Los funcionarios de juzgados podrían emprender medidas de fuerza contra el nuevo equipo del Ministerio de Justicia

Los funcionarios de los juzgados están estudiando la posibilidad de llevar a cabo acciones de fuerza contra el nuevo equipo del Ministerio de Justicia, por considerar que no se está preocupando de los temas conflictivos del sector. En concreto, los funcionarios han expresado en distintas ocasiones su malestar por el hecho de que los nuevos responsables del Ministerio no se hayan planteado, en contacto con sus representantes, la forma en que debe ser aplicado el nuevo horario de la Administración en el caso concreto de la Justicia, al tiempo que desconocen si el nuevo equipo mantendrá los complementos que el anterior Gobierno aprobó y cuya mitad de la cuantía económica habría de abonarse este año.

Los problemas de falta de medios y diálogo entre las partes son, según los funcionarios, los retos más importantes que en la actualidad mantienen. En este sentido, sólo se ha realizado una reunión, de carácter informal, en la que no se llegó a ninguna conclusión sobre los problemas. Asimismo, según parece desprenderse de distintas declaraciones de cargos ministeriales, el Departamento de Justicia ha sufrido una reestructuración interna, en el sentido de que el nuevo director general de Justicia, el magistrado Francisco Huet, no se hará cargo de los problemas de la Administración de Justicia, ya que podrían pasar a depender directamente del subsecretario, Liborio Hierro. Este hecho ha provocado que los distintos problemas heredados por el nuevo equipo queden en un segundo plano, según fuentes próximas al ministro, Fernando Ledesma. Asimismo, el hecho de que gran parte de los nuevos responsables de Justicia sean desconocidos para los sindicatos de funcionarios, ha supuesto, según los distintos sectores relacionados con el tema, un retraso en la toma de posiciones en los despachos de San Bernardo.Fuentes del Ministerio se han referido a la necesidad de mantener los complementos a los sueldos aprobados por el anterior Gobierno, al tiempo que explicaron la actuación del nuevo equipo, en el que "existe una preocupación importante por la marcha de la administración de Justicia, principalmente, en cuanto a medios se refiere".

Reducción del tiempo de prisión preventiva

La actual situación ha llevado a los funcionarios a considerar la posibilidad de realizar acciones para llamar la atención de la opinión pública, ya que "si el anterior equipo no consiguió solucionar los muchos problemas de la Justicia, el actual parece que ni siquiera tiene intención de hablar con nosotros". Así, los funcionarios tienen previstas sendas entrevistas con el Consejo General de Poder Judicial y con los responsables de la Administración pública. En este sentido, un portavoz del Ministerio aseguró que "se están estudiando todos los problemas del Departamento, de cara a iniciar en breve las medidas que se adoptarán en este sentido".Según denuncian los funcionarios, en el Ministerio "están más preocupados por las leyes o por medidas deslumbrantes que por solucionar en la base los problemas de la Justicia". Estas mismas fuentes aseguran que "es ridículo plantearse en estos momentos una serie de medidas sobre los presos preventivos, si, no se arbitran las medidas, principalmente económicas y de personal, necesarias para la agilización de la Justicia. La mayoría de los preventivos que salgan ahora de las cárceles", prosiguen las mismas fuentes, "volverán pronto a ellas, con lo que en los juzgados casi se duplicará el número de procesos en curso".

La medida de excarcelación de los preventivos, de acuerdo con una serie de baremos sobre el delito por él que se les procesa y la pena que pudiera corresponderles, de ser considerados culpables y condenados en el juicio, responde, según fuentes socialistas solventes, al intento del nuevo equipo del Ministerio de Justicia de solucionar, aunque sólo sea en parte, la actual situación de masificación, hacinamiento, delincuencia de las prisiones españolas. La medida alcanzará a cerca de 10.000 presos y se realizará, con toda probabilidad, después de las elecciones municipales de mayo, ya que, según fuentes socialistas, "soltar a tantos presos de un golpe es una medida impopular, que pudiera restar votos al PSOE". Asimismo, la medida no podrá llevarse a cabo, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAIS, más que por el procedimiento de urgencia, si se quiere que entre en vigor la próxima primavera.

En este sentido, diversos sectores de los funcionarios de prisiones han manifestado que las cárceles madrileñas sufrirán una descongestión considerable con la medida, aunque "entendemos que no es ésta la forma de solucionar el problema, ya que los presos preventivos lo que verdaderamente exigen es que se les juzgue pronto y no que se les deje en libertad provisional".

Desconocimiento de los problemas

El problema del nuevo equipo de Justicia radica, al entender de fuentes solventes del Sindicato Libre e Independiente de los Cuerpos de Administración de Justicia, en el hecho de que "los responsables del Ministerio parecen haber sido nombrados más en su calidad de personas de reconocido prestigio en el Consejo General del Poder Judicial -el propio ministro era miembro del Consejo- que como verdaderos conocedores de los problemas diarios y de infraestructura de los juzgados, que, a la larga, son los problemas fundamentales de la mala situación de la Justicia que existe en España".Este problema preocupa considerablemente al Gabinete socialista, como demuestra el hecho de que tanto sectores del PSOE como de los funcionarios estén interesados en una posible futura reunión, en la que tomarían parte el Sindicato de los Cuerpos de la Administración de Justicia y responsables de la Administración Pública, en cuyos nuevos responsables, el ministro Javier Moscoso y el secretario de Estado, Francisco Ramos, los funcionarios de Justicia ven a unos "interlocutores válidos, porque entienden el problema de la Justicia, con la que están relacionados desde hace años. Si estos últimos intentos de negociación no sirven para nada", concluyeron las mismas fuentes, "tendremos que adoptar otras medidas en las asambleas de funcionarios".