El descontrol de las recaudaciones de la Seguridad Social ayudó al fraude

, El fraude a la Seguridad Social, cuyas primeras investigaciones se iniciaron a principios del pasado otoño por la Inspección de Trabajo de Barcelona, ha sido posible gracias al enorme descontrol existente en las recaudaciones de las cuotas empresariales. La tesorería territorial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Barcelona, por ejemplo, tiene pendientes de cobro por la vía de requerimiento alrededor de 50.000 millones de pesetas en el período comprendide entre julio de 1979 y diciembre de 1981.

Durante este tiempo, además de los inicios de 1982, se centró la actividad fraudulenta de varios inspectores y funcionarios de la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT), en connivencia con un número todavía indeterminado de empresas y profesionales del sector. Todavía no se han,depurado informáticamente las cuotas adeudadas durante 1982, período también sujeto a investigación.Lo más sorprendente, según datos elaborados por la tesorería territorial del INSS de Barcelona, es que los 20.643 millones adeudados durante el segundo semestre de 1979, correspondientes a 24.024 requerimientos de pago con recargo, inexplicablemente todavía no han sido remitidos a las empresas. Más increíble todavía resulta el hecho de que la Administración ignora en absoluto las deudas relativas al período comprendido entre enero y agosto de 1980, razón por la que ni siquiera se han hecho los correspondientes requerimientos de pago.

Sin embargo, la actual investigación versa sobre los requerimientos efectuados a partir de septiembre de 1980, fecha en que se inició la mecanización de las cuotas a través de ordenador. Un total de 90.175 requerimientos han sido efectuados por la ODIT desde aquella fecha hasta diciembre de 1981 por una cuantía global de 28.730 millones de pesetas. Los falsos requerimientos descubiertos hasta el momento y las actas complementarias enviadas la pasada semana alcanzan a un centenar de empresas, con un volumen defraudado próximo a los 2.100 millones de pesetas. Fuentes solventes consideran, no obstante, que todavía es imposible determinar el alcance numérico del fraude.

La presunta estafa consistía en esencia en rebajar las cotizaciones pendientes que algunas empresas tenían con la Seguridad Social. Ello era posible gracias a una práctica de "autodenuncia" voluntaria de las propias empresas, cuyos gerentes -en unos casos- y gestores -en otros- acudían a inspectores de su confianza que les extendían requerimientos por valores inferiores a los reales. Los requerimientos también podían ser expedidos por interventores de la Seguridad Social que posteriormente eran ratificados por los Inspectores de Trabajo destinados a la ODIT.

Contrapartidas variables

Fuentes solventes declararon a este diario que la contrapartida recibida por los funcionarios variaba en función de que el requerimiento fuera un hecho aislado, o bien que sirviera para poder obtener autorizaciones en expedientes de regulación de empleo. La exigibilidad del requerimiento se da, por ejemplo, en los casos de suspensiones temporales de contratos, para cuya obtención es necesario que las empresas se hallen al corriente de sus pagos a la Seguridad Social o bien hayan sido requeridas oficialmente a los mísmos. Sin este requisito los trabajadores afectados no podrían cobrar el subsidio de desempleo.El jefe de los inspectores de la ODIT, independiente en aquella época de la Delegación de Trabajo, era Jaime Talens. En el departamento prestaban también sus servicios los funcionarios Francisco Gilabert, actualmente en excedencia, y José Luis García. A ninguno de ellos le ha sido abierto expediente.

Las irregularidades fueron detectadas cuando una empresa solicitó rectificar su acta de requerimiento con la finalidad de corregir algunos datos que hubieran facilitado el descubrimiento del fraude. En ese momento el inspector jefe de la ODIT, nombrado recientemente en sustitución de Ramón Ballesteros -a quien ha sido abierto expediente administrativo por estos hechos, junto al exdelegado en funciones de trabajo de Barcelona, Graciniano Gómez Catón- sospechó la existencia de irregularides en las actas.

En septiembre se inició una investigación a cargo de la Jefatura Central de la Inspección de Trabajo y de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, cuyo titular era Vidal Cuenca. Actualmente las investigaciones continúan a cargo de dos instructores de la Jefatura Central de la Inspección de Trabajo, así como de un fiscal designado por la Audiencia de Barcelona y de'un cuerpo especializado de la Guardia Civil.

Expedientes de crisis

Se da la circunstancia que algunas de las empresas implicadas en los requerimientos falsificados habían presentado de forma paralela expedientes de regulación de empleo ante la Delegación de Trabajo, durante la época en que Graciniano Gómez Catón fue inspector, para pasar posteriormente a ostentar el cargo de subdelegado y de delegado en funciones y, finalmente, de inspector en la ODIT, destino que tenía adjudicado desde un año antes de ser cesado en su cargo. Curiosamente, la categoría de delegado de trabajo en funciones, que éste desarrolló durante más de un año, no está prevista en la legislación vigent, ni tiene asignada dotación presupuestaria, hecho que fue utilizado por algunos abogados laboralistas para impugnar resoluciones firmadas por él.La coincidencia entre el requerimiento de Seguridad Social fraudulento y un expediente de regulación de empleo se da en las empresas Rocalla SA y Manufacturas Petronius. La primera tiene su principal factoría en Castelldefeis y se dedica a la fabricación y comercializ ación de materiales de fibrocemento. En septiembre de 1980 esta empresa solicitó un expediente para rescindir 197 contratos de trabajo. A pesar de que el informe de los inspectores que intervinieron en el procedimiento fue denegatorio, Gómez Catón autorizó la solicitud de la empresa, hecho que constituye una práctica excepcional. El sindicato de Comisiones Obreras, que asesoraba a los trabajadores de Rocalla, solicitó ya entonces su dimisión.

La extraña actuación de Gómez Catón durante la negociación de varios expedientes de regulación de empleo cuando era subdelegado y delegado en funciones tenía a precedentes conocidos desde varios años atrás. En 1979 una economista de CC OO comunicó al entonces delegado de Traba o, Joaquín Borrell, al subdelegado Jorge Fernández -posteriormente delegado y gobernador civil de Asturias y Barcelona-, y al jefe de la Inspección de Trabajo, en una reunión convocada al efecto, la existencia de una letra de cambio librada a Gómez Catón por la empresa Transportes Vilanova.

La economista protestó entonces de que Gómez Catón hubiera intervenido como inspector en un expediente de crisis de esta empresa, ubicada en Badalona, sin que le correspondiera, ya que no tenía adjudicada la competencia sobre aquella zona. Aunque los asistentes a la reunión corroboraron la existencia de relaciones comerciales entre Gómez Catón y Transportes Vilanova, fueron atribuidas a actuaciones privadas de aquél, que se hallaba familiarmente vinculado al sector del transporte, y no dieron importancia al hecho.