Todos los detenidos en Barcelona por el fraude a la Seguridad Social, en libertad sin fianza

Las diecisiete personas detenidas por la Guardia Civil de Barcelona por su posible participación en el fraude a la Seguridad Social fueron puestas en libertad ayer por el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, que se hallaba en turno de guardia, sin que les fuera exigido ningún tipo de fianza. Luis Fernando Gómez Vizcarra, titular del juzgado que decretó la libertad de los detenidos, exigió a los presuntos implicados en el fraude, como único requisito para obtener su libertad, la obligación de no modificar sus domicilios.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ordenó ayer la búsqueda y captura de los inspectores de Trabajo Graciniano Gómez Catón y Ramón Ballesteros, quienes no acudieron a declarar por hallarse ilocalizados.Entre los empresarios y gerentes detenidos se encontraban dos directivos de la empresa Rocalla, de Castelldefels. José Maria Borrull, directivo de esta empresa, permaneció durante varias horas en la Comandancia de la Guardia Civil. Asimismo, fueron detenidos tres representantes del grupo de empresas Verdés, SA, de Igualada: José Miguel Just, Felipe Verdés y Josep Maria Miserachs, hermano, este último, del alcalde de Igualada, Manuel Miserachs, de Convergéncia i Unió, así como el propietario de Ascensores Cardellach. El grupo Verdés, SA, agrupa a seis entidades y es uno de los más importantes de la comarca de Anoia. Cuenta con una plantilla próxima a los seiscientos trabajadores, gran parte de los cuales ha estado sujeta en los últimos años a expedientes de regulación de jornada y de suspensión de contratos de trabajo.

Los detenidos fueron conducidos en un autobús de la Guardia Civil a las dependencias del Juzgado de Guardia, de Barcelona, sobre las diez de la mañana de ayer.

Familiares concentrados

En las inmediaciones del juzgado se había concentrado a esa hora gran número de abogados y familiares de los implicados. El aspecto de los empresarios y funcionarios detenidos no ofrecía huellas de cansancio y todos se hallaban perfectamente afeitados, a pesar de haber pernoctado en los calabozos del cuartel de San Pablo de la Guardia Civil. Una hora y media después el grupo de detenidos, en el que se hallaban también los abogados del antiguo sindicato vertical Miguel Vilalta -no Jaime Vilalta, como se publicó ayer-, Antonio Saltor y Marino 'Villa, fue trasladado al Juzgado de Guardia.Tras cumplimentar varios trámites con un oficial del Juzgado de Guardia, durante un corto período, que, según diversos tesfimonios, no superó los quince minutos, les fueron quitadas, las esposas a los tres abogados y, posteriormente, fueron puestos en libertad. Los restantes detenidos obtuvieron de la misma forma su libertad en un corto espacio de tiempo. Durante los próximos días los implicados en el fraude serán citados a declarar ante el juez instructor del procedimiento, tras lo cual éste deberá decidir sobre su procesamiento, su ingreso en prisión o puesta en libertad, o, por el contrario, el archivo de las actuaciones. En la querella presentada por el fiscal se solicita la prisión incondicional para cinco de los implicados.

Continúan los interrogatorios

Ayer continuaron los interrogatorios de otros empresarios supuestamente implicados en los hechos en las dependencias de la 411 Comandancia de la Guardia Civil. El Grupo de Información de esta comandancia siguió practicando detenciones durante todo el día de ayer en relación con los mismos hechos. Una lista de cuarenta empresarios ha sido remitida por el juzgado instructor al equipo investigador para ser sometidos a interrogatorio.No comparecieron, sin embargo, los inspectores de Trabajo Graciniano Gómez Catón y Ramón Ballesteros, a quienes se les ha instruido expediente administrativo. La querella elaborada por el fiscal se dirige contra los dos inspectores y contra los tres abogados del extinto sindicato vertical.

A todos ellos se les acusa de los delitos de cohecho, falsedad en documento público y estafa. Los dos inspectores querellados se encuentran ilocalizados, así como el funcionario excedente Francisco Gilabert. La Guardia Civil interviene en el procedimiento por expresa designación, dado que las funciones ordinarias de policíajudicial corresponderían al Grupo de Estafas de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona.

En medios de la abogacía ligados a los empresarios detenidos se explicó ayer la puesta en libertad de éstos por el malestar que hubiera causado la decisión de encarcelarlos y el consiguiente incumplimiento de sus obligaciones salariales para con sus trabajadores. La medida adoptada por el juez, sin embargo, fue duramente criticada en algunos medios jurídicos y judiciales, para quienes este hecho, unido al complicado sistema mantenido por diversos sectores para impedir que trascendieran los nombres de sus protagonistas a la opinión pública, sería sintomático del mantenimiento de ciertos privilegios para los implicados en este tipo de casos.