El Congreso de Economistas pide que se moderen los gastos públicos corrientes
La invitación a que se moderen los gastos públicos corrientes y a que se mantengan los gastos de inversión, junto a la constatación de qué aún queda por realizar un importante proceso de ajuste en la economía española, a diferencia de lo sucedido en países de la misma área, son algunas de las principales conclusiones, del Primer Congreso de Economistas de España, clausurado ayer en Barcelona por el alcalde Pasqual Maragall.
El proceso de ajuste económico que se ha seguido en otros países "no ha alcanzado en el nuestro, ni el rigor ni la amplitud que la gravedad de la situación requería", razón por la que "no podemos demorar más los ajustes que se reclaman desde las diversas parcelas y campos de la actividad económico-social". Esta es una de las principales conclusiones globales adoptadas por la sesión plenaria final del Primer Congreso de Economía y de Economistas de España, que se clausuró ayer en Barcelona.Entre las conclusiones relativas a los asuntos específicos debatidos destaca la relativa al gasto público, en la que se hace una invitación al nuevo Gobierno para lograr su moderación. Esta moderación, en opinión de los mil economistas reunidos durante cuatro días en Barcelona, "debería concentrarse en la parte de los gastos consuntivos, valorándose de forma positiva la continuidad de aquellos que fomentan la inversión". Igualmente, el congreso propugna varias mejoras concretas para los nuevos Presupuestos Generales del Estado: que se incorpore el principio de universalidad, el presupuesto por programas y la contabilidad analítica.
Otros acuerdos del documento final del congreso postulan la difusión de las nuevas tecnologías mediante una acción concertada entre los diversos sectores productivos; el replanteamiento de los procesos de reestructuración industrial en curso sobre la base de una nueva "matriz industrial, guiadora de la estrategia industrial"; la renovación de la economía urbana basada en las "esferas de decisión políticas y económicas descentralizadas y autónomas"; y la necesidad dé "adoptar nuevas medidas de ahorro energético" puesto que nuestra "capacidad de ahorro es todavía muy alta con respecto a los niveles de Europa".
Economistas y Administración
El discurso de clausura corrió a cargo del recientemente elegido alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, quien realizó una verdadera ponencia sobre la función de los economistas en la Administración pública. Dijo Maragall que la formación económica ha ayudado mucho al actual equipo de gobierno municipal "porque losproblemas económicos y financieros de la ciudad eran muy importantes, incluso abrumadores y porque una mentalidad económica no es mala para enfocar este tipo de problemas" puesto que conlleva "una dosis de antidogmatismo que hoy está, presente también en los más lúcidos teóricos del equilibrio general".Tras analizar algunos aspectos concretos de la gestión municipal en los tres últimos años, Maragall manifestó que el papel de los Ayuntamientos puede ser muy positivo, sino para encarar las causas de la crisis éconómica, sí, al menos, para paliar algunos de sus efectos y resumió en cuatro reglas la gestión económica ideal para la Administración local: aumentar la relación inversión/consumo; absorber los défieit presupuestarios, consolidando razonablemente las deudas financieras; reajustar las plantillas sin crear paro, y conseguir un correcto sistema de financiación del gasto corriente.
El ajuste perdido
Previamente, en las últimas sesiones del congreso, el ex-director ejecutivo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Joaquim Muns, había realizado un análisis de la política económica española de 1974 a 1978, en el que sólo salvó el cambio de 1977, pese a que "posiblemente llegó tarde y en un ambiente político que limitó excesivamente y acabó contrarrestando muchos de los planteamientos acertados que tenía".Para Muns, el shock energético de 1973 causó en España un deterioro de la relación real de intercambio, la depresión de la activi,dad productiva, la inflación de precios y el cambio sustancial de los precios relativos. Salvo el cambio de rumbo del 77, "los desaciertos y constantes cambios de política económica en el periodo son de una magnitud suficiente para comprender el prácticamente inexistente grado de ajuste de la economía española", al mencionado shock, tarea que en gran parte queda por emprender, como recogió luego el documento de conclusiones.
En una sugerente exposición sobre la problemática de la empresa pública, la economista Paula Beato llamó la atención sobre dos cuestiones que suelen olvidarse: que estas empresas "operan a menudo en mercados en que los competidores no actúan de forma pasiva, sino que toman decisiones en función de la estrategia adoptada por sus competidores, entre los que se encuentra la empresa pública" y que ésta es una organización compleja "con una estructura interna de incentivos que puede no coincidir con el interés público".
En otra ponencia, debida al profesor Arturo Camilleri, se defendió que la agricultura española "debe seguir una política diversificada", mucho más que la de otros países europeos y que, si no se realizan adaptaciones de las estructuras de explotación, la integración en el Mercado Común acarreará grandes problemas a los agricultores.
