El Parlamento polaco estudia la suspensión de la ley marcial y pero los militares mantienen numerosas medidas represivas

ENVIADO ESPECIAL, En dos proyectos de ley presentados ayer al Parlamento polaco (Sejm), en Varsovia, se prevé la suspensión del estado de guerra, pero las autoridades militares se reservan un extenso número de normas legales que les permiten, en cualquier momento, ejercer medidas represivas.

El anuncio que el general Wojciech Jaruzelski hizo el domingo, en la televisión, de que se suspendería la ley marcial en Polonia se concretó ayer con dos proyectos de ley presentados en el SEJM por el presidente del Consejo de Estado, Henryk Jablonski. Cuatro minutos antes de las once de la mañana hizo su entrada en el edificio del SEJM el presidente del Consejo Militar, general Jaruzelski, que con gesto envarado atravesó un pasillo humano formado por las cámaras de las televisiones de varios países.En la sesión del SEJM habló durante algo más de media hora el presidente del Consejo de Estado el jefe del Estado polaco, Henryk Jablonski, que recordó cómo era la situación hace un año, cuando se implantó la ley marcial.

Normalización

Jablonski habló varias veces de nueva etapa en Polonia, de normalización, y expuso los grandes rasgos de las leyes que se someten a la aprobación del SEJM sobre la suspensión del estado de guerra.

Los proyectos de ley prevén la suspensión -no la abolición- del estado de guerra. La abolición definitiva se hará -según los discursos de Jaruzelski, el domingo, y de Jablonski, ayer- "en el momento en que las circunstancias lo permitan", lo antes posible".

Las autoridades polacas conservan las manos libres para reimplantar o abolir la ley marcial, según las necesidades. El Consejo de Estado será el organismo encargado de tomar las medidas de abolición definitiva o de restablecimiento, a propuesta del Consejo de Ministros.

El primer proyecto de ley, "sobre los cambios de la ley de Regulaciones Jurídicas Especiales durante el período del estado de guerra", establece la suspensión de una serie de medidas implantadas el 13,de diciembre de 1981.

Este proyecto de ley prevé la supresión del internamiento, libertad de movimientos, libertad de organizar reuniones, fin de la censura de Correos y teléfonos, derecho de huelga, suspensión de la prohibición de hacer fotos, filmar, etcétera.

Todas estas medidas liberalizadoras quedan reducidas por el segundo proyecto de ley "sobre las regulaciones jurídicas especiales durante el período de suspensión del estado de guerra". Este segundo proyecto contiene una serie de normas especiales para el período de suspensión de la ley marcial que prácticamente deja las manos libres a las autoridades cuando necesiten o crean necesario recurrir a las medidas represivas.

Contrato laboral

En las empresas ahora desmilitarizadas no se podrá denunciar el contrato laboral unilateralmente, sino de mutuo acuerdo con la dirección. El director de la empresa puede, según las necesidades, obligar a trabajar hasta 46 horas semanales.

Las organizaciones suspendidas podrán ser autorizadas de nuevo por el organismo que las suspendió en un plazo máximo de seis meses. Las que han sido disueltas definitivamente (la de periodistas, actores o el sindicato Solidaridad) no resucitarán.

Las personas físicas no podrán todavía disponer de sus cuentas en divisas, bloqueadas hace un año. Si un trabajador participa en una protesta o acción ilegal podrá ser despedido sin previo aviso, y lo mismo se aplicará a los estudiantes, que podrán ser expulsados de la universidad, por esos mismos motivos, sin necesidad de expediente disciplinario.

Una de las disposiciones especialmente ambiguas, que deja gran margen de actuación represiva, es una reforma del Código Penal sobre la propaganda ilegal. El nuevo artículo dice que "quien, con intención de distribuirlo, produce, guarda, lleva consigo o envía escritos, impresos, grabaciones, películas u otros objetos podrá ser condenado a penas entre seis meses y cinco años". Otra norma de gran ambigüedad establece que "quien actúa para provocar desórdenes públicos y excesos podrá ser condenado hasta tres años". Otra norma establece que después de iniciado un procedimiento judicial, el tribunal y el fiscal podrán ordenar que toda la correspondencia y el teléfono del acusado sean controlados durante el tiempo necesario sin que sea necesario advertirle.

Con todas estas disposiciones legales, que el SEJM aprobará con seguridad el próximo día 18, la suspensión de la ley marcial se cumple formalmente, pero las autoridades se reservan una serie de mecanismos que prácticamente reducen a una operación cosmética el anunciado fin del estado de guerra. El régimen polaco no parece decidido a una persecución implacable de la oposición. Con las medidas anunciadas ayer deja abierta la puerta a un retorno a la legalidad a los que hoy día actúan en la clandestinidad, pero, al mismo tiempo, ha dejado claro que no está dispuesto a consentir la vuelta a la actividad sindical independiente en la forma que intenta la oposición.

El portavoz del Gobierno polaco, Jerzy Urban, anunció categóricamente el fin del internamiento y, la puesta en libertad de los internados casi con seguridad antes de las Navidades. Urban dijo que actualmente el número de internados es de unos doscientos, pero también añadió que hay abiertos procesos y algunos pueden pasar de internados a presos casi automáticamente. No hubo forma de que el portavoz precisase quiénes se quedarán en la cárcel, y se limitó a mencionar a los miembros del Comité de Autodefensa Social (KOR), que ya tienen abierto un proceso que se espera se celebre el próximo enero.

Displicencia para Walesa

Urban comentó con displicencia la carta que el presidente del sindicato disuelto Solidaridad dirigió a JaruzeIski. Urban dijo que Walesa es una persona privada y que como tal puede escribir una carta cuando quiera a Jaruzelski. Urban declaró que en la presidencia del Consejo de Ministros hay un departamento encargado de despachar la correspondencia, y en su día se responderá a la carta del señor Walesa, el "ex presidente de un sindicato que ya no existe".

Urban ironizó sobre el hecho de que la carta se hiciese pública en los medios de comunicación occidentales y dijo que suponía que Jaruzelski la habría recibido, "porque confío en que el correo polaco funcione".

El portavoz gubernamental aseguró que no sabe si hay alguna petición para celebrar un acto el próximo día 16 en Gdansk, con motivo del aniversario de los muertos de diciembre de 1970.