Un sacerdote está implicado en el expolio del Museo Diocesano de Solsona
El expolio del Patrimonio Artístico Nacional se ha convertido en los últimos años en un tema polémico. La responsabilidad judicial de estos robos ha recaído hasta ahora sobre quincalleros, gitanos y comerciantes sin escrúpulos. Ahora la Audiencia de Barcelona, en su sentencia sobre el expolio del Museo de Solsona, ha condenado a un total de dieciséis años de prisión a dos anticuarios y, por primera vez, ha ordenado incoar un sumario contra un sacerdote. El canónigo Antoni Llorens Solé, ex director del Museo Diocesano de Solsona, vendió entre 1968 y 1971 obras de arte del citado museo para poder financiar la construcción de un inmueble de su propiedad de catorce viviendas.
El sacerdote aludido cobró también comisiones de los anticuarios que compraban objetos sacros. en las parroquias de la Diócesis de Solsona.
Por estos hechos, la sección primera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó ayer la apertura de una causa criminal contra el sacerdote, por un presunto delito de burto.También ordenó la incoación de una causa criminal contra el promotor urbanístico Francisco Curt Martínez, por un posible delito de receptación.
Un año de caso judicial
Con esta espectacular resolución se cierra un caso judicial que se inició el pasado 16 de diciembre en la Audiencia Provincial de Barcelona, ante la que comparecieron dos anticuarios catalanes, Lorenzo y Fernando Monjo, acusados de un delito continuado de apropiación indebida, al comerciar con obras de arte pertenecientes al Museo Diocesano de Solsona.A lo largo del juicio oral, el fiscal José María Mena reclamó un total de diciséis años para los acusados y pidió que se investigara la conducta del ex director del Museo y del promotor urbanístico Francesc Curt Martínez.
Ayer, los magistrados Manuel Derqui, Adolfo Fernández Oubiña y José Luis Barrera firmaron la sentencia sobre esta causa judicial. En la resolución, los jueces imponen a los dos anticuarios una pena total de diciséis años de prisión por un delito continuado de hurto.
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