Los editores están dispuestos a colaborar en una política coherente de promoción de bibliotecas públicas
Los editores representados en la Federación de Gremios están interesados en una política de dotación de bibliotecas públicas que acerque a España a los niveles europeos, incluso estarían dispuestos a colaborar en un plan de bibliotecas que potenciara centros modestos, cercanos a la vivienda y coordinados con planes de fomento a la lectura, según dijo su presidente, Francisco Pérez González, en la conferencia de Prensa en la que presentaron, ayer, su proyecto por una política del libro. En la reunión se discutieron los principales problemas del sector, como las repercusiones de la protección de la industria papelera y la crisis latinoamericana."El sector editorial espera, ilusionado, con confianza, que el nuevo Gobierno socialista prestará una atención especial a la cultura", dijo ayer, en la presentación a la Prensa de su proyecto Por una política del Libro, el presidente de la Federación de Gremios de Editores, Francisco Pérez González. "Los mayores entre nosotros", seguía, "recuerdan todavía el trabajo en este sentido de gobiernos con ministros socialistas, y en la alternativa de abordar los problemas del sector instalados en la crisis o instalados en la ilusión, hemos elegido esta segunda posibilidad. Por eso", terminaba, "estamos dispuestos a encarar la situación con sacrificios si es necesario".
El resumen de medidas deseables para los editores que ayer llegaba a la Prensa, ha seguido antes toda una historia: primero fue al presidente del nuevo Gobierno, cuando todavía era virtual, y luego al equipo de cultura socialista. En el fondo de todo el programa un espíritu de urgencia: "Habría que pensar en un sistema de promoción cultural al margen de los ortodoxos puros: no queremos un programa ideal para dentro de ocho años. Queremos que se empiecen a fraguar soluciones inmediatas".
La necesidad de una política del Libro se justifica, según los editores, desde dos perspectivas: el libro sigue siendo un vehículo de cultura fundamental en la nuestra, y además, dentro de la economía española, es una fuente de divisas importante y un vehículo de conexión con América Latina. Una política del Libro que se precie debe cubrir los siguientes objetivos: estimular la creación cultural propia; mejorar los hábitos de lectura y la valoración social del libro; afianzar la presencia del libro español en el extranjero, y favorecer el acceso de todos los ciudadanos al libro.
Para ello, los editores apuntan, antes que nada, la necesidad de una política coherente de bibliotecas, que tendría que comenzar por la legislación. Una Ley-marco que potencie el sistema bibliotecario a niveles europeos, mediante conciertos de la Administración central con los diversos organismos autónomos y con entidades privadas, y a partir de ahí, establecer programas de creación y dotación de bibliotecas y de formación del personal para atenderlas.
En cuanto al personal de bibliotecas, cuando alguien citó la el precio de un bibliotecario, los editores sugirieron "la formación de personal capaz de mantener una biblioteca de lectores, además de esos otros, de más alta cualificación, pensados para bibliotecas de investigadores".
En este sentido los editores apuntan la posibilidad de hacer campañas públicas de lectura, en las que se involucraran los grandes medios de comunicación y todo el engranaje del aparato educativo. Apoyarían los editores cualuqier plan conjunto entre los ministerios de Educación y Cultura para el establecimiento de bibliotecas escolares, así como de las de empresa.
Se refirieron también al tema de la desgravación en el impuesto de sociedades, por compra de libros, como sucede con otros instrumentos de trabajo. Un sistema, decían, "a pactar con Hacienda". Y daban los editores algunas medidas concretas: en relación con la creación, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, buscando el equilibrio entre la protección de los autores y el derecho de todos a la cultura, y del Código Penal, en lo que se refiere a la piratería editorial. Supresión de los restos de la censura, y relectura del sistema de premios nacionales, ayudas y becas, especialmente en el establecimiento de un plan de becas de traducción de autores españoles a otras lenguas.
Nueva línea de crédito
Respecto a la edición, proponen mantener las exenciones fiscales y las subvenciones actuales, el establecimiento de una nueva línea de crédito para obras de calidad, y desarrollar una Ley sobre Inversiones Extranjeras, así como el establecimiento de un plan conjunto de aplicación de nuevas tecnologías. Se piden también medidas de apoyo a la difusión y especialmente en el exterior, que pasan por el fortalecimiento de las instituciones, como los Institutos de España y el de Cooperación Iberoamericana, y se pide también la 9iberalización arancelaria del papel para la edición de libros". "Los españoles", decían ayer los editores, "tenemos el privilegio de pagar el papel un 30% más caro que el resto de los del mundo. Queremos que nos quiten ese privilegio". Piden también la liberalización arancelaria de la maquinaria a importar y la asignación de presupuestos para la renovación tecnológica del sector. Todas estas medidas las consideran los editores como capaces de ser aplicadas ya. "En ninguno de estos puntos hay nada que no pueda ser llevado a la realidad", concluía Pérez González.
