El Gobierno estudia un decreto-ley para prorrogar los Presupuestos del Estado hasta mayo o junio

La elaboración de los Presupuestos del Estado para 1983 empezó ayer, con el estudio de un decreto-ley que prorrogará los de 1982 hasta que sean aprobados aquéllos, en mayo o junio. Está previsto que la disposición eleve desde enero las pensiones, los sueldos de los funcionarios y el dinero disponible para inversiones públicas. Por tanto, durante casi un semestre tendrá los mismos efectos monetarios que unos Presupuestos. Pero su virtualidad puede ir más allá de garantizar la actividad del sector público y subir las rentas a cinco millones de pensionistas y millón y medio de funcionarios. Da al Gobierno la posibilidad de reservarse hasta su publicación -la primera semana de enero- el marcar la pauta de la negociación colectiva para 1983.

El estudio del decreto-ley se inició en sesiones mantenidas en el Ministerio de Hacienda, Economía y Comercio, y en la primera reunión de los secretarios de Estado, preparatoria del Consejo de Ministros de mañana miércoles. Ha servido de base el proyecto de presupuestos del anterior Gobierno, que incluía diversas hipótesis para subir las remuneraciones y pensiones: entre el 8% y el 14%, extremos luego cerrados entre el 9% y el 11%. También ha salido a relucir un dictamen sobre la prórroga encargado a la Dirección General de lo Contencioso.Aunque la Constitución y la Ley General Presupuestaria prevén la prórroga inmediata para el año en que no haya sido aprobado el Presupuesto el 1 de enero, los juristas debaten el alcance de la medida. Unos se inclinan por entender prorrogada casi toda la ley presupuestaria del ejercicio anterior y otros sólo los estados numéricos. El debate no fue despejado por la prórroga de principios de 1979, reforzada también por un decreto-ley y que había sido precedida por otras en los tres regímenes anteriores: Restauración, República y 18 de Julio.

Ante este debate y los importantes efectos de la última prórroga, fue encargado el citado informe de la Dirección General de lo Contencioso. En síntesis, ésta ha considerado prorrogados automáticamente los estados numéricos, las normas referidas a la administración de gastos e ingresos y las normas de carácter general que no diga la ley de 1982 que se refieren sólo a un año (entre ellas destacan las normas tributarías y las que fijan las emisiones de deuda pública).

Por el contrario, el dictamen considera que puede ser necesario el decreto-ley para subir las retribuciones, poner otro techo a las inversiones, modificar la cuantía de las emisiones de deuda, cambiar algunas normas de tipo tributario y fiscal, y aclarar, en todo caso, los puntos discutibles. Uno de los más importantes es el de las modificaciones presupuestarias respecto a las previsiones iniciales, que en el capítulo de gastos fueron de 366.000 millones en 1981, 279.000 en 1982 y 237.000 hasta septiembre de 1982.

Según fuentes socialistas, el PSOE decidió inmediatamente después de ganar las elecciones sacar el decreto-ley de prórroga y los primeros responsables de Hacienda han esbozado ya algo su contenido, pero el Gobierno ha dado prioridad hasta ahora a la devaluación y la revisión de los precios energéticos. Sin embargo, se considera necesario atajar cualquier incertidumbre, sobre todo a la vista de que el retraso en la aprobación de créditos extraordinarios por la disolución de las Cortes y el inminente agotamiento del ciclo presupuestario han coincidido con una nueva caída de la inversión privada (para algunos especialistas, del 1,1% en 1981 y del 5% en 1982), pese a que la inversión pública ha crecido en términos nominales más del 40%. y cerca del 30%, respectivamente.

Inversión pública

Junto a la necesidad de seguir cebando la bomba de la inversión desde el sector público, reclamada en las últimas semanas incluso por la patronal CEOE, los sindicatos CC OO y UGT han pedido al Gobierno que haga algunas indicaciones previas a la negociación colectiva para 1983.En concreto, durante su primera reunión conjunta para fijar una plataforma, el pasado viernes, consideraron necesario que antes de fin de año el Gabinete despeje incógnitas sobre incrementos de pensiones, salarios de los funcionarios y salario mínimo interprofesional, además de otras sobre reducción de jornada a cuarenta horas, aumento de las vacaciones y jubilaciones anticipadas.

El Gobierno, a juzgar por las recientes declaraciones de su presidente a EL PAIS, "no querría incidir en la voluntad de los negociadores" de rentas salariales y no salariales, aunque estima justa una distribución de las cargas y entiende que tiene que proporcionar unos datos veraces previos.

No obstante, el deseo gubernamental de que se mantenga el poder adquisitivo del conjunto de la renta salarial, la fijación del 12% como objetivo de inflación para 1983, y el propósito de contener el déficit público y el crecimiento de la deuda pública, limitando a lo imprescindible el recurso al Banco de España para no generar inflación, deja un margen poco superior al 20% en la financiación al sector público.