EL Gobierno cuenta con una reacción moderada de la Iglesia

Una de las razones que decidieron al Gobierno socialista a promover ahora la despenalización de algunas formas de aborto voluntario fue el conocimiento obtenido recientemente, después de varios contactos a alto nivel con la jerarquía eclesiástica española -uno de ellos, protagonizado por Alfonso Guerra y Gabino Díaz Merchán-, de que no se iban a producir resistencias especiales por parte de la Iglesia.

El Gobierno cree tener garantías de que, sin perjuicio del lógico rechazo eclesial del aborto, esta actitud se mantendría "en el ámbito moral y religioso" y no acarrearía una descalificación global de la Administración socialista.Los dirigentes socialistas calcularon con gran cuidado los riesgos de que el tema del aborto produjera una guerra total con la Iglesia, cuya influencia, no sólo religiosa, sobre millones de españoles no es, en absoluto, desdeñada por el PSOE. Uno de los contactos de tanteo se produjo el sábado 15 de enero, con ocasión de una entrevista mantenida por el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, acompañado de los ministros de Justicia, Fernando Ledesma, y de Educación y Ciencia, José María Maravall, con el presidente y el secretario de la Conferencia Epíscopal Española, Gabino Díaz Merchán y Fernando Sebastián, respectivamente. Diez días después, el Gobierno comunicaba oficialmente su decisión de despenalizar algunas formas de aborto.

Según las fuentes gubernamentales oficiosas que informaron a este periódico, el rechazo de plano por parte de la Iglesia de toda forma de despenalización del aborto no fue óbice para que los altos representantes del episcopado español reconocieran "la facultad del Estado para regular esta materia". EL PAÍS quiso ayer confirmar con el presidente de la Conferencia Episcopal los términos en que se desarrolló el encuentro, pero no tuvieron éxito los intentos realizados en su despacho y en su domicilio de Oviedo. La impresión obtenida por algunos de los asistentes a esta entrevista es que la Iglesia mantendrá, en el tema del aborto, una actitud similar a la sostenida con ocasión de la regulación del divorcio; esto es, limitando la oposición al terreno estrictamente pastoral.

No resulta extraño, pues, que, al margen de algún obispo que actúe por libre (como el de Guadalajara-Sigüenza, que se atrevió a afirmar que "el Gobierno está dispuesto a convertirse en el asesino oficial de miles de españoles"), las primeras reacciones de los más caracterizados miembros de la jerarquía eclesiástica se hayan inclinado por la moderación. El Gobierno espera, según las fuentes consultadas, que este tono quede también reflejado en el documento colectivo de los obispos, que emanará de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal tras su reunión de los próximos días 3, 4 y 5 de febrero.

Díaz Merchán advirtió, al conocer el propósito del Gobierno, que "la discrepancia en esta materia no ha de extrapolarse a otras temáticas de la convivencia", ya que "el problema de la despenalización del aborto en España no debería servir de pretexto de unos y otros para que el resto de los problemas urgentísimos que tiene nuestro país, como el paro y otros muchos que afectan a amplísimos sectores de la población, pudieran dejarse en segundo término o dificultarse por falta de entendimiento entre los españoles".

El 'impuesto religioso'

La actitud de no enfrentamiento global de la Iglesia con el Gobierno se corresponde con la posición de respeto hacia el ámbito religioso de la actuación eclesial mantenida por el Gabinete de Felipe González, que no ha rehuido tampoco las obligaciones del Estado para con la Iglesia derivadas de los acuerdos firmados por España y la Santa Sede en 1979 y que, en principio, no van a ser modificados. Precisamente uno de los objetivos de la entrevista celebrada el 15 de enero por los representantes del Gobierno y de la Conferencia Episcopal fue estudiar el cumplimiento de tales acuerdos sobre asuntos económicos y, concretamente, el sistema de dotación del Estado a la Iglesia.

En la entrevista de los miembros del Gobierno, encabezados por Alfonso Guerra, con las altas jerarquías de la Iglesia citadas se estudiaron las relaciones Iglesia-Estado en materia de enseñanza y otras cuestiones que afectan a la actividad pastoral.

Uno de los acuerdos estudiados en la citada reunión, el relativo a asuntos económicos, establece que, una vez transcurridos tres ejercicios completos -1980, 1981 y 1982-, "el Estado podrá asignar a la Iglesia católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal". Para ello será preciso que el contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva su voluntad acerca del destino de la parte afectada. En ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente se destinaría a otros fines.

El director general de Asuntos Religiosos, Gustavo Suárez Pertierra, recordó recientemente que el denominado impuesto religioso no es un nuevo impuesto ni el recargo de una cuota tributaria para aquellos ciudadanos que manifiesten su deseo de ayudar a la Iglesia sino sólo "la facultad de los contribuyentes para señalar el destino de una parte de los impuestos que ya paga".