La negociación salarial

LA POSTURA del Gobierno de respetar la autonomía de los agentes económicos y, por consiguiente, los pactos alcanzados entre las organizaciones patronales y las centrales sindicales para la fijación de las subidas salariales es congruente con los principios pluralistas sobre los que descansa el funcionamiento de las sociedades industriales avanzadas. El excesivo retraso en la firma de los acuerdos salariales para 1983 no ayuda, sin embargo, a disipar las incertidumbres de nuestra vida económica y está demorando peligrosamente la conclusión de buen número de convenios colectivos. Las protestas de los comunistas contra el inhibicionismo del Poder Ejecutivo en la materia encierran, paradójicamente, una cierta añoranza de la política dirigista asociada con el nombre de José Antonio Girón de Velasco. Ahora bien, la condición de empresario que el Estado asume a través de la titularidad del sector público -industrial, bancario y de servicios- le impide llevar hasta sus últimas consecuencias la lógica de Poncio Pilatos que un liberalismo extremo exigiría. El Poder Ejecutivo, sin renunciar a la neutralidad en la negociación entre las partes, podría anticipar sus proyectos de remuneración en las empresas estatales, muchas de ellas deficitarias y con unos niveles de retribución bastante más elevados que sus competidoras del sector privado. La elogiable medida de moderar las remuneraciones de los presidentes y directores de las empresas estatales y la banca pública legitima a las autoridades para poner orden dentro de su propia casa y fijar, para el año en curso, alzas salariales razonables en el resto de las categorías profesionales.La negociación colectiva entre las organizaciones patronales y las centrales sindicales parece hallarse en un callejón sin salida como consecuencia de la inflexibilidad mostrada hasta ahora por las unas y por las otras. Los representantes de la CEOE argumentan que la reducción de la jornada laboral, tras el establecimiento por el Gobierno de la semana de cuarenta horas, implica un incremento de costes que no puede ser ignorado a la hora de la negocición salarial. Los empresarios se resisten igualmente a incluir en los acuerdos una cláusula de revisión semestral que hiciera repercutir sobre los incrementos salariales, como ocurrió en 1982, los posibles efectos de la mayor inflación de los meses inciales del año. La organización patronal, de añadidura, exige del Gobierno información precisa sobre el marco de la política económica, expresada en cifras presupuestarias y magnitudes monetarias, y mantiene la propuesta, mientras esos datos no sean hechos públicos, de una banda salarial del 6% al 10% para 1983.

Los sindicatos argumentan que la reducción de jornada es una materia regulada por el Gobierno y ajena, por lo tanto, a la negociación entre los agentes económicos. Las centrales justifican la revisión semestral como una salvaguarda adicional de la recuperación a corto plazo del poder adquisitivo de los trabajadores, tanto mas necesaria después de los recientes aumentos en el precio de los carburantes y la electricidad. Los sindicatos proponen, finalmente, que el límite superior de la banda salarial de incremento anual para 1983 se eleve hasta el 1,3%, porcentaje que, además de constituir una contrapropuesta táctica a la oferta anticipada por la CEOE, descansa sobre la sospecha de que la inflación prevista para 1983 será superior al 12% estimado por el Gobierno socialista. Las previsiones sobre la inflación futura están, por supuesto, sujetas a imprevistos. Conviene subrayar, sin embargo, que esas incertidumbres no operan en una única dirección. En 1982, por ejemplo, la OCDE estimó una inflación del 7% para Estados Unidos y del 10,25% para Inglaterra; sin embargo, los incrementos efectivos resultaron ser del 3,8% y el 5,4%, respectivamente. En el caso español la inflación en el primer semestre de 1982 creció a un ritmo anual del 16,5%, pero durante la segunda mitad del año se situó en torno al 9%. De esta forma, la tasa del primer semestre forzó a que la revisión máxima de los convenios negociados dentro del ANE alcanzara los 3,4 puntos. Ahora bien, en el supuesto de que se hubiera tomado como punto de referencia el índice de los precios al consumo de los nueve primeros meses del año, la revisión máxima solo habría podido ser de 1,3 puntos.

Cabe concluir, así pues, que ninguna estimación de los niveles de inflación puede concebirse como totalmente rigurosa, ni tampoco el establecimiento de una cláusula automática de revisión a fecha fija. Pero estas observaciones no deberían ser utilizadas para negar la posibilidad de negociar una banda salarial que, sin comprometer la vida de muchas empresas que carecen de subvenciones estatales y compiten en un mercado relativamente libre, resulte aceptable para los sindicatos. Una banda entre el 9% y el 11%, para quienes se inclinen por los razonamientos de los sindicatos, o entre el 8% y el 10%, para quienes sean más sensible a los argumentos de los empresarios, podrían hacer el acuerdo posible. La exhortación del Presidente del Gobierno, reiterada en la entrevista televisiva del viernes pasado, al esfuerzo solidario de todos los sectores de la sociedad para hacer frente a la crisis obliga a quienes han aplaudido ese mensaje a que sus hechos sean congruentes con sus palabras.

Parece sensato suponer que los representante de la CEOE tienen ya suficientes elementos de juicio para determinar, sin posteriores precisiones del Gobierno sobre las grandes líneas macroeconómicas, el tipo de aumento salarial capaz de reunir la doble condición de resultar soportable para la cuenta de resultados de la mayoría de las empresas y de mantener la demanda interior, esto es, la capacidad de compra de la población asalariada. Los sindicatos, en especial UGT, deben perder el miedo el temor a ser tildados de amarillistas por su decisión de aceptar acuerdos razonables con las organizaciones patronales. Baste con recordar que, pese a la campaña lanzada por CCOO en el contexto mas general de la ofensiva política desencadenada por el PCE en 1980, la firma del AMI entre la CEOE y UGT, lejos de ser una soga puesta al cuello del sindicato socialista, permitió a la central dirigida por Nicolás Redondo y José María Zufiaur ganarse la confianza de buen número de trabajadores. El ejemplo de Italia, donde se ha prescindido del mecanismo de la escala móvil, muestra la urgencia de liberarse de las erróneas ideas recibidas escritas en manuales obsoletos y de adoptar, en su lugar, pautas de conducta que permitan hacer compatibles la defensa por los trabajadores empleados de su capacidad adquisitiva y las angustiosas necesidades de esos dos millones largos de parados que aguardan la creación de nuevos puestos de trabajo a través de la recuperación de la actividad económica y la inversión productiva.