El Tribunal de los Pueblos reconoce el derecho a la fuerza al pueblo de Guatemala

El Tribunal Permanente de los Pueblos acusó ayer a "los Gobiernos que se han sucedido en Guatemala desde 1954 hasta el régimen del general Ríos Montt inclusive", de "violaciones graves, reiteradas y sistemáticas de los derechos del hombre", "crímenes de guerra", "crímenes contra la humanidad" y "genocidio". El tribunal reconoció, al mismo tiempo, el derecho del "pueblo de Guatemala a ejercer todas las formas de resistencia, incluso la fuerza armada".

Al término de cinco días de debates en Madrid, el tribunal ha declarado también responsable "de estos crímenes" al "Gobierno de Estados Unidos de América, por su injerencia determinante en los asuntos de Guatemala". Los Gobiernos de Israel, Argentina y Chile han sido declarados "culpables de complicidad por ayuda y asistencia".

Se ha acusado al Gobierno de Guatemala de atentar "contra el derecho imprescriptible del pueblo de Guatemala a la autodeterminación política y económica, y el derecho de ese pueblo a ejercer la soberanía sobre sus recursos naturales, tal como se establece en la Carta de las Naciones Unidas y en numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU".

El tribunal ha oído a veintiseis testigos y veinticuatro informes, entre ellos los de Amnistía Internacional, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Pax Christi Internacional, Consejo Nacional de las Iglesias y Comisión de Derechos Humanos de Guatemala.

Estatuto de beligerancia

Los jueces integrantes de esta sesión -entre los que se encontraban los premios Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y de Fisiología y Medicina, George Wald- conluyeron que la situación en Guatemala presenta incontestablemente el carácter de un conflicto armado en el que se oponen, de una parte, una fracción limitada del país que, habiéndose apoderado del aparato del Estado, lo ha militarizado completamente y, gracias a una ayuda exterior masiva, lo ha transformado en una poderosa máquina de destrucción; por otra parte, el pueblo guatemalteco en sus diversos componentes, sus etnias y sus capas sociales".Por ello, el tribunal pide el reconocimiento del "Estatuto de beligerancia a las organizaciones del pueblo guatemalteco", de acuerdo con la Convención de Ginebra y las resoluciones de la ONU.

El tribunal ha comprobado datos como las cifras de 889 asesinados, 116 secuestrados y 71 desaparecidos por motivos políticos entre abril y julio del pasado año, ya bajo el Gobierno del general Efraín Ríos Montt. Según numerosos testimonios e informes, veintitrés periodistas han sido asesinados en plena calle y otros veintitrés secuestrados en los últimos cuatro años, tres sacerdotes españoles han sido asesinados y otro, el padre Carlos Pérez Alonso, se encuentra secuestrado.

Las organizaciones de derechos humanos calculan en un millón el número de personas desplazadas de sus hogares por la persecución política. Todos estos datos han sido enviados al Papa Juan Pablo II, que visitará próximamente Guatemala.