Javier Cerón, defensores de los diez procesados. Hay, sin embargo, algunas cosas que estos letrados no han conseguido aún. Por ejemplo, no han logrado plantear con claridad las circunstancias y el contexto social en el que se produjo el conflicto y se cometieron los presuntos delitos. El presidente de la sala cortó una de las preguntas de la defensa y señaló que los hechos juzgados eran muy concretos y que había que ceñirse a ellos.

El público continuó ayer abarrotando la sala de la audiencia de Burgos. El calor era insoportable. Las sesiones, interminables y hasta cierto punto monótonas. Sin embargo, ayer se rompió la monotonía poco antes de la una de la tarde, cuando se abrió la puerta y apareció en la sala Marcelino Camacho, confundiéndose entre el público.

Continúa teniendo algo de carisma este hombre, que suele aparecer en los momentos y en los lugares más inesperados, siempre en pleno conflicto. Fue una práctica que inició poco después de salir de la cárcel.

Después, aprovechando una interrupción de la vista, Camacho saludó a los acusados. Antes de regresar a Madrid, Marcelino Camacho habló unos segundos con todos. En los pasillos, mientras continúa dentro la sesión del juicio oral, se destejen los más nimios y también los más importantes detalles de la lucha de Crimidesa. Alguien habló de aquellas coplas que se cantaron en Cerezo un día de fiestas y en las que "se dejaron a parir a los propietarios de la mina".

Los rapsodas fueron fulminantemente despedidos. También se explicó que, después de aquellos incidentes del 28 de octubre de 1980, los trabajadores de Crimidesa iniciaron aquella larga marcha de protesta. Una marcha que desembocó en Madrid el 19 de noviembre y que aún no ha llegado a su meta final. Los mineros de Crimidesa y los vecinos de Cerezo continúan caminando.