El Grupo Popular presenta una proposición de gratuidad de la enseñanza, de 4 a 16 años

El grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados presentó ayer una proposición de Ley de Gratuidad de la Enseñanza constitucionalmente obligatoria. Consta de quince artículos y establece la gratuidad de la enseñanza para los alumnos de 4 a 16 años, siendo el alumno el titular de la financiación y sus padres, o tutores, quienes deleguen formalmente en el centro que elijan la percepción de la misma.

Los diputados Miguel Herrero y Modesto Fraile, que presentaron el texto, afirmaron que esta es una ley de principios, abierta a cualquier enmienda o consideración del Gobierno. Ambos fijaron el coste de la ley en unos 108.000 millones de pesetas.El coste del puesto escolar, según la proposición, quedará integrado por los gastos de personal, cargas sociales y derechos pasivos a cargo de la administración para salarios diferidos, compra de bienes corrientes y servicios, las cuotas de amortización de los bienes de capital invertidos y el interés de las inversiones requeridas y de los créditos.

El módulo de la financiación de la gratuidad seriá fijado por una comisión paritaria, integrada por representantes de la administración del centro escolar, tanto público como privado, de las asociaciones de padres y de los profesores y tendrá a su cargo la determinación y sucesivas actualizaciones de los costes de la enseñanza.

Según la proposición de ley, los centros de titularidad privada, integrados en este sistema de financiación, percibirían al comienzo de cada trimestre del año, por delegación de los padres o tutores de los alumnos, la parte correspondiente del módulo de financiación. Estos centros gozarían de exención de toda clase de impuestos, arbitrios, contribuciones, tasas y derechos fiscales y parafiscales.

En cuanto al control y gestión de fondos entregados por los alumnos a los centros, intervendrán en ella los profesores, los padres y los alumnos, sin perjuicio del control correspondiente a los órganos de la administración del Estado.

El sostenimiento de los servicios de conservación, reparación, calefacción, alumbrado, limpieza y conserjería de los centros de titularidad pública, corresponderá a las corporaciones municipales y la financiación de los servicios de transporte y comedor a las diputaciones provinciales.

La proposición de ley del grupo Popular establece también que las actividades complementarias y enseñanzas no regladas que pueden organizarse en los centros públicos y privados, acogidos a este sistema de financiación, serán de carácter voluntario y su costo no podrá exceder del 30 % del precio financiado.

Hasta que se aplicase este sistema de financiación, que sus promotores calculan en un periodo de tres cursos, se mantendrá -según las disposiciones transitorias- el actual de subvenciones.

Asimismo se pretende que, en tanto no se equipare el coste estimado del puesto escolar estatal y el coste real del puesto escolar, en los centros de titularidad privada, acogidos a este sistema de financiación, dichos centros podrán recibir de sus alumnos o familiares, las correspondientes cantidades, con autorización del ministerio.